El anuncio de esta semana cumple dichas condiciones: muestra un presunto nuevo plan contra la corrupción, acompañado de un descuidado discurso presidencial y de una mala selección del funcionario encargado de aplicarlo, que tiene una encomienda increíble.
En esta ocasión no se recurrió a la parafernalia oficial. Simplemente se convocó a una rueda de prensa, en la que Peña Nieto hizo el anuncio. Como en todos los casos anteriores, entrelaza nuevas iniciativas con acciones ya en marcha (que en poco o en nada han contribuido a mejorar el ejercicio gubernamental o la imagen presidencial), pero con un mensaje lleno de contradicciones.
Al inicio de su mensaje enfatiza que su actuar “se ha apegado al marco jurídico vigente” y que ni siquiera ha incurrido en ningún conflicto de interés, puesto que “el presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios”. Pero se preocupa porque “los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”.
Y señala que el tercer tipo de conflicto de interés que identifica la doctrina en la materia son “los aparentes, en donde existe la percepción o la sospecha de que hay un conflicto de interés, sin que en realidad exista influencia indebida en la toma de decisiones, ni violación legal alguna”. Así, Peña Nieto no únicamente se autoexculpó de cualquier delito o irregularidad administrativa; incluso ubicó su caso dentro de lo que él denominó la doctrina sobre los conflictos de interés.
Pero, sabiendo que su veredicto no sería confiable para la opinión pública, concluyó su discurso con un énfasis: “Reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor”.
En el mismo acto y discurso nombra a su investigador; lo instruye para que lo investigue y le dicta la resolución.
Sin embargo, para dejar claro que no entiende lo que es un conflicto de interés, quien debe cumplir su encomienda es Virgilio Andrade, que además de ser su subordinado es un viejo y entrañable amigo de otro de los investigados, Luis Videgaray, titular de Hacienda.
También es un probado defensor de las causas priistas, primero como representante suplente de dicho partido ante el Consejo General del IFE y, posteriormente, como Consejero Electoral, de 2003 a 2010. Andrade está vinculado a grupos políticos del Estado de México, desde que en 1989, cuando sólo tenía 22 años, fungió como coordinador de asesores del entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, Augusto Ponce Coronado, quien había sido coordinador de campaña de Jorge Jiménez Cantú (gobernador del Estado de México de 1975 a 1981).
Al día siguiente de su designación, en entrevista con el periódico Reforma, Andrade también contribuyó a desacreditar su encomienda: dejo claro que lo único que investigará es la asignación de los contratos de obras públicas federales (en lo que va del sexenio) a los dos constructores involucrados en la venta de las casas. Anticipó que no revisará los beneficios extraordinarios que obtuvieron Angélica Rivera, Peña Nieto y Videgaray por el trato privilegiado que recibieron de los vendedores de sus casas, ni mucho menos las fortunas de los dueños de las constructoras.
A Angélica Rivera le vendieron una casa de 86 millones de pesos en 54 millones, es decir, con un descuento de 37% y con un crédito no bancario a una tasa preferencial de 9% anual, en el momento en que las tasas promedio se encontraban en 12%. A Videgaray le facilitaron otra casa de más de 11 millones de pesos en sólo 7.5, es decir, un descuento de 35%, le permitieron pagar un enganche del 8% de ese valor y le financiaron el 92% restante a una tasa de interés de 5.31% anual, cuando la tasa promedio era de 12%.
En el caso de Peña Nieto, se sabe menos de las condiciones en las cuales los San Román le vendieron su casa en Ixtapan de la Sal, pero es un hecho que el valor promedio del metro cuadrado subió en estos 10 años en 75% (él compró los 2 mil 138 metros cuadrados en aproximadamente mil 900 pesos por metro, y hoy el terreno más barato vale 3 mil 300 pesos por metro cuadrado). Los tres recibieron grandes beneficios.
Y las dos constructoras también vieron crecer sus contratos con el gobierno del Estado de México, primero, y luego el federal. El Grupo Higa, en los nueve años que Peña Nieto ha encabezado un gobierno, ha recibido contratos por 60 mil millones de pesos, y las empresas de Roberto San Román obtuvieron encargos del Estado de México por más de 100 millones de dólares y han recibido 11 contratos en lo que va de la actual administración federal. Ni Peña Nieto ni Videgaray estuvieron en los procesos de adjudicación, pero sí instruyeron para que se les otorgaran los contratos; difícilmente se puede encontrar otra explicación a su repentino y vertiginoso crecimiento.
Nada de esto aparecerá cuando revisen los procesos de asignación; seguramente los funcionarios responsables de los mismos cubrieron todos los requisitos legales y, si no ellos, Andrade tendrá el cuidado de hacerlo, pues sólo él tendrá acceso a la documentación correspondiente.
El conflicto de interés tiene que investigarse desde las dos partes: los funcionarios públicos involucrados y las compañías ganadoras, no únicamente revisando los procesos de asignación de los contratos, sino su operación global. Pero Andrade ya dejó claro que tendrá el cuidado de no hacerlo así; él investigará donde no encontrará nada ilícito o irregular.
Los nuevos anuncios presidenciales de combate a la corrupción logran exactamente el efecto contrario al que pretenden, por lo burdo y desaseado de la maniobra. La simulación nació muerta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
No hay comentarios:
Publicar un comentario