“Allá donde le rasquen sale pus, esa es la verdad”, afirmó.
Preciado, quien será el candidato del PAN a la gubernatura de Colima, afirmó que en esa entidad ha habido “denuncias muy claras” sobre el enriquecimiento ilícito de casi todo el gabinete estatal.
El panista recordó entre 1997 y el 2000, cuando fue diputado local por primera vez, se inhabilitó a varios funcionarios por haber cometido faltas a la Ley y hacerse de recursos de forma ilícita.
“Recuperamos más o menos unos 200 millones de lo que se habían llevado a su casa, entre ellos camionetas, casas y demás”, dijo.
En el 2003, Preciado fue encarcelado por difamación, por una denuncia presentada por el entonces secretario de salud estatal, Christian Torres, a quien acusó de haber operado a su perro en el Hospital Regional Universitario.
En el 2007, el Congreso de Colima lo destituyó por como diputado local en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral por haber perdido la protección de la justicia federal en un amparo por la acusación de difamación.
Preciado atribuyó todos esos hechos a la reacción de los priistas en la entidad por haberlos obligado a rendir cuentas.
“La realidad es que a partir de esa primera experiencia como diputado local, nos permitió meterle orden al estado, nos permitió poner por primera vez sanciones a los funcionarios públicos y nos permitió por primera vez recibir dos intentos de homicidio, 17 denuncias penales en mi contra y una vez en la cárcel, así como que mucho gusto que les dé que andemos sancionando gente pues no lo hay”, comentó.
La corrupción de todos los días
Martha Leticia Sosa Govea sostuvo que son conocidos los hechos de corrupción en la entidad.
“En Colima, en este gobierno, siempre ha existido la presunción de la corrupción, del tráfico de influencias, del abuso de autoridad”, acusó.
La legisladora lamentó que ninguna de las entidades fiscalizadoras, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puedan tomar cartas en el asunto por impedimentos legales o políticos.
En el caso de la ASF, no puede realizar ninguna investigación a menos que se trate de recursos federales.
“En el órgano interno de control, desde el momento que su superior jerárquico es el propio gobernador, es imposible que pueda hacer un trabajo profesional. Y en el caso del órgano de fiscalización, lamentablemente es manejado por una mayoría priista en el Congreso del estado y, desde luego, cubren todas las trapacerías y todos los abusos que comenten sus gobernadores”, sentenció Sosa.
La legisladora federal, que quedó en segundo lugar en el proceso electoral pasado, aseguró que la actitud del gobernador Mario Anguiano le ha pegado no solo a él y su grupo, sino a las instituciones, pues se fomenta la falta de credibilidad en ellas.
“Nunca como ahora se ha visto tan obvio, tan carente de atención a la ciudadanía, de dar resultados, de obra pública, como en este sexenio. Y para colmo, parece que tuvo suerte, pues huracanes como ‘Jova’ le han permitido hacer de las suyas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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