La ola de violencia por el reacomodo de la estructura criminal en diferentes regiones de la entidad se recrudeció en estas últimas dos semanas y coincidió con el cese de las protestas del movimiento social que exigió justicia por el caso Ayotzinapa.
Hace un mes el gobierno federal anunció un despliegue policiaco y militar en la Tierra Caliente, Zona Norte y Acapulco, luego de admitir públicamente que en la entidad existen territorios completos controlados por la delincuencia. Pero las masacres, crímenes y balaceras a plena luz del día continúan en las zonas que, se supone, están bajo control federal.
Reportes oficiales y algunas estadísticas refieren que en la última semana de diciembre hubo al menos ocho ejecuciones en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia y Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente. En Acapulco se reportaron al menos 51 asesinatos en diciembre y tres más el jueves 1.
Ajenos a la dramática situación, funcionarios estatales y políticos locales se han enfocado en promover su imagen rumbo a las elecciones de este año, en un esquema similar al vivido en 2011.
Aquella vez los comicios locales se caracterizaron por que políticos de todos los partidos triangularon posiciones y postularon a candidatos señalados por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Al respecto, el actual gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, ha utilizado actos públicos para hacer llamados a la sociedad a no votar en las próximas elecciones por “políticos delincuentes” y proponer al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, como aspirante a la gubernatura.
A principios de diciembre Ortega destinó 3 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) a la recién conformada Fundación Uagro.
Paradójicamente, el titular de la Sefotur, Sergio Salmerón Manzanares, preside la fundación y recibió los recursos destinados a la promoción turística para utilizarlos en fines ajenos a lo que marca la norma.
El hecho ocurrió el 6 de diciembre durante un acto oficial realizado en un hotel de Acapulco. Nadie cuestionó el posible conflicto de interés frente a la utilización de recursos públicos para beneficiar a una organización que promueve a Javier Saldaña, exjefe del gobernador.
Respecto del caso Ayotzinapa, el gobernador sustituto ha asumido una actitud ambigua:
El 2 de diciembre presentó a Jorge Berrios Flores, de la Policía Preventiva Estatal, como nuevo secretario de Seguridad Pública en Iguala a pesar de que el jefe policiaco se desempeñó como escolta y chofer del exsecretario de Seguridad Pública de ese municipio, Felipe Flores Velázquez, actualmente prófugo de la justicia por su presunta participación en el asesinato de siete personas y la desaparición de los normalistas.
Berrios también estuvo al frente del grupo de la Policía Estatal que asumió el control de la seguridad en Cuetzala del Progreso en 2013, previo a la detención del alcalde perredista Feliciano Álvarez Mesino, preso en una cárcel federal por sus presuntos nexos con La Familia.
Un reporte oficial al que tuvo acceso Proceso indica que Berrios fue uno de los oficiales más cercanos a Flores Velázquez durante la administración de su primo, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez, señalado como responsable del ataque perpetrado por policías y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos contra los normalistas de Ayotzinapa.
A las ocho de la mañana del 29 de diciembre, en las instalaciones de un balneario habilitado como cuartel, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y policías federales detuvieron a 10 policías municipales de Iguala, presumiblemente implicados en la agresión contra los estudiantes. Entre los detenidos se encuentran dos escoltas de Abarca.
A pesar de estos antecedentes, el actual titular de la SSP estatal, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, propuso a Berrios, y el gobernador interino lo avaló.
Operativo Tierra Caliente
El 3 de diciembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció en un acto público en Iguala la puesta en marcha de un operativo policiaco-militar en 36 municipios de Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos.
Dijo que efectivos de la Policía Federal División Gendarmería asumirían el control de las labores de seguridad en Acapulco, donde policías y agentes de tránsito mantienen un paro desde abril porque la mayoría no acreditó los exámenes de confianza y el gobierno municipal no tiene recursos para liquidarlos y darlos de baja.
De esta manera, aseguró Osorio Chong, el gobierno federal pretendía revertir los efectos de la narcoviolencia generada por “la corrupción y debilidad institucional” en Tierra Caliente.
Durante la madrugada del 27 de diciembre, los agentes federales realizaron un operativo en un palenque de Coyuca de Catalán, donde detuvieron a siete personas, entre las cuales estaba Ramiro Montúfar Burgos, supuestamente vinculado con la banda Las Moscas, dirigida por los hermanos Ramiro y Ricardo Torres, quienes son acusados por la PGR de traficar drogas.
El inculpado es hermano de Cuauhtémoc Montúfar, aspirante a la alcaldía de Coyuca de Catalán por el PRD, y primo del subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Erit Montúfar Mendoza.
Tres días después, la Comisión Nacional de Seguridad informó que Montúfar Burgos tiene una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
El reporte refiere que logró escapar un presunto delincuente identificado como Euclides El Quilles Camacho Goicoechea, hermano del exalcalde de Coyuca de Catalán y actual diputado local perredista, Elí Camacho.
Los hermanos Camacho Goicoechea han sido señalados varias veces por sus presuntos nexos con Los Caballeros Templarios. Incluso Elí Camacho públicamente declaró que en su paso por la administración municipal tuvo que pactar con el narco para poder trabajar.
El operativo federal se realizó luego de que el gobernador sustituto inaugurara la 36 Feria del Oro en la cabecera de Coyuca de Catalán, la mañana del 26 de diciembre.
Mientras del otro lado del río Balsas se realizaban las exequias del sacerdote asesinado, Ortega Martínez convivió con políticos supuestamente vinculados con el narco, como el actual diputado federal perredista Catalino Duarte Ortuño, exalcalde de Zirándaro y exdiputado local, primo de María de los Ángeles Pineda Villa.
La historia que no cambia
En el reportaje El de Guerrero, un mapa criminal de todos conocido desde 2011, publicado a principios de noviembre en Proceso (1983), se dio a conocer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional elaboró el diagnóstico Presencia de la delincuencia organizada en Guerrero, que sirvió de pauta a las tropas federales que encabezaron el Operativo Guerrero Seguro.
El documento, entregado a este semanario en octubre de ese año por el entonces gobernador Ángel Aguirre, incluye nombres de las organizaciones criminales y de sus sicarios, así como de su ámbito de operación, pero nadie hizo nada para combatirlos; ni siquiera cuando Aguirre se quejó en abril de 2011 de haber recibido la entidad infiltrada por el narcotráfico (Proceso 1825).
En la región Tierra Caliente, el diagnóstico oficial identifica “una alianza Beltrán Leyva-Zetas, representados por el Cártel del Pacífico Sur (CPS), que dirigen los hermanos J. Cleotilde y Fermín Toribio Rentería, así como por El Quilles Camacho”.
En 2011 La Familia Michoacana tenía presencia en gran parte del territorio guerrerense. Uno de sus operadores era Rodolfo Maldonado Bustos, conocido como José Pineda, considerado el cuarto hombre de importancia del cártel. Originario de Ojo de Agua, municipio de Cutzamala de Pinzón, Maldonado tenía influencia en Huetamo y San Lucas (Michoacán), amén de Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán, Tlapehuala, Tlalchapa y Arcelia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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