Previamente, en una reunión a puerta cerrada entre los miembros del Comité y organizaciones no gubernamentales, Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján; e Hilda Leguideño, madre de José Antonio Tizapa, solicitaron a la ONU que presione al gobierno mexicano para que no cierre el caso y prosiga con las investigaciones sobre el paradero de sus hijos.
“Les pedimos que exijan al gobierno mexicano que se hagan bien las investigaciones. La Procuraduría General de la República (PGR) dice que están muertos, pero no le creemos: una vez ya nos dijeron que nuestros hijos estaban en fosas y no era cierto. Les solicitamos que presionen al gobierno para que diga lo que realmente pasó con nuestros hijos”, comentó a Apro Hilda Leguideño.
Los miembros del Comité “manifestaron (a los padres) la voluntad de que las recomendaciones, que harán al gobierno mexicano al término de la evaluación, aporten a la búsqueda de los desaparecidos”, señaló a esta agencia Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de I(dh)eas, una organización de litigio estratégico en derechos humanos.
México, como otros 44 Estados, ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por lo que presentó un informe de revisión en abril pasado. En enero pasado respondió a las preguntas que formularon los miembros del comité.
En las dos sesiones públicas que hoy tuvieron lugar en la sala de conferencias del Palacio Winston, los cuestionamientos de los miembros del comité al desempeño del gobierno mexicano no paraban, principalmente los que provenían de los dos relatores, Rainer Huhle y Luciano Hazan.
“El eje central de esta discusión es la distancia que existe entre las palabras y los hechos”, sentenció Hazan.
La carencia de cifras y metodologías precisas sobre el número de desapariciones forzadas fue uno de los temas recurrentes, así como el laberinto legal que representa la repartición de atribuciones judiciales entre la federación y los estados.
La delegación del gobierno mexicano, compuesta por 27 personas, no dio respuesta precisa a esa y otras preguntas concretas que se les solicitaron con insistencia, como el número de funcionarios suspendidos por estar implicados en desapariciones o si había un plan del gobierno de Enrique Peña para regresar al Ejército a los cuarteles.
Las explicaciones enredadas de los mexicanos sobre las competencias de los estados y la federación no ayudaron, pues los miembros del comité continuaban planteado las mismas preguntas.
El jefe de la delegación mexicana y subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Juan Manuel Gómez Robledo, metió la polémica en la reunión.
Primero señaló que el gobierno de México “sigue evaluando” si reconoce las peticiones individuales en el comité, y minimizó la importancia del mismo al declarar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la prioridad del país en materia de justicia internacional.
La evaluación continuará la mañana de este martes 3, tras lo cual los miembros del comité elaborarán un reporte con recomendaciones al gobierno mexicano.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario