Un grupo de 73 ejidatarios vendió sus terrenos en 2005, luego de la devastación que dejó el huracán Wilma, por 5 millones de pesos, bajo argucias legales del empresario Fernando Ponce, según acusan; otros 40 comuneros se negaron a hacerlo y en medio del conflicto, 16 pobladores están encarcelados desde el 24 de julio de 2014 acusados de “cortar mangle”, aunque la defensa advierte que no existen pruebas para inculparlos.
Holbox, una isla virgen de la reserva Yum Balam, declarada área natural protegida con una extensión de 155 mil hectáreas y 2 mil habitantes se encuentra en disputa legal desde hace 10 años. En tanto, el proyecto para desarrollar turismo exclusivo llamado La Ensenada, está a cargo de la empresa Península Maya Developements.
En el proyecto se explica que se pretende construir tres hoteles boutiques con 50 a 75 habitaciones, “colección de tiendas pintorescas”, una sala de estar frente a la playa, un área para espectáculos con capacidad para 175 a 225 personas.
En la página de internet, la empresa asegura que ha tenido diversos encuentros con la comunidad local y contratado a “numerosos y reconocidos planeadores a escala mundial” por lo que han elaborado un “plan maestro que ha sido mejorado a través de numerosos ciclos de diseño, en donde cada ciclo evoluciona en un plan ambientalmente más racional”. Sin embargo, aún faltan concretar los permisos ambientales y las resoluciones judiciales entre los comuneros para iniciar la construcción.
“Venderemos cuando nos lleguen al precio”
Benigno Correa, ejidatario de Holbox, es uno de los 40 comuneros que no vendió su terreno en 2005. En 2014, fue elegido como representante ejidal en una asamblea que se desarrolló fuera de la comunidad y con resguardo policial, donde además se aprobó la división de la isla en cuatro ejidos, con la participación de los nuevos dueños de parcelas.
Correa advierte que su lucha es por el reconocimiento de su gestión como comisario ejidal, impugnada ante el Tribunal Unitario Agrario por su opositor, Nivardo Mena, quien se ostentaba como representante del ejido desde 2012.
De ganar, dice, la venta de los terrenos será más ordenada y por un precio mucho mayor al que consiguieron los primeros en ceder a la venta. “Tal vez un día que nos lleguen al precio, tal vez lo tengamos que hacer, pero hasta ahorita no hemos ni una venta. Y sería por más de cinco millones, ellos vendieron hace nueve años”.
Cuando se le pregunta por la cantidad, responde que “han llegado propuestas de corredores, pero cuando se nos acercó el primer comprador, pedimos 99 millones de pesos, como está tasado en el Registro Público de la Propiedad”. Aunque hasta el momento no existe acuerdo alguno, de lograrlo, insiste, pedirán un “pago justo”.
En tanto, la familia de Nivardo Mena, propietaria de parcelas, vendió desde un principio. Pero mantiene un litigio por despojo contra el empresario Fernando Ponce García, quien convenció a los ejidatarios de generar mayor desarrollo turístico a través de la constitución de un Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox. Para ello, les pidió “aportar” sus parcelas para encontrar comprador, quien resultó ser la empresa Península Maya Development S.A. de C.V.
En tanto, en el litigio sobre la representación ejidal, el Tribunal Superior Agrario (TSA) concedió un amparo a Nivardo Mena para ser restituido como comisario ejidal. Sin embargo, Benigno Correa advierte que no es una resolución definitiva.
Los detenidos
El 24 de julio de 2014, días después de la controversial asamblea, se implementó un operativo que incluyó a elementos de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la que detuvieron en flagrancia a 16 personas “cortando” mangle.
Se trata de pescadores que no hablan español, jardineros, topógrafos, y un estudiante que permanecen en el Centro de Reinserción Social, (Cereso) de Cancún, sin alcanzar fianza, toda vez que el delito de tala de especies en peligro de extinción es considerado un ilícito grave en el Código Procesal Federal.
Sin embargo, de acuerdo con la defensa, hasta el momento no se ha presentado evidencia de ningún tipo para acreditar la supuesta flagrancia, además de que los daños ambientales por los que fueron acusados se habían realizado al menos 15 días antes de la detención.
Luego del auto de formal prisión emitido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, la defensa a cargo de Alejandro Aguirre Buenfil, mantiene el intento por demostrar la inocencia de los implicados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
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