“El Presidente no nos quiere hacer caso, piensa que ya se cerró el asunto. Nosotros vamos a seguirle hasta sus últimas consecuencias, y hacemos responsables al presidente Enrique Peña Nieto y a Rogelio Ortega (gobernador interino) de todo lo que nos pase y a todos los funcionarios y políticos que no hacen nada. Están para proteger al pueblo, no para joderlo porque él es el que les está pagando”, dice en entrevista María Inés Abraham Gaspar, tía de Adán Abraham de la Cruz, de 24 años de edad, uno de los 42 normalistas desaparecidos.
Ayer a las 11 de la mañana, un grupo de familiares y normalistas en el que participaron al menos 25 mujeres (entre madres, tías y abuelas de los jóvenes desaparecidos) salió en camiones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, rumbo al cuartel militar del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
María Inés cuenta que las familias sólo traían consigo retratos de los estudiantes. “Fuimos porque supimos que los militares tenían a los jóvenes, a los desaparecidos”.
El propósito del viaje era realizar un mitin pacífico para exigir que el cuartel abriera sus puertas a las familias. “Nosotros íbamos en son de paz para que nos dieran permiso de que revisáramos si los tenían o no, pero íbamos furiosos porque el gobierno ya no está buscando a los chamacos”, explica la mujer que acompaña la lucha de su hermano Bernabé Abrajam Gaspar, padre de Adán.
Al llegar al cuartel –alrededor de la una de la tarde–, decenas de militares ya estaban esperando a las familias y estudiantes con equipos antimotines. “Estaban todos juntos y tenían vallas para que no pasáramos”, refiere Inés.
Las familias extendieron sus retratos impresos en lona blanca e iniciaron la protesta por la aparición con vida de los normalistas. Al finalizar el mitin, las madres y padres pidieron entrar al cuartel.
Pero en respuesta fueron agredidos por los militares con gas lacrimógeno y piedras. “Ellos empezaron, nos dieron empujones y no nos dejaron entrar”, asegura.
Y sigue su relato:
“Estábamos enojados, quitamos el alambre de púas y otros empujaron con el carro contra las puertas del cuartel”.
En medio del enfrentamiento, Inés vio la mano de un elemento del Ejército en el momento en el que lanzó una piedra contra uno de los padres.
“Por eso me metí al cuartel; iba tras el militar que le pegó a un padre de familia. Ya estaba enojada, por eso me metí a hablar con él (el militar), pero se escondió”.
Inés estuvo dentro del cuartel casi media hora. Junto a ella estaba un reportero. Tres militares que la vigilaban le dijeron que se metiera a uno de los cuartos que estaban al interior, pero ella se negó porque pensó que después ya no podría salir.
Los militares permitieron que el reportero saliera, pero a ella le dijeron que se quedaría detenida porque había ido con los padres de familia y la iban a investigar.
Inés explicó a los elementos castrenses que entró porque uno de los militares golpeó a un padre de familia y que ella se metió a buscarlo porque él no dio la cara. “Mi idea era quedarme dentro a ver si me encerraban donde estaban los chamacos, porque si uno tiene miedo más la agreden”, añade la mujer de 47 años.
Los militares siguieron intimidando a Inés hasta que otro elemento se acercó a ella y la dejó salir. Una vez afuera, descubrió que las otras mujeres también tenían algunas lesiones en los brazos provocadas por pedazos de vidrio.
Tras las agresiones, las familias y los estudiantes abordaron sus camiones y regresaron a la Normal para recibir atención médica.
Inés detalla que pedirán que el gobierno federal firme un oficio para permitir la entrada pacífica de las familias al cuartel.
Responsabilidad del Ejército
En un comunicado, el Comité de Padres de Familia informó que María Concepción Tlatempa, madre de un estudiante desaparecido, así como dos padres y tres estudiantes resultaron heridos.
El Comité informó que su visita al cuartel formaba parte de la búsqueda por la desaparición de sus hijos, ya que el Estado mexicano –según se asienta en el documento– “ha sido renuente en iniciar una línea de investigación tendiente a esclarecer el nivel de responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición forzada de los 43 normalistas”.
También agregó que la búsqueda en vida de sus hijos por parte del gobierno federal está suspendida, y que la falta de información nueva sobre el avance de las investigaciones los orilló a realizar labores de búsqueda e investigación por sus propios medios.
En el documento, las familias y el Comité Estudiantil de la Normal denunciaron que los militares aprovecharon su superioridad numérica y entrenamiento para agredir; y repudiaron que se emplee al Ejército para disuadir la protesta social.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.
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