Entre las medidas propuestas por el ombudsman nacional durante el encuentro realizado este lunes 2 de febrero en Ginebra, Suiza, destacan el reconocimiento de la competencia de dicho Comité para recibir peticiones individuales, aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada y expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Sostuvo que es necesario continuar con la búsqueda y registro de fosas clandestinas, así como con la identificación de personas, además de crear un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la construcción de una base de datos.
También planteó que la obligación de investigar no sólo debe limitarse a encontrar y sancionar a los responsables, sino a dar con el paradero de los desaparecidos; establecer protocolos de búsqueda de desaparecidos y crear un Sistema Nacional de Información Genética.
Además, poner especial atención en la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
En el plan, el titular de la CNDH agrega que se debe tipificar el delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición, así como la capacitación y profesionalización de cuerpos policiales.
Sobre el caso Iguala, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleva a cabo una investigación, para lo cual creó una Oficina Especial para atender el caso y ha tenido reuniones con familiares de los estudiantes, que aceptaron el acompañamiento del organismo.
En su informe, el ombudsman nacional enfatizó la urgencia de que en México se realice una labor de sistematización, compulsa y depuración de las bases de datos con las que se cuenta.
Ello mediante una adecuada metodología y criterios claros que permitan establecer en qué casos existen señalamientos de desaparición forzada, imputada a agentes del Estado o a particulares que actúan con el apoyo o tolerancia de agentes del Estado.
El presidente de la CNDH también planteó definir en cuáles casos la responsabilidad se imputa a la delincuencia organizada y aquéllos que correspondan a personas reportadas como no localizadas, sin que en alguno de esos casos se puedan descartar los supuestos señalados.
De acuerdo con González Pérez, en México los derechos humanos enfrentan una etapa crítica y desafiante, pues pese su reconocimiento con la reforma constitucional de 2011, “los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad”.
El informe íntegro que presentó el titular de la CNDH.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.
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