En junio de 2013, se filtró una llamada telefónica de la diputada Purificación Carpinteyro y José Gutiérrez Becerril, ex director de Pymes de Telefónica México. Se escuchó el cierre de un pacto, que incluía una serie de negocios en el ramo de telecomunicaciones en los que se aliarían con Telmex para competir con Televisa. La legisladora propuso aprovechar la reforma constitucional y las leyes secundarias en telecomunicaciones, para iniciar un negocio de reventa de servicios de telefonía móvil, televisión de paga e internet.
“Ejemplos como los anteriores se consideran conflictos de intereses, porque se define como situaciones en la que el funcionario público tiene suficiente interés personal o privado tal que, en base al mismo, el ejercicio de sus funciones se vea influenciado por aquel”, subraya el abogado Jorge Pereira, especialista en derecho público.
El senador Zoé Robledo afirma, “hoy los votos ya no son suficientes para legitimarnos, hoy los votos nos llevan a un cargo, pero es la transparencia como un hecho cotidiano y una conducta habitual, la que nos va permitir recuperar la confianza de los ciudadanos”. Bajo esa premisa, aunado a que “en las calles de México, la frase constante, ‘sin los políticos, todos los problemas del país se solucionarían’, fue lo que impulsó el proyecto que daría paso a la creación de una iniciativa de ley sobre el conflicto de intereses”, comenta Robledo.
Dicha iniciativa consiste en 3 factores; el formato, donde se establecerá qué información y qué campos debe incluirse al hablar de conflicto de intereses; determinar la presencia de comités externos especializados, que sean quienes prevengan un conflicto de intereses o en otro panorama, investiguen las declaraciones y el escenario de una problemática, para así determinar si hubieron acciones que favorecieron o perjudicaron a un sector de la economía, al mismo tiempo también podría ser el funcionario quien acuda a estas comisiones para consultar si consideran la existencia o no del conflicto de intereses y finalmente promover que la presentación de las declaraciones de intereses sea una obligación de los legisladores.
Aunque la mención de la iniciativa coincide con los recientes escándalos que se han suscitado en torno a las propiedades de Enrique Peña Nieto, Zoé Robledo dio a conocer el primer planteamiento sobre ésta el 15 de diciembre del año pasado. Y su presentación oficial en el pleno será la próxima semana, ocupando el primer lugar de la orden del día. Sin embargo, a partir de esta semana, dio inicio un ejercicio de transparencia nombrado “3 de 3”, también conocido como “legislador transparente”, y “aunque son sólo 4 los legisladores quienes han registrado sus declaraciones, se debe considerar que es el día 1 de la apertura, así que se deben de sacar juicios hasta finalizada la acción”, comenta Zoé Robledo.
legisladortransparente.mx es una plataforma cuyo objetivo es evitar conflictos de intereses; “Dada la creciente necesidad en nuestro país de generar confianza en la ciudadanía, hacia sus representantes, un grupo de legisladores de distintos partidos políticos, en alianza con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, promueven que todo representante popular y servidor público se comprometa a transparentar 3 documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y comprobante fiscal”, comenta Alexandra Zapata, coordinadora del proyecto y miembro de IMCO.
“Al subir sus documentos cada legislador se compromete a impulsar una nueva clase política, en donde no se haga política con dinero ni dinero de la política; gracias a esta plataforma el ciudadano podrá acceder a las declaraciones hechas públicas por los legisladores”, agrega el senador Zoé Robledo.
Puntualizando que “se necesita una autocrítica rigurosa, que exista un acercamiento con la sociedad. Porque la crisis de credibilidad que hoy tenemos no es exclusiva de un solo poder, es
por ello que todos debemos impulsar acciones que nos conviertan en un ente sensible a las peticiones de la ciudadanía, y a partir de ahí conducir hacía una dirección distinta la situación del país, que hoy lo mantiene sumergido en una complicada crisis”.
Sobre el tema, Pereira propone que dentro de cualquier ley que se ocupe de los conflictos de intereses, se debe destacar las siguientes expresiones: a) priorizar y satisfacer regularmente las necesidades colectivas; b) evitar los tratamientos preferenciales y la discriminación; c) bregar por el trato igualitario e imparcial en el manejo de los temas públicos; d) administrar correctamente los fondos estatales y, fundamentalmente, e) evitar toda ocasión propicia que pueda significar un abuso, exceso o desviación de poder.
Además de esto sentencia “se debería incluir la eliminación del fuero. Los funcionarios públicos son justamente los que no deberían tener un fuero, porque detentan poder, son quienes moldean la situación del país, deberían actuar con coherencia hacia el bien público, al no ser una figura legal flexible se corre el riesgo que se haga totalmente responsable de un ilícito que ha cometido, o en su caso que quiera engañar al pueblo haciéndole creer que será investigado, como es el caso de Peña Nieto, que en realidad no es un conflicto de intereses, es un insulto al país, ante la terrible situación de hambre y pobreza extrema que se afronta”.
Pereira agrega “el país debe hacer la figura del funcionario público flexible, desapareciendo el fuero, porque si partimos de la frase ‘el que nada debe, nada teme’, entonces por qué quieres una protección, por qué quieres tener ese fuero, si no vas a hacer nada incorrecto, si más bien dices no hacerlo. Conflictos como los del Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por las propiedades compradas a firmas que obtuvieron contratos con administraciones priistas, se podrán evitar con una propuesta de ley de conflicto de intereses”.
Hoy en México la legislación sobre conflicto de interés en México es prácticamente inexistente y en los casos en los que hay mención explícita al tema, sus mecanismos no son accionables, esto según informes de organizaciones internacionales como Human Rights Wacht (HRW) y Amnistía Interncional. Además de esto, modelos gubernamentales internacionales demuestran que si los funcionarios públicos dan a conocer este tipo de documentación puede servir como una herramienta poderosa contra la corrupción. A la par de incrementar la transparencia y confianza ciudadana, y al mismo tiempo brindar protección a funcionarios de acusaciones falsas.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.
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