Ayer, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue la encargada de enterrar la espada al proyecto Dragon Mart, el cual pretendía ser el más grande distribuidor de mercancías chinas en Latinoamérica.
La dependencia Federal determinó que el predio “El Tucán”, en Quintana Roo -sobre el que se asienta el proyecto- se encuentra en un ecosistema costero, por lo que requiere de autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal y estudios de impacto ambiental.
En conferencia de prensa, el procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, detalló que el proyecto turístico ha devastado 149 hectáreas en Cancún.
Además, no se presentaron los estudios técnicos justificativos para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo, y se afectó vegetación hidrófila de tule, de tasiste, de especies manglares y a especies animales.
Haro Bélchez dijo que a la empresa desarrolladora se la han aplicado multas por 21 millones de pesos por las afectaciones y que se ha presentado denuncia penal ante la PGR por delitos ambientales y violación de uso de suelo.
El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, señaló que dicha medida se tomó tras una larga disputa entre organizaciones ambientalistas, legisladores y autoridades federales, quienes expresaron su preocupación sobre el impacto ambiental negativo de este proyecto.
“El gobierno de la República promueve la inversión sustentable. La que genera desarrollo económico, empleos bien pagados, bienestar a nuestras comunidades y respeto al medio ambiente”, dijo Sánchez.
Sin embargo, pocas horas después del anuncio del Gobierno Federal, el dragón aún parecía vivo.
Juan Carlos López Rodríguez, director y socio comercial de Dragon Mart, dijo que la clausura no significaba la cancelación definitiva del proyecto, pues los procedimientos iniciados por Profepa aún se encuentran pendientes de resolución judicial definitiva.
“Teníamos una suspensión definitiva, pero Profepa argumentó en el juicio que inspeccionaron nuevamente el predio porque se lo ordenó un juez, entonces se sobresee el amparo, entonces la clausura es simplemente una consecuencia de forma, el fondo del asunto sigue en litigio y se llevará por lo menos unos 10 meses más”, indicó López Rodríguez para El Economista.
En respuesta, Haro Bélchez precisó en una entrevista radiofónica que todas las decisiones y actos de la autoridad son impugnables, pero existen las pruebas suficientes para que ningún juez pudiera revocar esta decisión.
Un proyecto que no termina
Anunciado con bombo y platillo desde marzo de 2011, el ambicioso plan para construir el centro de exposiciones estuvo acorralado desde el principio.
El proyecto prometió desarrollar 192 hectáreas. Invertir más de 200 millones de dólares en un conjunto comercial de estilo oriental con pabellones mercantiles sobre una extensión de 120 mil metros cuadrados.
Tendría naves industriales, 3 mil locales y bodegas, además de una zona inmobiliaria de 60 hectáreas con mil 250 casas y conjuntos habitacionales, que darían cobijo a cerca de 3 mil familias que vendrían de China a trabajar en el lugar.
Desde su presentación, organizaciones ecologistas señalaron que el lugar era completamente incompatible con este tipo de mega-proyectos, dado que en los alrededores existen grandes extensiones de arrecife y manglar de gran fragilidad ecológica.
“Consideramos que un proyecto de tal magnitud, que tendrá severas implicaciones sociales, económicas, culturales y ambientales, debe ser evaluado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Federación y también por la Secretaría de Gobernación, pues explícitamente conlleva una inmigración masiva de ciudadanos chinos a territorio nacional”, sentenció la organización ambientalista Voces Unidas de Puerto Morelos.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) también alzó la voz.
“La economía de los casi 5 mil habitantes del poblado de Puerto Morelos y su área de influencia, depende de la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, ya que un alto porcentaje de la población se dedica a la pesca, al turismo y a la investigación sobre el ambiente marino, las cuales están estrechamente influenciadas por la salud del ecosistema”, detalló en un comunicado dado a conocer en diciembre del 2012.
Agregó que aunado a los impactos ecológicos, permitir la construcción del Dragón Mart en Quintana Roo traería consecuencias económicas desastrosas para la industria nacional.
“Sería como ‘darle el tiro de gracia’ a las ya de por sí afectadas industrias mexicanas por la invasión de productos chinos a nuestros mercados”.
Días después, la misma organización denunció haber sido intimidados por la empresa que promueve el proyecto comercial Dragon Mart Cancún para que rectificaran sus declaraciones.
“Dragon Mart busca equivocadamente intimidar a nuestra organización la cual no busca más que la defensa legal de los recursos naturales de México, el respeto al marco jurídico ambiental, la legalidad y el estado de derecho en materia ambiental, así como la protección de los derechos humanos y ambientales consagrados constitucionalmente”, declaró Gustavo Alanís Ortega, director general del Cemda.
El dragón desleal
Pero el Dragon Mart no solo incomodó a los ambientalista, los empresarios también se sumaron a la oleada de
En abril del 2014, la revista Forbes publicó un comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en el que se advertía que el megaproyecto representaba una amenaza para el empleo en México.
“La mayoría de productos que llegan de China están subsidiados, contienen una baja calidad y un alto grado de margen de dumping que les permite reexportarlas, lo que se traduciría en una triangulación arancelaria”, detalló la Canacintra.
Destacó que era preocupante que un proyecto de este tipo se instalara en el país más aún cuando la balanza comercial está inclinada hacia ellos.
Además, solicitó a la Secretaría de Economía una revisión sobre los efectos económicos que el proyecto Dragon Mart traería consigo al comercio mexicano.
El monstruo chino
>> 2007
El exgobernador Félix González Canto expropia los terrenos -propiedad del gobierno de Quintana Roo- y los vende al proyecto.
>> 22 de marzo de 2011
Félix González Canto y el presidente de Chinamex y Dragon Mart Cancún, Hao Feng firman el acuerdo legal para la instalación del proyecto.
>> 18 de diciembre de 2012
Empresarios piden la revisión exhaustiva de los permisos para la instalación del complejo comercial Dragon Mart en Cancún. En un comunicado se oponen firmemente a las prácticas desleales de comercio.
>> 23 de abril 2013
Julián Ricalde Magaña, presidente municipal de Cancún, anuncia que le fue negada la licencia de construcción al proyecto Dragon Mart Cancún.
>> 28 de agosto de 2013
El megaproyecto de inversión chino-mexicano Dragon Mart Cancún recibe la autorización definitiva para iniciar su construcción.
>> 23 de enero 2014
Inicia la construcción del complejo y la venta de locales pese a no tener los permisos federales.
>> 21 de abril 2014
El Senado de la República solicitó a la Semarnat determinar el procedimiento para evaluar el impacto ambiental que tendría en Cancún el proyecto.
>> 14 de mayo de 2014
La Profepa determina que el centro comercial Dragon Mart debe cumplir con la normatividad federal vigente, debido a que el terreno donde se construye pertenece a su jurisdicción.
>> 15 de agosto de 2014
La Profepa multa al proyecto Dragon Mart con 7 millones 233 mil pesos por carecer de autorización de impacto ambiental y dañar ecosistemas costeros.
>> 12 de septiembre de 2014
La Profepa impune una nueva multa en materia forestal por 2 millones 758 mil 890 pesos, y la aplicación de medidas de remediación y restauración por 11 millones 888 mil 951 pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
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