En esta comunidad rural, localizada a 45 kilómetros al sureste de Hermosillo, cada día hay un antes y un después de las explosiones o voladuras que estremecen el paisaje cerca de las dos de la tarde.
Los estruendos inician con el atemorizante ulular de una sirena nacido en el tajo central de la mina, donde se activan las descargas explosivas que a la postre cimbran la tierra y saturan, por segundos, el espectro de sonido del otrora apacible ejido.
Tras la voladura, que se puede dividir hasta en siete detonaciones diarias, siempre de lunes a viernes entre dos y tres de la tarde, se levantan inmensas columnas de polvo que nacen en las entrañas de esta mina extendida a lo largo de 230 hectáreas.
Y no es todo: para 2016 se proyecta que el filón alcance las 280 hectáreas en un predio superior a las mil hectáreas de superficie.
En La Colorada es común que los habitantes enfermen de las vías respiratorias, desde una crisis asmática hasta enfisema pulmonar.
También son frecuentes entre los mineros las lesiones oculares y lumbares, padecimientos que los trabajadores ocultan porque esto podría causarles el inmediato despido.
A este sigilo se suma la mansedumbre autoimpuesta de los pobladores, quienes se niegan a denunciar los tronidos de la tarde y sus consecuentes afectaciones a la salud. En tanto, quienes se atreven a romper el silencio apenas y son escuchados.
Es el caso de Francisca Amparano, quien lidera un grupo de 120 ciudadanos que redactó el 19 de enero de 2014 una denuncia formal dirigida al alcalde Armando Rodríguez; al encargado de despacho de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Carlos Arias, y al gobernador, el panista Guillermo Padrés.
Los inconformes expusieron en el documento el deterioro que ha sufrido la parroquia, los daños estructurales en las viviendas producto de las detonaciones y los riesgos a la salud que representa esta práctica minera.
“Algunas voladuras son llevaderas, pero como en mi casa se sienten mucho, hasta taquicardia me han provocado”, relata Amparano, quien tiene un hijo que padece alergia al polvo y sufre repentinos ataques de asma.
“De esta situación ya se le informó a la Secretaría de Salud estatal y, la verdad, no sabemos qué se piensa hacer”, lamenta.
La denuncia cumplirá un año este lunes 19, y sólo provocó una breve reunión entre los aludidos, quienes se limitaron a nombrar una cuadrilla para rehabilitar las viviendas dañadas, a las que sólo colocaron una ligera capa de cemento en techos y columnas resquebrajadas.
Sin embargo, sobre las explosiones y los daños a la salud, la minera apostó al olvido y a las amenazas, porque si algún trabajador o sus familiares son sorprendidos quejándose, quedan despedidos en automático.
Priscila Ibarra Becerra, médico pasante y responsable del Centro de Salud Rural, asegura que la principal causa de enfermedades se deriva de las prácticas mineras. El contaminado ambiente impacta en crisis asmáticas, bronquitis y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), agravadas porque la mayoría de los residentes fuma o cocina en estufa de leña.
“No sólo es el polvo que se levanta, también es el sonido y el temblor que hace retumbar el centro del pueblo. Ya por la mañana, como a eso de las seis, se viene una ola, una nube baja de polvo que si se abren las puertas o ventanas se mete a las casas”, cuenta la egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
La población en mayor riesgo, dice, son los niños menores de 10 años y los adultos mayores a 50.
Sueño dorado
La Colorada es un municipio con mil 663 habitantes, de acuerdo con datos del Inegi. Se ubica en el kilómetro 45 de la carretera federal 16 Hermosillo-Tecoripa. Fue fundada en 1741 por jesuitas mineros y revivió en 1895 con la llegada del tren a Sonora durante la dictadura de Porfirio Díaz.
Es un poblado de origen minero y los primeros moradores se asentaron en los cuerpos de agua, donde “lavaban” el oro que era posible encontrar a simple vista en los cauces de los arroyos.
La devastación, en una primera etapa, fue orquestada por los propietarios de la mina El Dorado, que inició operaciones en 1989 y se retiró en 2005. Después arribó minera Pitalla, empresa mexicana con recursos canadienses de la firma metalúrgica Argonauts Gold.
Desde su llegada, el 17 de febrero de 2012, el consorcio logró un permiso de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos que expide la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para almacenar, a sólo 100 metros del pueblo: 30 mil kilogramos de “alto explosivo”, 10 mil kilogramos de “agente explosivo” y 10 mil metros de “cordón detonante”, así como mil metros de “conductores” y 12 mil “iniciadores”.
En promedio se realizan cinco voladuras a la semana, divididas en 30 detonaciones, que al mes suman 120 y al cabo de un año totalizan mil 440. Desde 2012, los residentes de La Colorada han experimentado 4 mil 320 explosiones.
El gerente de mina de Pitalla, Francisco Badilla Peralta, explica que las voladuras “desplazan” el suelo 1.5 centímetros por cada centímetro cuadrado, lo que es “aceptable” porque los estándares internacionales y nacionales permiten el desplazamiento de hasta 6 centímetros por cada centímetro cuadrado.
