Integrante de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la violencia sexual”, Medina Tamariz fue acusada de 12 cargos federales tras la irrupción de efectivos de la Secretaría de Marina en su domicilio del puerto de Veracruz, en agosto de 2012. En esa ocasión, ella y su esposo, Isaías Flores Pineda, fueron sacados por la fuerza.
Claudia fue retenida en una base naval, donde fue sometida a tortura sexual y luego fue presentada como integrante del cartel Jalisco Nueva Generación. Tras una reclusión de 14 días en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, fue puesta en libertad bajo caución, manteniendo vigente el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Luego de más de dos años de batalla legal, el pasado viernes 6 de febrero, el Poder Judicial Federal resolvió a su favor el incidente de libertad por desvanecimiento de datos interpuesto por Medina Tamariz, decretando su “inmediata libertad”.
Acompañada de Mario Patrón Sánchez y Perseo Quiroz Rendón, directores del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional, organizaciones que respaldaron su causa, Claudia Medina anunció que reactivará la denuncia interpuesta en la PGR en 2012 contra los marinos que la torturaron así como iniciará un proceso por la reparación de los daños sufridos.
En conferencia de prensa, Medina Tamariz apuntó que después de más de dos años de los hechos, lo que pretende es el castigo a los responsables de la tortura para que “los torturadores ya no sigan deteniendo personas de esta forma y poniéndolas a disposición de las autoridades”.
Agregó que espera que con la resolución del Tercer Tribunal Unitario favorezca a su esposo, quien también víctima de tortura por parte de los marinos.
Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh, explicó que en su resolutivo el tribunal unitario atendió las pruebas de descargo que presentó la defensa de Claudia Medina, así como los dictámenes periciales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de peritos independientes que certificaron que fue torturada física y psicológicamente.
El resolutivo judicial determinó que “durante el lapso, de al menos 12 horas, la procesada fue sujeta de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, así como que el único elemento de prueba que presentó la PGR era el parte informativo de la Semar, el cual “quedó desvirtuado al no existir medio de convicción alguno que demuestre, al menos de forma indiciaria, su probable responsabilidad”.
Luis Tapia Olivares, abogado del Centro Prodh, agregó que tras este fallo judicial, es de esperar que la CNDH emita una recomendación sobre el caso de Medina Tamariz, toda vez que desde hace más de un año le aplicó el Protocolo de Estambul que confirmó la tortura.
Perseo Quiroz apuntó que si bien el ombudsman Luis Raúl González ha tenido mayor acercamiento con las organizaciones sociales y las víctimas “la disposición no basta, el cambio en la administración de la CNDH debe verse reflejado en el trabajo concreto, en la emisión de recomendaciones, en especial en casos de alto impacto como el de Claudia”.
Mario Patrón Sánchez resaltó que la exoneración de Claudia Media es inapelable y “demuestra que la Marina realizó un montaje y fabricó pruebas en contra de una inocente, para acusarla de delitos graves como el involucramiento en el narcotráfico”.
El director del Centro Prodh apuntó que el resolutivo del Poder Judicial de la Federación es prueba de que “en la guerra contra el narcotráfico, no se consideraron medidas de control en la actuación de las fuerzas armadas, lo que ha dejado en impunidad los abusos sistemáticos y generalizados, entre ellos los actos de tortura”.
Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual por el caso de Atenco, señaló que la campaña “Rompiendo el silencio”, ha visibilizado la tortura cometida por diferentes cuerpos policiacos y de las fuerzas armadas, en especial a las mujeres detenidas.
En el grupo de mujeres que se han sumado a la campaña, hay dos víctimas de tortura sexual que se encuentran encarceladas, Yesenia Armenta de Sinaloa y Verónica Razo del Distrito Federal, por las que, apuntó, “la exigencia es que sean liberadas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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