Sin embargo, la primera gran interrogante es si será posible celebrar comicios en Guerrero y Michoacán, ya que por lo pronto el Instituto Nacional Electoral pospuso los exámenes para seleccionar capacitadores-asistentes electorales en dos distritos de la primera entidad.
También está programada la renovación de Congresos y ayuntamientos en el Estado de México y Jalisco, las otras dos entidades donde las propuestas de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto contemplaban la inmediata desaparición de las policías municipales y la creación de policías estatales únicas, en lo que no se ha podido avanzar. Así, cuatro de los 17 estados son considerados por el mismo gobierno federal como los más inseguros y, por lo tanto, intenta que sean de los primeros donde se aplican las medidas anunciadas.
Aunque el debate en torno a la realización de los comicios pretende centrarse sólo en la posibilidad material que tienen las autoridades electorales de realizar sus labores de capacitación y organización, en realidad ese es únicamente uno de los inconvenientes que se enfrentan (Proceso 1990), pues el crimen organizado afecta la postulación de candidatos, el desarrollo de las campañas y la libertad del sufragio, entre otros de los ámbitos en los que impacta.
Así, puede afirmarse que en los dos estados (Guerrero y Michoacán) donde hay gobernadores interinos está en riesgo la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los ayuntamientos; y, en otros dos (Edomex y Jalisco), de Poder Legislativo y ayuntamientos. Pero, desde luego, los eventuales inconvenientes que se enfrenten en dichas entidades pueden afectar de manera sensible la composición de la Cámara de Diputados, pues en las mismas se encuentran concentrados casi 22 millones de ciudadanos, distribuidos en 80 distritos electorales, es decir, poco más de la cuarta parte de los alrededor de 82 millones de electores en la lista nominal y de los 300 distritos uninominales.
También es difícil aventurarse a predecir resultados debido a la volatilidad del voto entre partidos y el gran descontento existente en general con éstos y los actores políticos. De los nueve estados donde se elegirán gobernadores, únicamente en dos (Campeche y Colima) no ha habido alternancia; en cinco (Baja California Sur, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí) se ha producido una doble alternancia, incluyendo BCS, que ha sido gobernada por PRI, PRD y PAN, éste actualmente en el poder; y en otros dos (Sonora y Guerrero) sólo se ha dado una alternancia. En estos momentos el PAN es gobierno en dos (Baja California Sur y Sonora); el PRD, en uno (Guerrero), y el PRI, en los restantes seis.
Todo indica que en dos entidades la preferencia electoral se repartirá entre las tres principales fuerzas políticas (Baja California Sur y Michoacán); en una, entre PRI y PRD (Guerrero); y en las restantes seis, entre PRI y PAN. Es muy probable que el PRD no obtenga el triunfo en ninguna de las gubernaturas, pues en Michoacán sufrirá las consecuencias de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, y en Guerrero, las derivadas de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; mientras tanto, en el escenario ideal para cada uno de ellos, el PAN puede ganar hasta seis gubernaturas, y el PRI se puede llevar hasta las nueve.
A nivel de la Cámara de Diputados es prácticamente un hecho que, como ha sucedido en los últimos tres sexenios (Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón), el partido del presidente pierda una porcentaje de votación y, por lo tanto, curules; y todo indica que el principal beneficiario de la votación que pierda el tricolor resultará ser el naciente partido político de Andrés Manuel López Obrador, Morena, que de acuerdo a las encuestas del periódico Reforma puede convertirse en la primera fuerza electoral en el Distrito Federal.
La mayor caída sufrida por una fuerza política de la elección presidencial a la intermedia se dio en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando el PRI perdió más de 12 puntos porcentuales de la votación, entre 1994 y 1997, en gran parte producto de la crisis económica y el alza de 5 puntos porcentuales en el IVA; en la administración de Fox, la caída del PAN fue de 8 puntos porcentuales, mismos que se distribuyeron entre el PRI y el PRD. En contrapartida, la mayor ganancia de un partido de oposición se verificó durante el sexenio de Calderón, cuando el PRI y el PVEM crecieron más de 15 puntos porcentuales, lo que les permitió contar entre los dos con 266 legisladores que les aseguraron el control de dicha Cámara.
En la elección de 2012 el PRI obtuvo 33.6% de los sufragios y el PVEM 6.4%, con los que lograron 212 y 29 diputados respectivamente, es decir, menos de los que alcanzaron en la anterior legislatura, pero hacen la mayoría con los 10 del Partido Nueva Alianza, así que no tiene mucho margen para perder curules si quiere conservar la mayoría en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los escándalos de las propiedades que el Grupo Higa vendió en condiciones muy favorables a la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, y al secretario de Hacienda Luis Videgaray, de inmediato impactaron la aprobación de la gestión presidencial, que se encuentra en los niveles más bajos desde el inicio de su administración, con un porcentaje de desaprobación de 58%, de acuerdo con una encuesta de Reforma con motivo de su segundo año de gobierno; y de aprobación, de apenas 39%.
En estas condiciones, no sorprendería que el PRI alcance un mínimo histórico (hasta el momento su porcentaje más bajo de votación en las elecciones de diputados fue en 2006, de 29%); y que, a pesar de todo, la izquierda en su conjunto (PRD, Morena, PT y MC) se mantenga alrededor de 30% que alcanzó en los comicios de 1997, 2006 y 2012, aunque no necesariamente los cuatro conserven el registro, y con una caída muy importante del PRD y una exitosa primera participación de Morena. El PAN, aun con los conflictos internos y sus escándalos de corrupción, debe también rondar el 30%; más difícil resulta saber si el PVEM logrará mantenerse arriba del 6% (2009 y 2012) y si Nueva Alianza y los partidos de reciente creación (Humanista y Encuentro Social) consiguen el 3% necesario para mantener su registro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
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