Si bien el relator para el caso de México de ese comité, Luciano Hazan, conviene en que el Estado mexicano tiene el derecho de evaluar las recomendaciones emitidas por dicha instancia de Naciones Unidas, advierte lo siguiente:
“Lo que debe quedar claro es que nuestras recomendaciones están basadas en las obligaciones que asumió México al haber ratificado (en 2008) la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CID). Lo que el comité está haciendo es simplemente traducir en recomendación tales compromisos.”
El martes 3 el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade, declaró que “el país está en libertad de ponderar (las recomendaciones) conforme a sus propias circunstancias, y de ponderar cuál de ellas efectivamente contribuirá a generar un mejor entorno”, de acuerdo con una nota del diario El Universal.
“México cumplió, reportó y respondió a diferentes cuestionamientos e interrogantes. Lo hizo por espacio de dos días y estará atento a recibir las recomendaciones”, abundó Meade refiriéndose al examen al que se sometió el gobierno mexicano –el 2 y 3 de febrero en la sede del CDF-ONU, en Ginebra, Suiza– en torno al cumplimiento de la CID.
En entrevista con Proceso, Hazan expone que el CDF-ONU espera que el gobierno del presidente Peña Nieto acepte las sugerencias y “continúe su diálogo” con esa instancia de Naciones Unidas.
“Si el Estado tiene alguna dificultad para instaurarlas, el comité también puede escuchar cuál podría ser la dificultad y ejercer una recomendación posterior”, explica el relator argentino; enfatiza que el CDF-ONU “no es un tribunal jurisdiccional” y trabaja “de manera constructiva con los Estados”, pues “está orientado a proteger a las víctimas”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL Y MATHIEU TOURLIERE
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