Los controlaban a tal grado que el crimen decidía quién iba a ser el jefe de la policía y qué operativos se iban realizar, dijo durante su participación en los foros sobre seguridad y justicia que se realizan en el Senado.
Por ello, justificó, el gobierno federal, a través del Ejército, tuvo que tomar el control en esos municipios y porque “no teníamos confianza en las autoridades municipales de seguridad, estaban cooptados por el crimen organizado.
“La diferencia que encontramos cuando detenemos a un delincuente, y hoy que estuvimos deteniendo policías, solamente era la identificación, porque en el camino los que mandaban realmente eran el crimen organizado. No podemos vivir en un Estado en donde estemos cooptados”, señaló.
David Arellano, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), alertó por su parte que casi tres cuartas partes de los dos mil 457 municipios de México “podrían tener vulnerabilidad a la infiltración del crimen organizado”.
También dijo que mil 854 municipios disponen de pocas herramientas para enfrentar la penetración del crimen.
Durante su participación en el foro, el funcionario sustentó su afirmación en “algunos estudios” pero no detalló cuáles y afirmó que la iniciativa en materia de seguridad y justicia del ejecutivo federal no es una ocurrencia ni una improvisación, sino que analiza el marco internacional para saber qué herramientas han funcionado en otros países que pudieran funcionar en el contexto mexicano.
Según dicha iniciativa, el gobierno federal podrá intervenir en los municipios dónde sus autoridades estén coludidas con el crimen pero Arellano afirmó que no pretende desaparecer el nivel de gobierno, sino asumir sus funciones de manera temporal.
La medida, abundó, es de carácter extraordinario, no sistemático y únicamente operativo cuando se constate la infiltración.
En su oportunidad, Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reconoció que los municipios son “el anillo más débil de la administración estatal ante la infiltración del crimen organizado”.
Y consideró que intervenir de manera preventiva, en el ámbito municipal, “puede representar un instrumento eficiente, eficaz y sobre todo garantista, que pueda romper el círculo vicioso de complicidad y corrupción que progresivamente acaba con el Estado de derecho en este nivel del territorio”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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