En Michoacán, la pobreza ya es un atenuante para abortar

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En el convulsionado estado de Michoacán, donde 54.4% de la población vive en condición de pobreza, las mujeres ya pueden interrumpir su embarazo cuando su estatus económico les impida ser madres.

El nuevo Código Penal del estado –en vigor desde el 17 de diciembre de 2014– establece como excluyente de la penalidad por aborto que la mujer tenga una “precaria situación económica”.

Según el artículo 146 del Código publicado en el Periódico Oficial del estado, la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye “dentro de las primeras 12 semanas cuando el embarazo sea resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida, o precaria situación económica”.

Tal artículo también establece como causales legales del aborto las malformaciones graves en el feto, peligro de afectación grave a la salud de la mujer, y cuando la interrupción del embarazo “sea resultado de una conducta imprudente de la mujer embarazada”.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2012 un 54.4% del total de la población en Michoacán (2 millones 447 mil personas) se encontraba en pobreza: 39.9% presentaba pobreza “moderada” y 14.4% pobreza extrema.

En ese mismo año, 35.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) eran mujeres, y 64.3% hombres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su más reciente informe, “Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: una nueva metodología”, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identificó que el desarrollo de las michoacanas es desigual entre los municipios y se encuentra por debajo de la media nacional.


De acuerdo con el análisis del PNUD, el Índice de Desarrollo Humano en Michoacán –que sintetiza aspectos sociales y económicos básicos para el desarrollo mediante indicadores de esperanza de vida, logros educacionales e ingresos– osciló entre 0.704 y 0.753, lo que se encuentra por debajo del nivel nacional y se traduce en que las mujeres no cuentan con ingresos suficientes, acceso a servicios de salud y están rezagadas en cuanto al acceso a la educación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.