El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la dependencia federal entregar esa información a un particular quien requirió conocer datos, del periodo 2000 a la fecha, sobre procedimientos de inspección y denuncias interpuestas contra Grupo México, así como su seguimiento en todo el país y en todas las materias ambientales.
Según el Ifai, la Profepa atendió la solicitud, pero el requirente advirtió inconsistencias respecto de la información reportada a la prensa.
El caso fue turnado al comisionado Joel Salas Suárez quien advirtió en su análisis que si bien la Profepa entregó información del periodo solicitado, únicamente turnó la solicitud a dos de las seis unidades administrativas que podrían ser competentes para atenderla y tampoco consideró a sus 32 delegaciones estatales.
Salas Suárez destacó que la transparencia en las industrias extractivas “es uno de los temas prioritarios y pendientes en el país”.
México, recordó, asumió en la Alianza para el Gobierno Abierto –a escala internacional—los compromisos 23 “Minería para todos” y 26 “Adhesión de México a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas”, pero hay retrasos en su cumplimiento.
Además, dijo, la gobernanza del sector considera pocos o nulos espacios para la participación ciudadana, por lo que los sujetos obligados deben, como en este caso la Profepa, deben ser sensibles a solucionar estos problemas.
“Se debe fortalecer la transparencia en el sector para que la sociedad conozca si las decisiones tomadas efectivamente responden a las necesidades de desarrollo económico regional y nacional, así como si tales decisiones garantizan y defienden la reparación de daños ambientales y los derechos fundamentales de las comunidades aledañas a las zonas de explotación”, argumentó el comisionado.
Por ello propuso al pleno del IFAI modificar la respuesta de la Profepa e instruirla a realizar una búsqueda exhaustiva en todas las unidades que puedan contar con la información solicitada.
El 6 de agosto de 2014, en los ríos Bacanuchi y Sonora se registró un derrame tóxico ocasionado por la mina Buenavista del Cobre concesionada a la empresa Grupo México.
Según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los daños ambientales podrían recuperarse parcialmente en un periodo de seis a 10 años.
Para subsanar esos daños Grupo México debió constituir un fideicomiso de dos mil millones de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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