Aun cuando las indagatorias se han concentrado directamente con Murillo Karam, y ha habido mesas de trabajo con agentes del Ministerio Público (MP), aún no se sabe siquiera el número de estudiantes, de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, que acudieron a la movilización el 26 de septiembre del pasado año, y que fueron atacados por policías municipales de Iguala y de la comunidad de Cocula.
Por otra parte las investigaciones han dado como resultado la detención de 80 personas, una de ellas el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, quien estaba al frente del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en ese municipio.
Entre las pruebas recabadas por la PGR se encuentra una grabación, del día de la desaparición, donde se escucha al ex alcalde dar la orden de detener a los normalistas “como fuera”, sin embargo esta frase no se puede considerar una orden de ejecución en términos legales, mencionaron los colaboradores del procurador.
En función de eso se buscó indagar más de lo que había ocurrido esa noche y, con ese fin, se interrogó a la esposa del ex alcalde.
Lo único que ha podido obtenerse de dichas indagatorias es la acusación, por parte de la PGR, de José Luis Abarca y su esposa como autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, pero hace falta que se acredite que no sólo fueron detenidos, como dijo el ex alcalde, sino que fueron agredidos a tiros y posteriormente entregados a guerreros unidos, aun cuando hay testimonios que comprueban estos hechos para la PGR tampoco significan pruebas suficientes y para el procurador sólo ocasionan “cansancios”.
Los funcionarios continuaron explicando que para la indagatoria de desaparición forzada aún se carece de elementos, tales como; quién y en qué momento ordenó que los policías dispararan contra los estudiantes, el momento en que el ex alcalde y su esposa acordaron con el jefe de la policía de Iguala, y los líderes de guerreros unidos, que asesinaran a los normalistas. Hasta ahora los testimonios sólo indican que El Gil (mismo que no ha sido detenido) pidió autorización al supuesto líder del grupo, Sidronio Casarrubias, haciéndole creer que los normalistas pertenecían a otro grupo criminal, aun cuando otros participantes han declarado que las victimas decían que eran estudiantes.
Por si fuera poco la indagatoria tampoco ha esclarecido si todos los normalistas desaparecidos fueron llevados a la zona del basurero de Cocula. Por lo tanto se seguirá esperando que, ante la maleable ley mexicana, aparezcan pruebas aún más contundentes.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
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