Colorado busca acreditar que durante más de cuatro años fue extorsionado por ese grupo delictivo y el gobierno estadunidense organizó una treta policial para acusar a su hijo y a su socio de conspiración para sobornar al juez instructor de su caso.
La acusación se basó en que el empresario compró caballos cuarto de milla, entregados a Los Zetas en un rancho en Oklahoma. Por lo pronto, de acuerdo con su defensa, el gobierno ha reconocido que el dinero de la compra fue legal y no producto del narcotráfico.
“Tenían un caso muy débil en mi contra, construido con acusaciones fabricadas en México por Miguel Ángel Yunes Linares. Para mantenerme en prisión me acusaron de haber planeado un soborno en el que involucraron y encarcelaron a mi hijo y al contador de mi representada, ADT Petroservicios”, dice Francisco Colorado en entrevista con Proceso desde la cárcel de Bastrop, Texas.
Oriundo del norte de Veracruz, Colorado tiene 54 años e hizo fortuna como contratista de Pemex desde hace tres décadas. Dice estar dispuesto a someterse a juicio en Estados Unidos para demostrar que el Departamento de Justicia de ese país manipuló al juez que lo condenó, en septiembre de 2013, a 240 meses de cárcel por lavado de dinero.
De hecho son dos los casos judiciales: el primero es la apelación contra la sentencia por lavado de dinero, que se instruye en el distrito judicial de Nueva Orleans, correspondiente a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para el sureste de Estados Unidos.
El segundo, el supuesto intento de soborno al juez federal Sam Sparks, de Austin, Texas, del mismo circuito judicial. En este caso, decidió retirar su acuerdo de culpabilidad. A pesar de la sentencia y de la condena mediática en México y Estados Unidos, ha decidido desacreditar las acusaciones penales ante la propia justicia estadunidense.
Señala como responsables de su condena a Yunes Linares y al fiscal estadunidense Douglas W. Gardner, a quien acusa de dejarse llevar por el excandidato del PAN al gobierno de Veracruz, ocultar pruebas, testigos y actuar con prejuicio racista al urdir un plan para imputarlo como corrupto, “porque así son los mexicanos”.
El próximo martes 6 se realizará en Nueva Orleans la audiencia en la cual podría resolverse la apelación contra su larga condena. Su argumento central es que el fiscal estadunidense no pudo comprobar que el dinero para la compra de los caballos de carreras fuera producto del narcotráfico. Provino de ADT Petroservicios, insiste.
En su apelación, Colorado admite que entre 2008 y 2012 pagó 10 millones de dólares en subastas de caballos ligeros en Estados Unidos y éstos en parte eran para Los Zetas, pero asegura haberlo hecho debido a una extorsión.
La apelación puede confirmar la condena, ante lo cual iniciaría un juicio de amparo, admite, pero “que me ratifiquen la sentencia es algo que veo con pocas probabilidades”. Más bien piensa que le pueden dar tiempo servido, es decir, que su condena sea por el tiempo ya cumplido en prisión.
Puede ser también que el Departamento de Justicia estadunidense se desista del caso con el argumento que él resume así: “No hay materia de juicio en mi contra porque nunca he sido parte de una estructura de delincuencia organizada”.
Un tercer escenario es que la autoridad determine un nuevo juicio, con lo cual afirma “no tener problema; al contrario… Para mí sería fabuloso porque tendría la oportunidad de demostrar mi inocencia, lo cual no es mi obligación porque ellos tienen que demostrar mi culpabilidad.
“También demostraría muchas incongruencias y actos criminales que llevó a cabo el fiscal, como ocultar información, no presentar algunos testigos o anunciar al testigo protegido conocido como El Pitufo, a pesar de que en México ya habían echado abajo las investigaciones en las que él aparecía como acusador. Además, no tiene ninguna fotografía o grabación mía que me implique con ese grupo delictivo.”
Asegura que el caso en su contra “no tiene sustento”. Si le dan tiempo servido, “el gobierno de Estados Unidos se lavaría las manos, pero quedaría en entredicho mi nombre y el de mi empresa”.
Aun cuando Colorado obtuviera su libertad al no demostrarse que participó en una red de lavado de dinero, enfrenta la acusación de intento de soborno del juez Sparks. Inicialmente se declaró culpable para liberar de ese cargo a su hijo, Francisco Colorado Cebado, y al contador de ADT Petroservicios, Ramón Segura. No obstante, ellos estuvieron presos un año. Ahora decidió retirar su declaración de culpabilidad.
Ese movimiento molestó al gobierno estadunidense porque se debe instruir un juicio, dice, “pero no vamos a llegar a juicio porque el gobierno sabe que todo es inventado, y tengo las pruebas y los testigos”.
Está previsto desahogar ese caso en mayo o junio. La justicia estadunidense anunció que pedirá al gobierno mexicano información para sustentar los cargos contra Colorado.
