A partir de febrero próximo, fecha en que inicia el periodo ordinario de sesiones, la oposición en el Senado de la República retomará la denuncia presentada por el activista Jaime García Chávez, quien se encargó de documentar una serie de irregularidades financieras en Chihuahua que benefician a Duarte Jáquez, a su cónyuge Bertha Olga Gómez Fong y a otras personas asociadas al Gobernador, como su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral.
En la denuncia presentada ante la PGR y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana se describe que el Gobernador priista, funcionarios de la administración estatal y otros con carácter de prestanombres que han participado en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V. cuya autorización está en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Allí se describe una “maquinación delictiva, bajo el diseño de actos jurídicos de aparente legalidad” con el único propósito de buscar el beneficio económico de César Horacio Duarte, quien ha asumido los roles de Gobernador y socio de la empresa bancaria mencionada.
“Con un evidente conflicto de intereses en razón de las decisiones de carácter financiero que como Gobernador tomó en beneficio de las instituciones financieras que se fusionaron y por ende en el suyo propio así como de sus allegados y cómplices, que ahora son socios del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V.”
BAJAR LA DENUNCIA AQUÍ: DENUNCIA CONTRA CÉSAR DUARTE
Entrevistado por Sin Embargo, Francisco Barrio Terrazas, quien fuera Gobernador de Chihuahua de 1992 a 1998 bajo las siglas del PAN, explicó que lo notable de esta denuncia a diferencia de otras investigaciones periodísticas o ciudadanas es que por primera vez se cuenta con pruebas bien documentadas.
En esta ocasión tanto el Gobernador como su esposa firmaron los documentos que dan origen a una empresa privada posiblemente financiada con recursos públicos.
“Aquí lo sorprendente es que esté la firma de él y de su esposa en un documento que los involucra directamente”, afirmó el ex mandatario.
“La única explicación que yo encuentro es que [Duarte] ha ejercido el poder de una manera tan absoluta (en Chihuahua ha desaparecido cualquier rastro de oposición a un punto en donde prácticamente él hace y deshace) que eso mismo lo ha llevado a estos extremos de confiarse, de dejar de tomar todas estas precauciones pensando en que no le puede pasar nada”, dijo Barrio Terrazas.
“Veo allí cierta soberbia de sentirse por encima de la ley, intocable”, remarcó.
Por otra parte, el Senador Javier Corral Jurado, del PAN, recordó que la solicitud formal de exhortar a la PGR a investigar al Gobernador César Duarte se encuentra en estudio en comisiones del Senado.
El legislador por Chihuahua adelantó que un total de 66 legisladores (poco más del 50 por ciento que integra la Cámara Alta) están dispuestos a exigir a la PGR que investigue el presunto enriquecimiento ilícito del mandatario priista, a partir de febrero próximo fecha en que arranquen las labores del periodo ordinario de sesiones.
Asimismo las diputadas federales Rocío Reza Gallegos, de Acción Nacional, y Luisa María Alcalde, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron que presentarán un recurso similar en la Cámara de Diputados para instar a las autoridades competentes a investigar las finanzas del Gobernador.
DUARTE Y SU ESPOSA FIRMAN FIDEICOMISO
En la denuncia interpuesta ante la PGR se especifica que César Horacio Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong firmaron el Contrato de Fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el Notario Público No. 6, en noviembre del 2012.
En ese contrato, Duarte Jáquez y Gómez Fong aportaron sesenta y cinco millones de pesos con el objeto de que la Fiduciaria (Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte) realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua.
Al firmar el texto los fiduciarios manifestaron bajo protesta de decir verdad, que los recursos aportados fueron de procedencia lícita y actividades propias de ellos.
Este es el primer aspecto que motivó la sospecha ciudadana. Aunque se desconoce cuál era el patrimonio del mandatario priista antes de iniciar su función gubernamental, el demandante consideró que tanto Duarte como su esposa carecen de recursos para aportar de su propio bolsillo 65 millones de pesos.
Por lo que supone que la creación del Banco Progreso de Chihuahua se realizó con recursos económicos de procedencia ilícita o con recursos del erario de la entidad
Las actividades anteriores e inmediatas que se le conocen a Duarte es como vendedor de autos usados, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Diputado local y Diputado federal en dos ocasiones.
“Si bien es cierto la constitución del fideicomiso en cuestión, aparenta ser una operación legítima, por otra, ante el desconocimiento del patrimonio de los fideicomitentes existente antes del inicio del cargo de Gobernador en atención a lo antes dicho y al hecho de que los ingresos que como Gobernador obtiene César Horacio Duarte Jáquez, según el portal de transparencia son del orden de $120,245.00 mensuales”, se lee en la denuncia penal.
Salario que no le permitiría reunir la cantidad de 65 millones de pesos para adquirir el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso.
Asimismo, se configura otro presunto delito por parte del Gobernador priista, ya que al realizar labores públicas a favor del Banco del que es accionista junto con la señora Bertha Olga Gómez Fong, proporciona un beneficio económico para sí mismo y para su esposa.
“Al proporcionarle beneficio económico a su consorte Bertha Olga Gómez Fong también socia de la institución, por tanto, con las consecuencias benéficas, pero ilegales, mencionadas, con ello tenemos la comisión de dos delitos realizados con la celebración de un acto jurídico correspondiente al ámbito de las decisiones financieras del Estado”, se lee en el documento.
El activista Jaime García Chávez consideró que la PGR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) deben investigar la procedencia y origen de las cantidades depositadas en el fideicomiso.
“Cuyo análisis con toda seguridad […] confirmará que la cantidad que César Horacio Duarte Jáquez invirtió en el fideicomiso es producto de actos de corrupción”.
El enriquecimiento ilícito es sancionado por el Código Penal Federal en su artículo 224 que dispone que:
“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: David Martínez Huerta.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-01-2015/1222630.
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