En un comunicado en vísperas del escrutinio de México por parte de expertos independientes de ONU, las organizaciones resaltaron que la revisión en el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) ocurre en momentos en que las cifras oficiales hablan de más de 23 mil desapariciones hasta 2014, y con sólo seis sentencias condenatorias por casos de desaparición forzada.
Para las agrupaciones el hecho de que sólo existan seis sentencias por desaparición forzada, “continúa generando la comisión impune, generalizada y sistemática de las graves violaciones a derechos humanos”.
Luego de explicar que en la sede de la ONU, en Ginebra, México será examinado “sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, las ONG recordaron que el Estado mexicano llega al CED con un largo historial de uso de la desaparición forzada durante la guerra sucia, “cuya impunidad persistente” hizo posible los miles de casos de personas sin localizar.
También señalaron que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, “ha puesto en evidencia el actuar del Estado al violar derechos fundamentales para luego incumplir con su obligación de búsqueda e investigación adecuadas que conduzcan al paradero de los estudiantes y permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a los responsables y brindar la reparación adecuada y proporcional por los trágicos hechos”.
A cuatro años de que fue ratificada la Convención Internacional, las agrupaciones destacaron que la actuación del Estado mexicano frente al CED se ha distinguido por “la falta de transparencia e información adecuada”, pese al grave contexto en el que se encuentra el país respecto de las desapariciones.
Además, recordaron que México presentó con retraso de dos años el primer informe a la CED, que debió entregarse en diciembre de 2012 pero que fue canalizado hasta marzo de 2014, año en el que rechazó la propuesta del Comité para visitar el país.
De acuerdo con las ONG, el Estado mexicano “demoró y limitó su contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité, omitiendo abordar cuestiones más críticas, el número real de personas desaparecidas, así como la actuación y respuesta frente a casos emblemáticos como el de Ayotzinapa”.
Hasta ahora México se ha negado a reconocer la competencia del CED para recibir quejas individuales e interestatales de casos de desaparición forzada, lo que “limita seriamente los derechos humanos de las víctimas a acceder a instancias internacionales que puedan garantizar su derechos”.
Luego de recordar que la Cancillería no dio respuesta a un grupo de organizaciones que solicitaban una reunión para abordar el punto anterior, las ONG puntualizaron que en las sesiones en que se revisará el cumplimiento de la Convención Internacional, el CED sostendrá un diálogo público con representantes del Estado mexicano, se reunirá con grupos y víctimas “para finalmente adoptar conclusiones y recomendaciones, mismas que se harán públicas el 13 de febrero”.
En el comunicado, las ONG y familiares de personas desaparecidas que participarán en la sesiones del CED coincidieron en la exigencia de que “en México ninguna persona vuelva a desaparecer, además de que se esclarezca la historia de decenas de miles de personas cuyo paradero se desconoce”, así como se alcancen los objetivos de “verdad, justicia y reparación”.
El documento fue firmado por 15 agrupaciones, entre ellas la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México, los centros de derechos humanos de las Mujeres, Juan Geraldi, Miguel Agustín Pro, Tlachinollan, Paso del Norte y Fray Juan de Larios.
También asistirán a las sesiones representantes de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundación Diego Lucero, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar, Centro de Análisis e Investigación e HIJOS México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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