Contador público, maestro en finanzas y diplomado en alta administración por el Tecnológico de Monterrey, el entrevistado dice que el fiscal Gardner construyó esa acusación para presionarlo y forzarlo a negociar, a fin de que él se desistiera de la apelación y los juicios iniciados para recuperar dos aviones y 25 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos aseguró en su territorio. Las aeronaves King Air 200, modelo 2006, y Hawker 800, de 2008, estaban en Houston y su precio de mercado es superior a 4 millones de dólares.
Según Colorado, al señalarlo como autor intelectual del soborno Gardner le dijo: “Si te desistes, tu hijo y tu amigo salen”.
En junio de 2012, cuando Estados Unidos anunció que se había detenido en Oklahoma a José Treviño Morales, del clan familiar que entonces controlaba Los Zetas, el nombre de Francisco Colorado Cessa ya estaba incluido en la causa penal contra varios miembros de la organización delictiva.
El Departamento de Justicia acusó a Treviño y a su hermano Miguel Ángel, El Z-40, de haber creado la Tremor Enterprises para lavar dinero del cártel por medio de las carreras de caballos. En ese esquema incluyó a Colorado Cessa como proveedor de ejemplares cuarto de milla. Un año después de la operación policial en Oklahoma, donde fueron detenidos otros familiares del clan, en julio de 2013 fue aprehendido en México El Z-40, número dos de la organización delictiva.
Las autoridades estadunidenses ya habían rastreado el nombre de Francisco Colorado Cessa cuando, en marzo de 2012, la Policía Federal se enfrentó a un grupo de zetas sobre la carretera Juana Moza, en el límite de Tamaulipas y Veracruz. En la persecución, el grupo se metió al rancho Flor de María, propiedad de Colorado.
En ese enfrentamiento murió Enrique Delgado Fraire, a quien el gobierno federal presentó como Mando Quique, supuesto jefe de Los Zetas en el sur de Tamaulipas y acusado de organizar la fuga de 53 miembros de ese cártel en un penal de Zacatecas en 2009.
Colorado da su versión: “Hubo una persecución que venía desde (el municipio de) Álamo (al norte de Veracruz). Las fuerzas federales perseguían a una serie de individuos de la delincuencia organizada. Mi rancho está a la orilla de la autopista. Ellos pusieron un retén o salieron al encuentro. Muy cerca hay una brecha. Al verse acorralados se meten por ahí, tumban el portón de fierro y ahí mismo hay un enfrentamiento y hay muerte.
“Yo me encontraba en la ciudad de Houston, Texas, porque ahí viven mi esposa y mi hijo menor, José Antonio, quienes salieron del país por la inseguridad en la zona. Era el cumpleaños de mi hijo y me había trasladado para estar con él. Ese hecho fue reconocido por las autoridades en México, porque nunca he tenido ese tipo de problemas en mi país.”
–¿Ni en el caso de la balacera en el rancho Villarín, en 2007, durante una carrera ilegal de cuartos de milla?
–Yo en Villarín ni estuve, hombre. Es una mentira más. Ahí fue donde Miguel Ángel Yunes empezó a querer involucrarme con la delincuencia organizada. Ni siquiera fui citado a declarar porque las averiguaciones previas demostraron que yo no había estado en ese lugar. Una vez más se equivocó Yunes.
–¿Por qué dice que Yunes está detrás de las acusaciones en su contra?
–Porque durante años se ha dedicado a denostar mi figura, mi nombre y a mi representada (la empresa ADT Petroservicios). Todo porque no lo he querido apoyar en ninguna de las candidaturas que ha buscado para ser gobernador de Veracruz.
Asegura que Yunes se ha dedicado a filtrar información supuestamente de inteligencia policial:
“Él mismo declaró en una entrevista que mandaba documentos a Estados Unidos. Lo hizo aprovechando las relaciones que hizo cuando era subsecretario de Seguridad Pública. Pero nunca ha podido demostrar, ni lo hará porque jamás he tenido ningún nexo con la delincuencia organizada. En México presentó una denuncia anónima cuando el enfrentamiento en Flor de María.”
Cuando fue implicado por el Departamento de Justicia en el esquema de lavado de Los Zetas y se informó que el FBI iba tras él, explica, decidió presentarse voluntariamente, el 12 de junio de 2012, en la oficina de los marshalls en Houston: “Les dije: Soy Pancho Colorado y dicen que me andan buscando. Vengo a ver qué está pasando, porque yo no soy ningún delincuente”.
Tras la sorpresa de los oficiales, refiere, fue detenido y presentado ante la justicia estadunidense, ante la cual admitió haber comprado caballos para Los Zetas: “Compré 10 millones de dólares de caballos durante más de cuatro años. Lo hice con dinero lícito de mis cuentas, cuentas que ellos no rastrearon, sino que yo les dije que tengo en Estados Unidos porque es dinero lícito, producto de 35 años de trabajo, como pago de Pemex a mis empresas”.
