En rueda de prensa, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, confirmó la información dada a conocer esta tarde por el procurador Jesús Murillo Karam, quien detalló que la captura fue realizada este martes por elementos federales, en cumplimiento de una orden de detención.
Las entidades del ámbito local y federal de las que se desviaron los recursos públicos, así como las empresas que a su vez canalizaron el dinero a cuentas personales, fueron CFE, Banobras, Tesorería de la Federación, Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero.
Junto con Carlos Mateo Aguirre, quien en 2011 fue nombrado coordinador ejecutivo estatal, fueron detenidos Luis Ángel Aguirre Pérez y los hermanos Paulo Ignacio, Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hughes Acosta, a quienes se les fincó el mismo delito.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de la Policía Federal, Secretaría de Marina-Armada de México y Defensa Nacional, las cuales auxiliaron en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Zerón de Lucio señaló que se tiene acreditado que un grupo de personas, entre quienes se encuentran exservidores públicos del estado de Guerrero, sin tener vínculo corporativo o relación comercial con empresas que tuvieron contrato de obra pública en esa entidad, recibieron, durante los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, recursos provenientes del erario local y federal en sus cuentas bancarias personales.
Además, se detectó que familiares de los exfuncionarios relacionados con estas operaciones ilegales fungen como representantes legales en las cuentas bancarias de las diversas empresas a través de las cuales se operaba en desvío de recursos.
El monto de los recursos que fueron triangulados entre enero de 2012 y septiembre de 2014, a través de las empresas constructora Tradesa SA, comercializadora 2003 SA y comercializadora Topacio SA, ascienden a 287 millones 12 mil 594 pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
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