En julio del 2015 habrá votaciones para elegir a gobernadores en Sonora, San Luis Potosí, Campeche, Baja California Sur, Querétaro, Colima, Guerrero, Michoacán y Nuevo León. Mientras que en el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Tabasco, Yucatán y Chiapas, se renovarán los congresos. Eso mismo pasara con la Cámara de Diputados a nivel federal.
Con un costo de 18 mil millones de pesos el Instituto Nacional Electoral (INE) se estrena organizando todos estos procesos electorales, pero sus máximos retos no son sólo ofrecer votaciones transparentes y legítimas, sino enfrentar los enormes riesgos que representa para el ejercicio ciudadano elegir a sus representantes populares bajo la presencia del crimen organizado. Los partidos políticos están sumidos en una severa crisis de gobernabilidad y la selección de sus candidatos a gobernadores, diputados o presidentes municipales pasan por un tamiz de desconfianza e incredulidad por la enorme cantidad de casos de corrupción y colusión con las bandas criminales.
Ninguno de los partidos participantes se escapa de las manchas indelebles que han dejado sus vinculaciones con grupos criminales.
Michoacán y Guerrero son los ejemplos más claros del impacto de la violencia y la infiltración del crimen organizado con los exgobernadores Fausto Vallejo y Ángel Aguirre Rivero, acusados de recibir dinero y apoyo de bandas del narcotráfico para ganar sus respectivas elecciones.
Las otras entidades no se escapan de esta espiral de violencia y corrupción, pero hay algunas como Chiapas, Campeche y Yucatán donde las oligarquías locales son las que habrán de representar el principal riesgo para que se realicen elecciones limpias y transparentes.
Mientras que otras como el Distrito Federal y Estado de México tienen el problema de las mafias clientelares corrompidas y corruptoras a las que sólo les interesa alcanzar un puesto político para enriquecerse a través de los negocios que pueden realizar bajo la égida de un cargo popular.
En elecciones anteriores ya ha habido intervención directa con dinero o con hombres armados por parte de los diferentes cárteles que si bien en un principio no se interesaban en ocupar puestos políticos, hoy si lo desean a través de candidatos surgidos de sus filas criminales.
Votos y balas podrían ser la constante en las elecciones intermedias de este año, si esto pasa el riesgo será para la elección presidencial del 2018 pues el camino estará allanado para que cualquier grupo del crimen organizado llegue a posiciones de poder político afianzando las bases de un narcoestado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
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