Dice que desde hace años compraba caballos en Estados Unidos porque toda la vida los ha tenido: “Los compraba para mí, pero Carlos Nayén (quien tiempo atrás entrenaba a sus animales) un día me dijo: ‘Oye, estos caballos los quieren Los Zetas; si no, que te atengas a las consecuencias’.”
En octubre de 2011, afirma, decidió sacar a su familia de México, ya que una madrugada su casa fue baleada por querer zafarse de esa exigencia. “Tenemos el acta donde hicimos la denuncia”, dice, y recuerda que el empresario Alejandro Barradas, también aficionado a las carreras de caballos, fue secuestrado por el grupo delictivo para obligarlo a comprarles ejemplares finos, “y como no lo pudo hacer, lo mataron”.
Sobre las operaciones financieras, explica, nunca les dio dinero directamente a Los Zetas: “Lo que querían era que pagara una serie de caballos que yo no había encargado, que no estaban a mi nombre y tenía que pagarlos en las subastas públicas, para lo cual tenía un tiempo predeterminado. Yo nunca entregué caballos, los pagaba y ellos los recogían en las subastas. Nunca tuve ninguna interrelación personal con nadie de ellos”.
Añade: “Se supone que los caballos eran para mí. Pero cayeron en manos del grupo delictivo 121 caballos. Yo me quedé con unos 30, además del criadero que tengo, porque me dedico a los caballos y al ganado desde hace 25 años”.
El dinero salía de su cuenta de cheques en Miami. “Pagaba los caballos que yo había escogido y la cantidad que me decían que tenía que pagar, por la cual habían pujado otros compradores. De ahí, los dueños de los caballos los entregaban a la persona que les indicaba Carlos Nayén”.
Nayén, quien después de trabajar para Colorado se fue a Estados Unidos, era quien mandaba a hacer las cosas. “No sé si estaba obligado y por qué lo desaparecieron del sistema carcelario estadunidense. No se presentó a las audiencias. Se volvió testigo protegido. ¿Por qué no lo presentan, si él nunca ha declarado nada contra mí? Él ha declarado la verdad, que yo no tuve nada que ver, que fui obligado a hacer las cosas”.
Asegura no haber denunciado la extorsión por temor. Como empresario en el norte de Veracruz, sobre todo en Poza Rica y Tuxpan, cerca de la frontera con Tamaulipas, uno de los principales dominios de Los Zetas, Colorado señala que la presencia de los grupos delictivos se empezó a sentir en la zona en 2005:
“Hizo estragos. La población, empezando por los empresarios, comenzó a sufrir robos y secuestros, sin que nadie les hiciera frente a los delincuentes. Mucha gente emigró a San Antonio, Texas, principalmente. Amigos de mi infancia fueron asesinados. Yo tuve que contratar seguridad para mi familia.”
El panorama no ha cambiado. Su hermano Sergio, asegura, fue secuestrado hace 10 meses en Tampico, cuando iba a finiquitar una obra. “Pagamos el rescate y el asunto sigue pendiente –narra–; nos dicen que no digamos nada, que la policía así lo dice, pero yo no veo resultados. Sin embargo todo el mundo sabe que mi hermano está secuestrado, y no por ajuste de cuentas, como se ha publicado con el patrocinio de Yunes”.
–¿La transferencia de recursos a Los Zetas lo tiene encarcelado?
–No, lo que me tiene encarcelado es la duda de las autoridades estadunidenses. Yo lo que quiero es el mismo trato que los demás. (El empresario) Alfonso del Rayo fue obligado a comprar caballos. Le hablaron y le dijeron que explicara la situación y él dijo lo que había pasado. Le dijeron: está bien, tienes que declarar pero tú no tienes ningún problema. No fue de su interés porque no tiene cuentas en Estados Unidos. En mi caso, tienen el interés de quedarse con el dinero que tengo en mis cuentas: 25 millones de dólares, más los dos aviones.
Las autoridades de ese país estiman en 60 millones de dólares la operación de lavado de dinero por parte de todos los implicados en la compra de los caballos.
“Desde que llegué me entregué. Hubo un trato muy duro hacia mí. El fiscal pensó que tenía un gran caso, pero le han rascado y no ha salido nada. Me acusan de conspiración, en la que ha salido el nombre de Fidel Herrera, la fijación de Yunes.
“Si a eso le añadimos una dosis de racismo de parte del fiscal, la cosa está de la chingada. Gardner ha declarado que no le extrañaba el supuesto intento de soborno, porque ‘así son los mexicanos; quieren corromper a los jueces, es un asunto cultural’”, como les ha dicho el fiscal a los defensores de Colorado.
Finalmente aclara: “Yo no quiero que me perdonen nada porque no he hecho nada. Quiero que se investigue y, si soy un criminal y un monstruo, no que me encarcelen, que me fusilen. Yo respondo por mis palabras y mis actos, que han sido buenos y malos, pero nunca criminales”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (REPORTAJE ESPECIAL)
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