En dicho proceso, ventilado en el expediente CG DGAJR DRS 00243/2011, el entonces contador mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), solicitó se iniciara procedimiento administrativo en contra de un grupo de funcionarios de la Secretaría de Obras, a los que se les acusó de diversas irregularidades que presuntamente fueron cometidas desde el 2008, fecha en que se entregó el millonario contrato para la construcción de Línea 12.
En la lista de los exservidores públicos cuestionados aparecen: Pedro Servando Delgado Gamboa, Sotero Díaz Silva, José Pascual Pérez Santoyo, Fermín Salazar Hernández, Fernando Arturo Taboada, Gustavo Cruz Villa Franco, Héctor David Martínez, Enrique Baker Díaz, Carlos Raúl Cruz Neri y Carlos García Rayón, todos adscritos a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (Sobse).
Todos fueron llamados a rendir cuentas por hechos del 2008 posiblemente constitutivos de delito, que se desprendieron de la auditoría a la obra pública AOPE/104/08, practicada a la Sobse en tiempos de Marcelo Ebrard al frente del Gobierno del DF.
Aunque a cada uno de estos exservidores públicos se les atribuyeron conductas anómalas especificas, el tema que se ventiló en general fue que durante la licitación pública internacional para adjudicar el Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado, y que se entregó a ICA-Carso y Alstom por un monto de 19 millones 538 mil 500 pesos, no garantizaron a la administración pública del DF que fuera el que ofreciera las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias.
Según la acusación, se “debió contar con un presupuesto de referencia de la obra pública por contratar”, “omitiendo presentar la documentación suficiente y fehaciente que acredite que dicho importe es el costo real correspondiente a los trabajos comprendidos para el Proyecto Integral de construcción de la Línea 12”.
Irregularidad probada… y no hay sanción
Una vez que la dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General inició el procedimiento administrativo, y este grupo de empleados del DF fueron llamados a cuentas, todos recurrieron a la estrategia jurídica de argumentar la prescripción.
Pedro Servando Delgado Gamboa, uno de los personajes clave de la construcción de la Línea 12, alegó lo siguiente:
“Como se puede alegar el último evento ocurrió el 17 de junio de 2008, por lo que han transcurrido 3 años y 261 días a la fecha de la notificación, es decir MÁS DE TRES AÑOS y por lo tanto han prescrito las facultades sancionadoras de la autoridad en el presente procedimiento administrativo”.
La Contraloría lo reconoció, y aunque se acreditó que Pedro Servando Delgado Gamboa incurrió en dos de las irregularidades que se le imputan, prescribieron las facultades de la Dirección de Responsabilidades para sancionar al ciudadano.
Al respeto, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (a la que se acogió este grupo de funcionarios), en su artículo 78 estipula que las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el DF.
En caso de que exceda el plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado.
Otro de los casos es el de José Pascual Pérez Santoyo. Al desempeñarse como subdirector de Concursos y Contratos de la Dirección General de Obras para el Transporte omitió revisar la documentación soporte, y pese a ello los aprobó y autorizó aún cuando no se especificaba quién los había elaborado.
“Tampoco presentó documentación soporte que justifique por qué en dicha actualización del presupuesto de referencia se aplicaron diferentes criterios para la actualización de los costos tanto para la obra civil, relacionada con la construcción del cajón en los intertramos y las estaciones, como para las instalaciones, equipos y sistemas; ni presentaron documentación soporte que justifique la aplicación de dos tipos de paridades peso-dólar americano (8.00 y 11.00) utilizadas para la actualización de costos”.
Igual que su compañero Delgado, este exservidor se cobijó con el recurso de prescripción.
Así ocurrió con el resto, la Contraloría General admitió que por estos hechos relacionados con el millonario contrato de construcción, no podía fincar responsabilidad por haber transcurrido mucho tiempo.
Con el tiempo a favor
La resolución de este caso, emitida el pasado septiembre del 2014, es ejemplo de que más allá de las estridentes multas y de las inhabilitaciones anunciadas por el excontralor Hiram Almeida, hoy secretario de Seguridad Pública del DF, la última palabra no se ha dicho.
El tiempo, juega a favor de muchos de los colaboradores del ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, quienes al paso de los años ven diluida la posibilidad de enfrentar cargos serios por las irregularidades cometidas durante su participación en la Línea Dorada. La obra que, más allá de los escándalos, sigue parcialmente inhabilitada.
Cuestionados y perdonados
Personal de la Secretaría de Obras y Servicios del DF señalados de irregularidades en el proceso de Línea 12:
> Pedro Servando Delgado Gamboa
> Sotero Díaz Silva
> José Pascual Pérez Santoyo
> Fermín Salazar Hernández
> Fernando Arturo Taboada
> Gustavo Cruz Villa Franco
> Héctor David Martínez
> Enrique Baker Díaz
> Carlos Raúl Cruz Neri
> Carlos García Rayón
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
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