En un comunicado, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la Oficina de Defensa de los Derechos de la Infancia (ODI) informaron que el 12 de enero fueron notificados de una apelación interpuesta por el Ministerio Público Federal el pasado 29 de noviembre, “en contra del auto de liberación por falta de elementos para procesar”, a favor de 11 personas detenidas durante los disturbios del 20 de noviembre.
Las organizaciones que defienden a siete de los 11 detenidos recordaron que el mismo 29 de noviembre el juez 17 de Distrito con sede en Xalapa, Juan Carlos Martínez Gómora, resolvió que las acusaciones formuladas por la PGR en contra los 11 detenidos eran inconsistentes. Los acusaban de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.
El IMDHD y la ODI recordaron que el juez federal evaluó que el Ministerio Público Federal no aportó “elementos suficientes para acreditar los delitos que pretendía imputarles”, decisión que puso en evidencia “la falta de elementos, la simulación de una detención en flagrancia, la detención arbitraria y la pobre argumentación jurídica y fáctica”.
Para las organizaciones que participaron en la defensa de los detenidos, con las pruebas aportadas “quedó claro que la acusación montada por la PGR no esclarecía ni buscaba dar con la verdad histórica de los hechos”.
A casi tres meses de las detenciones, los activistas y sus defensores recibieron una notificación del Sexto Tribunal Unitario en materia Penal del Tercer Circuito, con sede en el Distrito Federal en el que se les informaba de la apelación interpuesta por el Ministerio Público Federal “en contra del auto de liberación por falta de elementos para procesar, dictado por el juzgado Decimoséptimo de Distrito de Xalapa”, mismo que declinó competencia a favor del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
Para las organizaciones, el recurso interpuesto por la PGR “se encuadra en el uso de la acción penal como estrategia de intimidación y represión pues significa que el proceso se mantenga jurídicamente vivo”.
Avivar el juicio contra los activistas, agregaron, abre “la posibilidad de ser reaprendidos en cualquier momento”, en tanto que para la PGR es “un intento por salvar lo insalvable: la legitimidad de una acusación sustentada en una simulación de flagrancia contra personas detenidas al azar el 20 de noviembre de 2014”.
Acusaron que “la PGR ha ocultado información a la defensa, mostrando una copia de la averiguación previa incompleta”, por lo que siete de los detenidos representados por el IMDHD y la ODI han presentado amparos “por obstaculización de una defensa adecuada”.
En la apelación presentada por la PGR, agregaron, no argumentó agravios “mostrando con ello una actuación oscura para continuar intimidación a estas personas, a quienes, por cierto, se les ha identificado como ‘los compas”.
Las organizaciones apelaron al Tribunal Unitario en materia penal del Tercer Circuito, a “ejercer su función jurisdiccional con independencia y apego a los más altos estándares de protección a los derechos humanos”.
Para el IMDHD y la ODI advirtieron que “la única forma de incrementar la capacidad de investigación de la PGR es que existan contrapesos reales que desincentiven las prácticas autoritarias ajenas a un Estado de Derecho Constitucional y Democrático”.
Las personas defendidas por estas organizaciones son Tania Damián Rojas, Hugo Bautista Hernández, Liliana Garduño Ortega, Isacc Domínguez Ayala, Atzin Andrade González, Luis Carlos Pichardo Moreno y Hillary Analí González Olguín.
Los cuatro varones estuvieron encarcelados en el penal federal de Perote, Veracruz, en tanto que las jóvenes estuvieron recluidas en la prisión federal de Tepic, Nayarit.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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