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Asimismo, se exigió que México cumpla con la recomendación sobre promulgar una ley contra la desaparición forzada. En ese sentido, Santiago Corcuera, integrante del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, hizo un llamado a los legisladores para “aprovechar esta oportunidad, no hay que quedarnos en el contenido de la iniciativa enviada por el Presidente (…) hay que establecer la salida paulatina de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública. Hágannos a los mexicanos ese favor”.
Corcuera solicitó que el retiro sea gradual y, posteriormente, quede prohibido que el Ejecutivo use a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública: “tenemos que replantear la estrategia de combate al crimen organizado, no pensarla como si fueran a enfrentar a un ejército invasor, por muy poderoso que sea, porque no lo es. Tenemos que repensar eso, eso es lo que va a acabar con la desaparición forzada de personas: una adecuada estrategia de seguridad ciudadana”.
La principal insistencia de la ONU giró en torno a ciudadanizar la seguridad pública, pues actualmente se encuentra militarizada y eso es propio de regímenes autoritarios.
Por su parte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, recordó que el Estado mexicano no ha cumplido la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas que tipifique el delito en todos los estados del país.
Sobre el caso Ayotzinapa, opinó: “Llegamos hasta aquí desde hace tiempo, no sólo desde los sucesos de Iguala. Llegamos hasta aquí desde que en cada desaparición forzada, en cada acto de ejecución extrajudicial, en cada acto de tortura, en cada acto de mayores violaciones a los derechos humanos, no actuamos con prontitud”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
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