Aquel día, cuentan, se encontraron con un grupo de vecinos que marchaba para protestar contra el servicio que presta la Red Urbana de Transporte Articulado (el Metrobús de Puebla). Como caminaban en la misma dirección, las dos mujeres se unieron momentánea e involuntariamente al grupo.
A Juana le dieron un cartel que decía: “No a la tarjeta, sí a la moneda”. Fue su gran delito. Metros adelante se toparon con granaderos que, sin más, se lanzaron contra los manifestantes y al azar detuvieron a ocho. “Me agarraron primero. Mi hija reclamó: ‘¿A dónde la llevan? ¿De qué la acusan?’ Y nada más le dijeron: ‘Tú te callas y también te vas’”, recuerda Juana.
A la fecha ambas siguen sujetas a proceso por los delitos de daño en propiedad ajena, motín, resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación y delitos cometidos contra funcionarios públicos. Les achacan haber participado –un día antes– en otra protesta, de la cual ni siquiera estaban enteradas.
De nada sirvieron los testimonios de los vecinos ni una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para convencer al gobierno del panista Rafael Moreno Valle de que el encarcelamiento de estas dos mujeres no sólo era injusto, sino que dejaba en el desamparo a tres niños de 16, 12 y seis años, hijos de Juana, madre soltera que se gana la vida limpiando casas.
El juzgado fijó una fianza de 240 mil pesos a cada una. Sólo pudieron reunir el dinero endeudándose. “Nos hemos quedado en la calle, con una deuda que tardaré más de 10 años en pagar. Me quedé sin trabajo y todo por hacer nada, sólo por agarrar un cartel”, resume Juana.
Lo que les ocurrió, dice Angélica, debe servir de advertencia a los poblanos: como están las cosas en esta entidad, “uno nunca sabe cuándo irá a parar a la cárcel”.
Presos y perseguidos
En los cuatro años que lleva el gobierno de Moreno Valle –ganó la elección como abanderado de una alianza PAN-PRD-Convergencia-Nueva Alianza–, al menos 224 personas, la mayoría indígenas, han sido detenidas tras participar en protestas, oponerse a obras o inconformarse por políticas gubernamentales.
Los abogados Vladimir Luna y Raúl Rodríguez de la Fuente advierten, además, que dentro del cúmulo de expedientes, el gobierno poblano tiene abierta la posibilidad de girar cientos de órdenes de aprehensión contra otros manifestantes.
Para el abogado René Sánchez Galindo, Moreno Valle convirtió a la Procuraduría de Justicia en “un brazo político” para desarticular movimientos sociales y criminalizar la protesta.
Los defensores señalan que los casos siguen un patrón, ya que las personas son apresadas con violencia y las “desaparecen” horas, mientras se arman expedientes con el mayor número posible de delitos para evitar el derecho a caución. Cuando está listo, se fijan altas fianzas, como si los inconformes fueran delincuentes de alta peligrosidad.
El Movimiento Autónomo Indígena Zapatista denuncia que la mayoría de los presos “de conciencia” de Moreno Valle son de origen indígena, por lo que existen elementos para acusar al mandatario por el delito de discriminación con la agravante de odio.
Agrega que, además del sufrimiento que causan el encarcelamiento y la persecución, esta política represiva ha generado un daño patrimonial a centenares de familias, muchas de ellas de escasos recursos.
Tras una marcha de más de 8 mil poblanos el 14 de enero hacia la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación federal intervino para que el gobernador accediera a establecer una mesa de diálogo sobre este problema, calificado por organizaciones no gubernamentales como “la peor crisis de violación a los derechos humanos” padecida en Puebla.
En 2014 el encarcelamiento de luchadores sociales y ciudadanos comunes se agudizó, pero esta política represiva caracterizó a la administración morenovallista desde sus inicios.
El primer año de su sexenio –2011– fueron llevados a prisión ocho comerciantes de la Calle 46 Poniente que participaban en una protesta, cuatro defraudados por las cajas de ahorro –quienes bloquearon una calle– y 31 campesinos que reclamaban un predio en Chignahuapan.
En 2012 fueron detenidos 26 habitantes de Francisco Z. Mena que reclamaban a Pemex reparar un camino, además de que 60 jóvenes del movimiento #YoSoy132, quienes mantenían un campamento en el Zócalo poblano, fueron llevados a los separos municipales.
