El procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó el miércoles: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha presentado su denuncia, en la cual señala y ustedes lo podrán ver en la propia recomendación, una serie de personas que estuvieron involucrados en los hechos. Todos estos servidores públicos son materia de investigación. Alrededor de veinte”.
La recomendación sobre el caso Tlatlaya, emitida por la comisión el pasado 21 de octubre, concluyó que funcionarios, pertenecientes a la Procuraduría de Justicia mexiquense, torturaron a tres testigos para que aceptaran una supuesta culpabilidad, y dijeran que pertenecían a una banda de secuestradores o de la delincuencia organizada, además de que les pidieron que no declararan sobre las ejecuciones que habrían cometido soldados contra los civiles desarmados.
En su recomendación 51/2014, la CNDH señaló que:
“Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este organismo nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de v24 (como identifican a la primera testigo) y v25 (como identifican a la segunda testigo), y los tratos inhumanos en agravio de v23 (como identifican a la tercera testigo), mujeres que estuvieron presente en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación…”.
Y agregó que: “Es muy probable que además de la participación del personal adscrito a la fiscalía regional de Tejupilco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, haya participado personal de la fiscalía de asuntos especiales en Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ya sea a través de los agentes ministeriales o de la policía ministerial. Si bien no se cuenta con elementos para determinar quiénes fueron los servidores públicos que torturaron a las agraviadas, lo que es un hecho es que las agraviadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de Toluca, donde fueron puestas a disposición del fiscal especial de homicidios, y que fue en instalaciones de dicha dependencia de esa ciudad, en donde fueron torturadas y obligadas a declarar contra su voluntad”.
El procurador del Estado de México no dio una fecha para concluir la investigación: “Yo no quiero adelantar una fecha, disculpen ustedes que eso no se puede hacer. Se realizarán todas y cada una de las diligencias que sean necesarias, se practicarán todas las entrevistas que resulten necesarias, para aclarar, todos y cada uno de los puntos igualmente que resulten controvertidos y poder establecer, consecuentemente, si hay una probable responsabilidad de carácter penal y por qué delito, en dado caso”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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