Reclamaron la atención del gobierno local para que les liquide adeudos salariales y prestaciones laborales que fueron retenidas desde hace cuatro meses, sin ninguna explicación.
Al momento solo se sabe que la administración estatal no ha podido liquidar sus compromisos económicos con sus asalariados debido a la falta de liquidez económica, según ha reconocido el propio gobernador Salvador Jara.
Sin entrar a fondo en el tema, el mandatario ordenó la suspensión del pago a los trabajadores de base de toda la estructura administrativa del gobierno local.
La causa atribuible pudiera ser el abandono económico en el que se encuentra la administración estatal de Michoacán, en donde el propio gobernador no tiene manejo autónomo de las finanzas locales.
Esta situación es parte del acuerdo del que nace el Plan Michoacán, que aplica la Federación desde enero del 2014, lo que ha obligado suspender pagos del gasto corriente.
La medida dictada por Jara es lo que ha hecho que miles de trabajadores salgan molestos a estrangular el estado.
Pero además, la actitud omisa de la Federación, cuyas instancias tampoco aceptan responsabilidad alguna en los compromisos salariales con los trabajadores en Michoacán, ha incentivado el descontento.
Una reacción tardía
Los miembros de los sindicatos de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), de la Sección 16 de la CNTE, del Frente Estatal Sindical de Educación Media Superior y Superior, así como el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres fueron los que presionaron al gobierno estatal mediante el desquiciamiento de las labores a la población civil.
Aun así, el gobernador tardó en reaccionar.
Los líderes del movimiento, Antonio Ferreyra Piñón, Juan José Ortega Madrigal, José Hernández Arreola y, Gaspar Romero Campos, no descartaron la posibilidad de intensificar sus movilizaciones en reclamo de los salarios y prestaciones económicas que no han sido pagados por parte del gobierno local, los que se tasan globalmente en más de mil millones de pesos.
Los sindicatos de trabajadores, a los que los une la suspensión de pagos del gobierno estatal, han conformado una nueva agrupación sindical en la entidad, bajo la denominación de denominado Frente Cívico Social, el primer órgano sindical que ha entrado en plena confrontación con el gobernador en turno, al que le reclaman su tibia actuación para atender los problemas coyunturales de Michoacán.
Esta no es la primera ocasión en que se hace un estrangulamiento a las arterias de comunicación en todo el estado de Michoacán.
Las otras tomas
Ya habían ocurrido con anterioridad tres tomas de vialidades, sin que el gobernador estatal quisiera establecer el dialogo con sus trabajadores.
Hasta antes de la toma generalizada de la entidad que se registró este miércoles, el gobernador Jara Guerrero –siguiendo su línea política desde que asumió el encargo público- no había manifestado interés alguno por explicar a los trabajadores la razón del retraso de los pagos o la suspensión de algunas prestaciones laborales.
En cuatro ocasiones Salvador Jara Guerrero suspendió las reuniones programadas con los líderes sindicales para revisar los reclamos de pago de salarios, argumentando asuntos de último momento. La mayoría de esos líderes rompieron el diálogo al observar la despreocupada actitud del gobernador, quien ha reconocido públicamente que la administración estatal que él encabeza no cuenta con fondos para hacer frente a los compromisos de pago de salarios y prestaciones de los trabajadores del estado.
Sin autonomía financiera
El gobierno de Michoacán no cuenta con autonomía administrativa ni financiera desde que el gobierno federal asumió el control de todas las instituciones de Michoacán. Desde enero del 2014 el manejo de las finanzas locales lo hacen funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fueron asignados a la tesorería del estado, a fin de ordenar el desbarajuste financiero legado en la gestión de Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo y Jesús Reyna García.
Y es que en los primeros arqueos que hizo la federación a las cuentas públicas de Michoacán, encontró malos manejos que apuntaban al desvío de fondos. De entrada se ha encontrado que falta por explicar el destino de más de 9 mil millones de pesos, los que fueron contratados en deuda pero nunca desglosados en sus aplicaciones.
Esa situación empujo a la federación a negarle al gobierno estatal la autonomía financiera natural.
En su visita a la entidad el secretario de hacienda, Luis Videgaray Caso lo explicó claramente: aun cuando el estado financiero no es tan crítico como el de otros estados, el gobierno federal no reconoció ninguna urgencia para aportar recursos relativos a un rescate económico, pero se aseguró la asistencia técnica para alcanzar un estado de finanzas saludables.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
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