“La grave consecuencia (de la falta de eficacia en la actuación de la fiscal) sería haber declarado el sobreseimiento (es decir, la suspensión del proceso contra el inculpado)”, alertó el juez a la reportera y a su compañera Adriana Elizabeth Palacios.
Sin embargo, el juez consideró esta posibilidad “contraria a los derechos fundamentales de las ofendidas”, para enseguida anunciar que no cancelaría el proceso.
Nora Urquiza, abogada defensora de Fonseca Durán, acudió ante el juez Argüello en audiencia para pedir el sobreseimiento parcial de la acusación en contra de su representado, y acusó a la fiscal Yolanda Ramírez de haber incumplido con el procedimiento de notificarle que había efectuado el cierre de la investigación complementaria, lo que ocurrió cerca de la medianoche del lunes 2.
Según lo expuesto por la defensora de Fonseca Durán, cuando ella acudió el martes 3 a consultar la carpeta a la oficina del Ministerio Público, inicialmente no le fue proporcionada, y más tarde, cuando pudo revisarla, no encontró el documento que consignara el cierre de la investigación, mismo que después fue presentado por otra persona de la Procuraduría.
Cuando ella hizo notar esta irregularidad y reclamó no haber sido notificada, el personal de la PGJE se negó a dejar constancia de ello, dijo ante el juez.
Y alegó que este desaseo en los procedimientos afectó el debido proceso en perjuicio del exjefe policiaco, por lo que solicitó suspender el caso en su contra.
Al revisar la situación, el juez Argüello dijo que su obligación es vigilar que las etapas del proceso que se sigue por el ataque cometido en contra de Silva Guerrero y las amenazas vertidas contra ella y su compañera Adriana Palacios por su trabajo periodístico se cumplan y cada parte atienda a las obligaciones y facultades que le corresponden.
Luego regañó a la fiscal que representa a la reportera. “Que me diga que no sabe de cuántos tomos consta el expediente, y que unas actuaciones están cosidas y otras no, deja mucho qué desear y hasta da en qué pensar. No tengo la certeza de que el documento (sobre el cierre de la investigación) haya sido siquiera elaborado” en el plazo legal establecido, fustigó.
“La Fiscalía propició una falta de certeza con su actuación”, sentenció el juez, quien no obstante ponderó las consecuencias de esta falta y determinó que éstas no son graves, además de tomar en cuenta que la suspensión del proceso afectaría los derechos de las víctimas, por lo que rechazó la petición de los defensores del inculpado, quien regresó a la prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Irapuato, donde permanecen otros dos autores materiales del ataque a Karla Silva.
Un cuarto agresor, Luis Gerardo Hernández Valdenegro, salió libre hace unos días luego de acordar con la fiscal Yolanda Ramírez que admitiría su participación en la golpiza y las amenazas en contra de la reportera, a cambio de sujetarse a un juicio abreviado que le permitió quedar en libertad condicional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
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