Muestra de ello, apuntó, son los más de 110 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales.
A casi ocho años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Comité anunció que iniciará en esta entidad una gira nacional para exigir al Estado mexicano que acate la resolución judicial emitida por el noveno tribunal colegiado, donde ordena buscar en las principales cárceles y campos militares a fin de dar con el paradero de los dos luchadores sociales.
Esa resolución, apuntó, es un hecho que por sí mismo sienta un precedente jurídico-político en la lucha histórica por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos en México.
La gira, denominada “Desaparición forzada, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad”, recorrerá varias ciudades del país, donde los participantes se proponen dar nombre y apellido a cada una de las víctimas y exigir al Estado que acate la resolución judicial.
El Comité destacó que en una situación similar se encuentran las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos; el indígena chatino Lauro Juárez; el profesor Carlos René Román Salazar; Teodulfo Torres Soriano, y los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.
Reconoció, asimismo, que la lucha emprendida por los familiares de los normalistas de Ayotzinapa ha sido abrazada por el pueblo mexicano, porque la violencia proviene del Estado mexicano.
Sin embargo –subrayó–, no debe extrañar que la versión oficial de que fue la “delincuencia organizada” la que ejecutó ese crimen contra los normalistas haya caído por su propio peso y colocado a las fuerzas castrenses como responsables de estos y todos los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.
El Comité, conjuntamente con la Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), demandaron que el Estado acepte la búsqueda en los cuarteles militares, porque no es un hecho fortuito ni una concesión benevolente, se trata de un logro basado en una lucha emprendida tanto en el aspecto jurídico como en el político.
Las organizaciones consideraron que el movimiento popular en su conjunto debe mantener en alto las banderas por la exigencia de la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos porque son del pueblo.
De igual manera, destacaron la necesidad de conformar un organismo colectivo o una asociación de familiares en el plano nacional, para romper el miedo del silencio y sacar del anonimato a las miles de víctimas de estos crímenes de Estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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