Pese a ello, existe un centenar de viviendas siniestradas, como la de Jesús Anibal Ruiz Aguilar, quien inhabilitó uno de los cuartos principales de su hogar porque una grieta ancha atraviesa el techo y las columnas.
“Desconfío de la cuadrilla de trabajadores que envió la mina para arreglar los desperfectos, pues son de los que quieren poner un curita donde se requiere cirugía”, acusa.
Aníbal es residente de La Colorada desde 2011, año en el que la minera no estaba en operaciones y “cuando el pueblo todavía era un lugar tranquilo para vivir”.
Otra excepción es la escuela primaria federal “Carmen Preciado de Vázquez”, ubicada a unos cien metros de los límites de la mina, en donde los niños que permanecen en el plantel con el programa de horario extendido se ocultan en uno de los salones durante las detonaciones.
La mayoría se recuesta en el suelo, otros se resguardan bajo las cobijas que utilizan para dormir la siesta y el resto se tapa los oídos con las mochilas o con las palmas de las manos.
“Los vidrios de la escuela se tambalean bien feo… Antes me daba miedo, pero ya me acostumbré”, refiere el pequeño Gustavo, de quinto año.
No es para menos, la mina remueve diariamente 50 mil 659 toneladas de material minado y, en un mes, un millón 144
mil 672 toneladas. Tritura cada 24 horas cerca de 15 mil 966 toneladas de material que será depositado en los patios de lixiviados, donde mediante una solución de cianuro de sodio el oro se separa de los minerales sin valor.
Justo en este proceso se presenta otro factor de riesgo a la salud, pues la maquinaria pesada forma gigantescas pirámides escalonadas que son irrigadas por sistema de aspersión o por goteo con más de 100 mil litros de solución cianurada que, con un ligero viento, se traslada hasta el pueblo.
La doctora Ibarra Becerra indica que una larga exposición a esta fórmula metalúrgica causa fatiga, falta de aire y tos crónica (sin infección), multifactores que al tiempo devienen en cáncer.
Ante esta serie de señalamientos, el gerente general de minera Pitalla, Francisco Abelais, reconoce que esta empresa es el “vecino incómodo” de La Colorada.
“Siempre lo he comentado a la comunidad: Somos el vecino incómodo. Por eso tratamos de minimizar cualquier efecto negativo a la comunidad.
“Sabemos que las voladuras son ruidosas y provocan vibraciones, por tal motivo monitoreamos cómo afectamos a la comunidad”, admite el directivo.
Para este año, añade, se prevén un sinnúmero de inspecciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), motivadas por el accidente registrado el 6 de agosto anterior en la mina Buenavista del Cobre, donde se derramaron 40 millones de litros de metales pesados y lixiviados de cobre sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, calificado como “el desastre ecológico más grande en la historia moderna de la minería”.
Durante la entrevista, Abelais también presume que minera Pitalla espera este año obtener por tercera ocasión consecutiva el distintivo de empresa socialmente responsable (ESR).
Anualmente, asegure, se entrega en beneficios a la comunidad una bolsa de 120 mil dólares que se utilizan para rehabilitar viviendas, otorgar becas estudiantiles e invertir en infraestructura para la primaria local.
Se trata de una cantidad mínima si se compara con las ganancias que obtuvo minera Pitalla en 2014 con la extracción de 40 mil 535 onzas de oro a un precio de 700 dólares por unidad y por la producción de 153 mil 548 onzas de plata con un precio de mercado de 17 dólares, según lo establece el portal canadiense de Argonaut Gold.
De igual forma, el apoyo contrasta con las cifras del Centro de Salud Rural, que atendió a 42 mineros lesionados y donde, en promedio, se expide un reporte médico cada siete días, pues la mina sólo cuenta con una sala de primeros auxilios y los afectados son atendidos en hospitales públicos.
El alcalde de La Colorada, Armando Rodríguez, afirme estar dispuesto a enfrentar al consorcio si lo acompaña al menos un ciudadano.
“No sé lo que pasa, pero cuando los inconformes ven a los directivos mineros o a los gobernantes, el pueblo se queda solo”, justifica.
“Hace falta uno que esté dispuesto a denunciar”, recalca.
“Si alguno de ellos se siente afectado, yo en encabezo esa lucha, pero no me puedo lanzar solo a cerrar la mina
porque si lo logro, al cabo de unos días los mismos inconformes me culparían de clausurar el más grande centro de trabajo del municipio”, comenta.
La falta de iniciativa municipal, las laxas leyes ambientales, las amenazas mineras y el temor ciudadano son parte de un círculo vicioso que únicamente se romperá cuando en La Colorada “sólo queden vivos los fantasmas de la riqueza muerta”, como escribió el uruguayo Eduardo Galeano en su obra Las venas abiertas de América Latina, al referirse a la depredación minera que experimentó San Luis Potosí en el siglo XIX.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
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