En una primera instancia, en repuesta al particular, la PGR señaló que esa información está reservada por un periodo de 12 años, por lo que el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Ifai, argumentando que se deben dar a conocer los documentos porque se relacionan con una investigación de violaciones graves a los derechos humanos.
De acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG), este tipo de información no puede reservarse.
Aun así la PGR reiteró su respuesta inicial y agregó que la averiguación previa que contiene los peritajes solicitados, fue iniciada por la probable comisión del delito de homicidio y no por delitos de lesa humanidad.
Además la PGR argumentó en los alegatos que la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no fue por violaciones graves a los derechos humanos.
Sin embargo, el comisionado ponente, Francisco Javier Acuña Llamas, determinó que “de las circunstancias que rodean el caso y de los elementos de los que se allegó el Instituto para su análisis, los actos ilícitos cometidos en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, deben darse a conocer al encontrarse relacionados con violaciones graves de derechos fundamentales”.
Y destacó que la CNDH, mediante un comunicado, emitido el martes pasado, dio a conocer que modificó la clasificación del expediente del caso Tlatlaya como investigación de “violaciones graves” a los derechos humanos, con el fin de que las autoridades tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a su recomendación.
Dicha reclasificación, señaló el comisionado, actualiza el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, el cual establece que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
Lo único que concedió a la PGR fue proteger los datos personales contenidos en los documentos, por tratarse de información de carácter confidencial y le solicitó entregar al solicitante versiones públicas de los peritajes de la investigación.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el anterior titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, elementos del 102 Batallón de Infantería “privaron de la vida arbitrariamente a las víctimas”, lo que fue comprobado en 12 personas y se presume en otras tres, de las 22 que murieron en los hechos registrados en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 junio de 2014.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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