En rueda de prensa, Murillo Karam reiteró ayer que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del cártel de los Guerreros Unidos, quienes tiraron sus cenizas en el río.
En una carta abierta dirigida a Murillo Karam, la directora del programa regional de AI para América, Erika Guevara Rosas, subrayó que, a pesar de las obligaciones internacionales de México, hasta la fecha la PGR no ha procesado a alguno de los detenidos por el cargo de desaparición forzada –concepto que implica el involucramiento de agentes del Estado en el delito–. Lo anterior, continuó Guevara, resulta de “suma gravedad”.
Amnistía Internacional, al igual que Human Rights Watch (HRW) o la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), recordó al titular de la PGR que su “única prueba” es la identificación de algunos restos óseos en el río, lo cual no demuestra la versión del gobierno.
Guevara Rosas insistió en que los peritos argentinos fueron convocados por la PGR “cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta, y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras en un área de limpieza”, por lo que el equipo argentino nunca confirmó la versión del gobierno, según la cual los estudiantes habían sido calcinados en el basurero.
Pistas negadas
Guevara también expresó su preocupación ante la negativa de la PGR en abrir nuevas líneas de investigación, a pesar de las solicitudes de las víctimas de investigar la posible participación de las fuerzas armadas en la tragedia, “ya sea por omisión o por acción”.
“Las víctimas”, recordó AI, “han solicitado desde un principio que se investiguen las denuncias sobre la colusión entre el crimen organizado y autoridades de la zona, en especial el Batallón 27 de Infantería de Iguala
La organización explicó que el rechazo de la PGR a investigar al Ejército –y así llevar a cabo una “investigación exhaustiva”– frustró a los familiares de los normalistas desaparecidos.
Ante estos hechos, lejos de apoyar las reivindicaciones de los padres, el gobierno de Peña Nieto acusó a los familiares y sus defensores de “querer generar desconocimiento” y, en contrapartida, resaltó la labor de las fuerzas armadas, denunció AI, al subrayar que en Guerrero se ha documento el involucramiento de militares en abusos a los derechos humanos de la población civil.
Acuerdos incumplidos
En sustancia, las 74 grupos civiles de 22 estados y aglutinadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) expresaron críticas similares a Murillo Karam y al gobierno federal, el cual incumple “los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación (pretenden) poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años”.
La Red TDT exigió al gobierno de Peña Nieto no cerrar el caso Ayotzinapa hasta que presente certeza científica y jurídica del paradero de los desaparecidos, razón por lo que urgió a agotar todas las líneas de investigación, entre ellas el esclarecer la participación de “la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales”.
Asimismo, las ONG reclamaron el fin del “desprestigio y de la criminalización”, así como de la “represión” contra familiares, cercanos e integrantes de la sociedad civil solidarios con los normalistas de Ayotzinapa.
Por el contrario, solicitaron “mecanismos eficaces” al gobierno de Peña Nieto “para garantizar la no repetición de esos hechos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
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