Según el mandatario, el rancho Pozo Nuevo es propiedad de sus hermanos no de él.
Es más, dijo que éstos apelarán la decisión emitida por la autoridad federal y adelantó que ya construyen un nuevo “bordo”, justo en el espacio donde se ordenó se demoliera toda obra.
Padrés tardó tres días en responder a la opinión pública sobre los resolutivos de Conagua y siete desde que sus familiares fueron notificados sobre la ilegalidad en la que incurrieron al construir tres represos, con una capacidad total 1.7 millones de metros cúbicos, y la extracción ilegal de agua en dos pozos.
“Le agradezco a la Conagua la resolución porque a partir de una investigación ha quedado todo claro y este proceso seguirá en tanto mis hermanos continúan trabajando”, señaló.
Se está analizando apelar el resolutivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dijo Padrés Elías.
Hasta este viernes no se había cubierto la sanción de 3 millones 47 mil pesos impuesta por la autoridad federal.
“Hay más de 2 mil represos como estos y ojalá no les hagan lo que le están haciendo a mis hermanos porque los productores luchan mucho para salir adelante y el objetivo de un gobierno es facilitar las acciones para que sigan trabajando”, expuso el jefe del Ejecutivo estatal.
La existencia del rancho Pozo Nuevo fue revelada por un telerreportaje en el mes de septiembre, durante la emergencia originada por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, a cargo de Grupo México.
En dicha investigación se evidenció que en el rancho “Pozo Nuevo”, ubicado en Bacanuchi, municipio de Arizpe, se construyó una presa gigante, de 120 metros de largo por 80 metros de alto, con una capacidad para almacenar supuestamente 4 millones de metros cúbicos de agua, a fin de irrigar 300 hectáreas de nogal y en perjuicio de 248 habitantes.
En respuesta, el gobernador sonorense expulsó del Comité Estatal de Emergencia, reunido para atender el derrame minero del 6 de agosto, a los delegados federales de Conagua, Semarnat y Profepa, por participar en el telerreportaje.
De igual forma, urgió al presidente Peña Nieto la destitución del procurador ambiental, Guillermo Haro Bélchez, acciones que advirtieron un conflicto de interés entre su responsabilidad pública y las actividades económicas familiares.
Esta propiedad también le atrajo una denuncia penal ante la PGR por enriquecimiento inexplicable, toda vez que en 2009, en coincidencia con el inicio del sexenio padrecista, el rancho tenía un valor de 10 millones de pesos y para 2014, el precio incrementó casi un 900%, al establecerse en 89 millones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
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