Lo anterior según las reglas de operación del Programa Temporal de Regularización Migratoria que comenzó este 13 de enero y que estará vigente hasta el próximo 18 de diciembre de 2015; y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Gobernación.
El objetivo de este Programa es que el Instituto Nacional de Migración (INM) cuente con herramientas para regularizar la situación migratoria de personas extranjeras que estén en México y deseen residir “de forma temporal” en el país.
Sin embargo, para el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria ⎯integrado por al menos 15 organizaciones civiles⎯ este Programa es “poco accesible para personas migrantes”, la población objetivo del mismo.
Para empezar, los beneficiaros son sólo aquellos que ingresaron al país antes del 9 de noviembre de 2012, quienes deberán seguir un trámite de al menos dos fases en el que primero podrán regularizarse y después obtener un permiso de empleo temporal vigente sólo por cuatro años.
Los migrantes que decidan inscribirse en el programa deben asegurar que su estancia en México sólo será temporal y mientras realizan el trámite no podrán trabajar. En caso de ser rechazados, el gobierno federal les da 30 días para abandonar el país.
Para iniciar el trámite se deberá hacer un pago de 1,124 pesos por los derechos de recepción y estudio de la solicitud. Una vez que ésta fue aceptada se deberán pagar 7,914 pesos más por la expedición de la tarjeta de residencia temporal.
Después de eso, el trámite del permiso temporal de empleo tiene un costo de 2,642 pesos; por lo que, en total, la persona migrante pagará 11,680 pesos si desea regularizar su situación y que el gobierno federal avale que pueda trabajar por un periodo de cuatro años.
Lo anterior, según las organizaciones civiles, es un obstáculo más para la mayoría de los migrantes en México que carecen de recursos económicos y que dejan todo en sus países de origen.
Las reglas expedidas por la Segob indican que un extranjero no podrá regularizar su situación si tiene otro trámite migratorio pendiente, está sujeto a un procedimiento de retorno asistido o deportación, proporcionó información falsa ante el INM o documentación apócrifa, ya ha sido deportado y tiene una restricción de ingreso; es sujeto de algún proceso penal, cuando su estancia comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública “por sus antecedentes en México o en el extranjero”, o incumplió una orden de salida del país.
Las autoridades mexicanas también exigirán una identificación vigente con fotografía que puede ser el pasaporte, un documento de viaje, alguno expedido por autoridades del país de origen, o constancias consulares.
Pero además se deberá demostrar la residencia en México antes del 9 de noviembre de 2012, fecha límite de ingreso al país para aplicar al programa.
Lo anterior podrá comprobarse con boletos de avión, el sello en el pasaporte, recibos de luz, agua, teléfono, un contrato de arrendamiento, un expediente clínico o un documento con dos testigos que manifiesten conocer a la persona extranjera. Asimismo, se requieren comprobantes de domicilio en México.
Las reglas de este Programa de Regularización indican que ninguna persona podrá ser detenida por autoridades migratorias mientras solicita su inscripción o realiza el trámite para modificar su estatus irregular ante el Estado mexicano.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, con este programa se puede beneficiar a por lo menos 30 mil migrantes que entraron a México antes de noviembre de 2012 y que permanecen en situación irregular.
El Estado mexicano insiste en que se busca crear “regímenes migratorios legales, seguros y ordenados” mientras se diseñan programas que atiendan a grupos vulnerables de migrantes.
Pero el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria insiste en que éste no es un Programa que atienda la situación de los migrantes que están en México y que buscan opciones para trabajar y permanecer legalmente en el país; además de que con este trámite no se les ofrece una solución para regularizar su estatus tomando en cuenta que son un grupo vulnerable con severas carencias.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
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