Pero el gobierno mexicano no solo desconoce la cantidad de personas desaparecidas que hay en el país, tampoco sabe quién es el responsable de las desapariciones.
¿Son los cárteles de la droga o los agentes del Estado?
¿O los dos coludidos como pasó con la tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
Por primera vez, el Gobierno Federal compareció ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), un mecanismo creado por las Naciones Unidas para la protección contra este delito en el mundo.
Fue el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien en su intervención ante los integrantes del CED reconoció el caos institucional que existe en las bases de datos y cifras de personas desaparecidas en México.
En el informe de 35 páginas que entregó al Comité, el ombudsman reconoce que el Estado mexicano no sabe el número de desaparecidos que existen en el país.
“No existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y una estadística confiable”, admitió el presidente de la CNDH.
Muchas bases de datos ninguna certeza
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló en su informe en Ginebra que se tienen dos bases de datos sobre personas desaparecidas en México.
La primera, con 4 mil 038 casos reportados hasta diciembre de 2014. Y otra con fecha de hasta diciembre de 2012 –mes que terminó el sexenio del expresidente Felipe Calderón- que cifra en 24 mil 809 las personas desaparecidas.
En ninguna de las bases de datos se establece la causa de la desaparición.
“Por la insuficiencia de la información no es posible especificar en cuántos de estos casos existen indicios de desaparición forzada con la participación o aquiescencia de servidores públicos, cuáles son atribuibles a la delincuencia organizada y cuáles corresponden a personas no localizadas”, concluye el informe de la CNDH.
Esta inconsistencia entre el número de personas desaparecidas o no localizadas en el país, además de los casos de desaparición forzada, pone en evidencia al Gobierno frente al principal reclamo social que existe en el país.
Cada quien su información
En México, cada una de las dependencias federales tiene su propia base de datos: la CNDH, la PGR, la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En consecuencia existe una danza de “cifras oficiales” sobre este fenómeno calificado ayer por la CNDH como un “problema serio de seguridad”.
Cuando comenzó el sexenio, la actual administración federal de Enrique Peña Nieto dio a conocer que el número de personas desaparecidas era de 26 mil 121.
Meses después el mismo Gobierno Federal aclaró que, después de una actualización, se contabilizaban 18 mil 955 desaparecidos.
El año pasado la cifra se redujo a 8 mil casos, pero luego en el mes de octubre se manejó otra vez la de los 23 mil 271 personas desaparecidas.
“No existe hasta el momento un análisis claro sobre la realidad de este fenómeno, razón por la cual se debe proceder a la verificación de los datos señalados con una metodología apropiada y una adecuada articulación entre las instancias de Gobierno Federal, estatal y municipal y la propia CNDH”, se lee en el documento.
En su informe presentado ante el CED, la CNDH recordó el compromiso incumplido con el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidades, órgano con quien se comprometió en el 2009 a entregar una base de datos de las personas desaparecidos.
Pero en la información que se pudo documentar no se logró acreditar la responsabilidad directa o indirecta de servidores públicos.
Instituciones sin fuerza
La debilidad institucional que enfrenta el gobierno mexicano se confirma con la promulgación en el 2012 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, legislación que hasta la fecha carece de un reglamento para que este mecanismo funcione plenamente.
Es el mismo caso del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que para la CNDH funciona sin criterios claros para alimentar este fuente de información.
En su comparecencia ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), el presidente de la CNDH habló de la necesidad de promulgar una Ley General sobre Desapariciones Forzadas, que regule todo lo relacionado con este delito en el país.
En México el delito de de-saparición forzada está contemplado a nivel Federal y en algunos estados, pero no se ajusta a los estándares internacionales en esa materia.
La promulgación de esta ley es un viejo compromiso -incumplido hasta la fecha- que adquirió el Gobierno Federal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la sentencia del Caso Radilla Pacheco contra México en el 2008.
La lista de incumplimientos de México en el tema de desapariciones forzadas incluye también la falta de reconocimiento por parte del Estado mexicano para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas reciba y conozca denuncias individuales de mexicanos que hayan sido víctimas de este delito de acuerdo a la Convención Internacional.
México no ha reconocido la competencia del Comité de la ONU para recibir y analizar este tipo de casos individuales de víctimas del delito de de-saparición forzada.
El día de ayer Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, adelantó que México está analizando reconocer la competencia del CED que está pendiente desde el año 2010.
Gómez Robledo encabezó la delegación mexicana que participó en la primera de dos audiencias con el Comité para revisar el caso mexicano en el tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Por su parte, la CNDH exhortó una vez más al Ejecutivo Federal para que acepte a la brevedad la competencia de este órgano de Naciones Unidas.
Esa petición forma parte de las 14 medidas que propuso para atender el tema de la desaparición forzada en México.
Las recomendaciones
La CNDH informó en la reunión que ha emitido 13 recomendaciones por desaparición forzada que involucran a 37 víctimas.
Las recomendaciones han sido contra la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la PGR.
Además de los estados de Colima, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas, así como los municipios de Oaxaca de Juárez, San Pedro Garza García, Ayutla y Santa Catarina.
Van en busca de justicia
En el primer día de audiencia ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas estuvieron presentes algunos de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del año pasado en el municipio de Iguala, Guerrero.
“Hemos decidido venir aquí a este Comité, para conseguir algo de apoyo y obtener realmente justicia, ya que nuestro gobierno es incapaz”, comentó Bernabé Abraján, padre de Adán, uno de los normalistas desaparecidos, a los periodistas reunidos en la audiencia.
La reunión en Ginebra del Comité contra las Desapariciones Forzadas inició con un minuto de silencio en memoria de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
También participaron representantes de organizaciones de derechos humanos en México –el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan y el de Miguel Agustín Pro Juárez -que solicitaron al CED que exhorte al gobierno mexicano a no cerrar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Días antes de viajar a Ginebra, Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos, había mencionado su intención de que el Comité intervenga para que se investigue a los elementos del Ejército del 27 batallón de Infantería en Iguala.
Ortega detalló que los militares estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
“Es necesario que nos apoye el Comité para que se abra una línea de investigación contra el Ejército y también contra el exgobernador (Ángel) Aguirre”, expresó.
También aseguró que buscarían que no se criminalice a los normalistas y que no se les vincule con el grupo criminal conocido como Los Rojos, así como que el caso se tipifique como desaparición forzada.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
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