Cesar Camacho Quiroz, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es también dueño de una empresa de consultores y asesores legales, fundada en 2006, dicha empresa ha sido beneficiada con 10 millones de pesos en el Estado de México, a través de contratos dados por ayuntamientos locales, la administración del estado e incluso el Poder Judicial.
Estas cifras corresponden al periodo comprendido entre 2011 y 2014.
La empresa, de la cual es propietario el también ex gobernador, se llama Estrategia Integral Consultores S.A. de C.V.
De 50 acciones 40 pertenecen a Camacho, las 10 restantes son del otro dueño, su también socio, Arturo Huicochea Alanís y el papel de administrador único recae sobre José Fidel Zarco Miranda.
Entre los ayuntamientos priistas, a los que se les ha adjudicado contratos con la firma por diversas cantidades, están Tlaneplantla, Huixquilucan y Metepec, en este último también gobernó Camacho y es encabezado por Carolina Monroy del Mazo, esposa del secretario de Desarrollo Social del gobierno federal Ernesto Nemer Álvarez, misma que dejó su cargo para postularse como diputada federal del PRI. En este caso se otorgó a la empresa tres contratos equivalentes a 3.9 millones de pesos y el gobierno mexiquense otorgó otro por un millón 598 mil 712 pesos.
Los servicios que se les ha brindado han sido relacionados con aspectos legales, programas de comunicación social, cursos a personal y manejo de imagen.
Los contratos dados a la empresa, por instancias del gobierno y algunos de adjudicación directa, ascienden a 544 mil 538 pesos.
El Poder Judicial del Estado de México también aparece como cliente de la empresa; tuvo dos contratos, en 2011 y 2012, por un monto total de 800 mil pesos.
Un contrato más, de 300 mil pesos, es para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por la “implantación de acciones de comunicación institucional para el fortalecimiento del liderazgo dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México”.
Para Cesar Camacho, el hecho de ser presidente de un partido (además de miembro de la clase política nacional y mexiquense) que ha recibido beneficios por parte de su empresa, no significa que haya beneficios hacia la misma y negó algún conflicto de intereses ya que “no es servidor público”.
En función de esto quizá sería adecuado revisar las leyes, una vez más, en cuanto qué tan viable es este caso de acuerdos y también la legalidad de los mismos, ya que pareciera que pudiera haber alguna clase de trato implícito entre ganar – ganar para ambas partes.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
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