En entrevista para Aristegui CNN, indicó que una de las principales preocupaciones es “la búsqueda de las personas desaparecidas, tratando de garantizar a través de las políticas que las búsquedas de las personas desaparecidas sean lo más rápido posible y más eficaces posibles, por lo tanto, que se puedan afianzar las instituciones del Estado dedicadas a esta materia y coordinar las distintas instituciones que están participando en este tipo de tareas”.
La segunda preocupación para el comité es “la cuestión de los registros. Ha sido de gran preocupación, por parte del Comité, la ausencia de estadísticas claras sobre la cantidad de desapariciones forzadas y sobre todo la falta de distinción entre las megadesapariciones y las desapariciones forzadas”.
Apuntó que “el Comité ha evaluado por distintas razones la situación en México y puede describirse como una situación generalizada, en base a que fundamentos del Comité establecen que estamos frente a desapariciones generalizadas, en primer lugar porque lo que vemos es una masividad”
Y “aunque los números no son claros, sí estamos hablando de diferencias de miles, es decir, estamos hablando de miles de desaparecidos, con lo que la cuestión cuantitativa que define la generalización está prácticamente dada”.
Lo que el Comité interpretó “es que no estamos viendo desapariciones focalizadas en algún lugar del Estado, sino que tenemos buena parte de los territorios del país donde ocurren estas, salvo en varios estados en el sur del país. Lo que vemos es que casi más de la mitad o casi dos tercios de los estados tienen básicamente un problema con el flagelo de la desaparición forzada”, explicó.
“Lo que vemos es poca respuesta de la justicia penal en relación con las desapariciones, lo que vemos es una situación de impunidad donde el mismo Estado Mexicano cuando le pedimos precisiones en relación con hechos de desapariciones forzadas que hubiesen avanzado en la justicia penal, nos mencionó solamente seis casos, estamos hablando de miles de desapariciones de los cuales solamente seis han tenido respuesta en términos jurisdiccionales”, resaltó.
Hazan recordó que “cuando hablamos de desapariciones forzadas en términos jurídicos en el marco de la Convención, lo que estamos diciendo es que hay una persona privada de la libertad de manera ilegal pero que al mismo tiempo con esa privación contó con alguna forma de participación del Estado”.
Lo que “no quiere decir que la persona que haya sido secuestrado a la víctima no sea necesariamente un oficial de policía, del Ejército o algún miembro del Estado, sino que haya prestado algún tipo de apoyo o incluso en caso de aquiescencia del Estado, es decir, aquellos casos que el Estado de alguna forma está dejando que las desapariciones ocurran, por ejemplo, a través del crimen organizado”.
Por lo que el Comité realizó recomendaciones, tratando de establecer distintos “estándares mínimos para el cumplimiento de las obligaciones que el Estado de México tiene con la Convención”.
Sobre el tema de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que el comité plantea que “de alguna forma ilustra la gravedad de la situación, los desafíos que el Estado Mexicano enfrenta, en relación con esta investigación, sanción y búsqueda de las personas desaparecidas. En cuanto al valor que yo puedo asignar en términos personales a la situación, nosotros realmente pensamos y creemos que hay que darle el mismo valor a los miles desaparecidos”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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