En una misiva enviada al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, las agrupaciones que representan a familiares de desaparecidos alertaron sobre el futuro que tendrán las recomendaciones enviadas por el CED, dada la inconformidad que manifestó esa dependencia y también la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Precisaron que el comunicado de esas dos secretarías, en el que se señala que las recomendaciones “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”, es “irrespetuoso para las víctimas de desapariciones y sus familiares”.
Además, “no reconoce la gravedad ni dimensión de la situación de las desapariciones en México”, que por experiencia y la estadística oficial refleja una “situación generalizada”.
Para los activistas, el cuestionamiento a los expertos independientes por parte del gobierno federal “es un desacato a una instancia internacional a la que México se ha sometido, y un aviso sobre las dificultades que tendrá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité”.
Consideraron que el comunicado emitido por la Segob y la Cancillería “es un claro mensaje para diversas autoridades que se pronunciarán o actuarán en el mismo sentido, dificultando los procesos de búsqueda, justicia, verdad y reparación para las víctimas. También se dificultará la adopción de medidas y políticas estructurales”, apuntaron.
Luego de subrayar que coinciden con las observaciones del CED sobre los pendientes, los firmantes aclararon a Osorio Chong que el gobierno mexicano falló en sus obligaciones internacionales.
“El Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED”, hecho que fue considerado en el informe de actividades de ese órgano, que también “ha solicitado hacer una visita a México”, sin obtener una respuesta.
Las organizaciones –entre ellas la Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos– también pidieron al titular de la Segob un pronunciamiento de reconocimiento del CED, que “exprese claramente su voluntad para cumplir” con las recomendaciones y que convoque a organizaciones civiles y a actores involucrados para atender las observaciones.
De igual manera, que las políticas públicas “tengan su centralidad en el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones en esa materia”, así como garantías de seguridad para los denunciantes de desaparición y procurar “justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares”.
En el mismo sentido se pronunció este martes Amnistía Internacional al señalar que “el gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en torno a estas recomendaciones (de la ONU) puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país”.
En un comunicado detalló que con 23 mil desaparecidos, “muchos de ellos casos de desapariciones forzadas cometidas por policías y fuerzas militares”, México debería “aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos de la ONU”.
Amnistía Internacional llamó al gobierno de Peña Nieto a corregir y “aceptar pública y oficialmente todas las recomendaciones formuladas por el CED, además de adoptar todas las medidas necesarias” para aplicarlas, proceso que “sólo puede tener éxito con la plena participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto con ellos”.
También exhortó al gobierno mexicano a dar pronta respuesta a la solicitud del CED para visitar México, y “dar a los miembros del Comité todas las garantías necesarias para realizar con éxito su tarea”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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