Chalreo acudió a los penales de San Miguel y de Cholula, donde se encuentran encarcelados algunos de los líderes sociales, entre ellos el dirigente de la Unión Popular 28 de Octubre, Rubén Sarabia, Simitrio; el alcalde auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes, y el abogado Adán Xicale.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Río de Janeiro, Brasil, dijo que también visitó a otras personas encarceladas en Oaxaca y Guerrero por participar en luchas y movimientos sociales.
En el caso de Puebla, Chalreo calificó el caso del líder de los vendedores ambulantes, Rubén Sarabia, como un encarcelamiento “arbitrario, anticonstitucional e ilegal”.
Simitrio fue encarcelado el 19 de diciembre, supuestamente por violentar su preliberación, pero ya cuando estaba en el reclusorio le abrieron otros procesos judiciales, entre ellos uno por narcomenudeo.
No obstante, su encarcelamiento se atribuye a que la organización 28 de Octubre se sumó a las marchas para protestar contra la represión en Chalchihuapan, el encarcelamiento de opositores a un parque en Cholula y contra los cambios legislativos que afectaron a las Juntas Auxiliares.
El abogado brasileño manifestó que en los casos que reportan en esta entidad ha podido confirmar que se trata de una situación “gravísima”, donde el gobierno cometió violaciones a los derechos civiles de manifestación y expresión, que ocasionaron que decenas de personas se encuentren actualmente en la cárcel o sujetas a procesos judiciales.
Además de expresar la solidaridad de las organizaciones con los activistas poblanos, indicó que su tarea en Puebla es preparar un informe que derive en denuncias en instancias internacionales para que intervengan a favor de la liberación de personas que han sido encarceladas de manera injusta.
“La primera iniciativa será presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero si es necesario elevarlo a Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo llevaremos”, precisó.
Una vez que se fundamenten los casos que se han presentado en esta entidad, señaló que la CIDH podría iniciar un juicio administrativo y emitir una condena en contra del gobierno mexicano, que es firmante del Pacto de San José Costa Rica.
Aparte, Rita Amador, esposa de Simitrio, dijo que también llevarán el caso del líder de la organización 28 de Octubre ante Amnistía Internacional, por todas las violaciones que se han cometido en su reaprehensión y en la fabricación de delitos en contra de Sarabia y de su hijo, como una forma de castigar la solidaridad que mostró la organización con los movimientos sociales de Puebla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
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