De igual forma, desde mayo de 2013 tres jóvenes están sujetos a proceso judicial luego de que dieran like a una invitación en la red social de Facebook para protestar contra el presidente Enrique Peña Nieto durante los festejos del 5 de Mayo. En julio de ese año, el gobierno encarceló a 14 personas que se inconformaron por la introducción del Metrobús.
En octubre fue apresado el luchador social Delfino Flores Melga durante el desalojo de la colonia Xilotzoni. El 26 de junio de 2014, el dirigente de colonos murió dentro del penal, luego de que se le negara el derecho a prisión domiciliaria que le correspondía por su edad, 90 años.
El año pasado se contaron al menos 75 personas detenidas y sujetas a proceso judicial –45 de ellas permanecen en prisión– tras participar en movilizaciones o luchas sociales. Además se emitieron decenas de órdenes de aprehensión que obligaron a otros ciudadanos a ocultarse o a limitar sus actividades.
En febrero de este año 20 pobladores de San Juan Amecac, municipio de Atzitzihuacán, fueron detenidos cuando regresaban de participar en una mesa de negociación para resolver un conflicto poselectoral.
Otro caso: 14 conductores de mototaxis fueron encarcelados en Coronango, Xoxtla y Acatzingo por protestar contra los violentos operativos del gobierno poblano para decomisar este tipo de unidades.
Entre el 6 y el 9 de abril fueron detenidos, en la comisaria de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas y el activista Juan Carlos Flores Solís, opositores al Gasoducto Morelos, así como Abraham Cordero, líder de la lucha contra el Libramiento Arco Poniente.
Cordero y Flores Solís salieron del penal tras ganar una serie de amparos, pero la campesina Enedina Rosas aún está en prisión domiciliaria por el supuesto robo de dos celulares, aunque quienes la acusan no se han presentado a declarar en los 10 meses que lleva su proceso.
Ya con la llamada “Ley Bala” aprobada, el 27 de mayo fueron apresados con violencia cuatro pobladores de Ajalpan, quienes realizaban una protesta en el ayuntamiento.
El 21 de junio granaderos detuvieron a ocho habitantes de Cacalotepec, inconformes con el Metrobús.
Mientras, el 1 de julio la policía estatal reprimió y encarceló a ocho habitantes de Tehuacán que bloquearon oficinas para protestar contra las reformas legislativas que dejaron a las juntas auxiliares sin servicios de registro civil, sin jueces de paz, policías ni Ministerio Público.
Esta misma causa originó que el 9 de julio distintas comunidades organizaran manifestaciones, entre ellas una en San Bernardino Chalchihuapan, cuyos habitantes fueron desalojados por granaderos que hirieron de muerte al niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Cuatro habitantes de esa comunidad fueron acusados por el asesinato del niño, aunque luego la defensa demostró que habían sido detenidos antes de ocurrido el homicidio. Siguen sujetos a proceso por ataque a las vías de comunicación.
Tras la represión en Chalchihuapan, el 11 de septiembre la CNDH emitió una recomendación en la cual le pidió al gobernador “instaurar una estrategia para la atención de demandas sociales (…) que considere la solución pacífica de los conflictos y se abstenga de criminalizar la protesta social”. Las organizaciones políticas y sociales esperaban un cambio, pero no fue así.
Cholula y Chalchihuapan
El 6 de octubre, integrantes del Movimiento por una Cholula Viva y Digna participaron en la toma simbólica de la alcaldía de San Andrés Cholula. Exigieron que se cancelara el proyecto de construir un parque turístico en terrenos aledaños a la pirámide y al templo de la Virgen de los Remedios, que desde tiempos prehispánicos son considerados sagrados por los cholultecas.
Luego de que ninguna autoridad se presentara a escucharlos, los manifestantes bloquearon el Periférico, hasta que funcionarios municipales y estatales establecieron una mesa de diálogo.
Aunque las pláticas estaban abiertas, los granaderos llegaron la madrugada del 7 de octubre, agredieron a las mujeres que hacían guardia en la plaza y se llevaron detenidos a cuatro líderes del movimiento: Adán Xicale, mayordomo (autoridad religiosa) de San Juan Aquiahuac; a su hijo Paul, y a los fiscales religiosos de Santa María Cuaco, Albino y Primo Tlachi.
Xicale es el abogado que interpuso amparos colectivos firmados por los 800 ciudadanos que repudian la afectación cultural de construir ahí un parque con fines comerciales.
La autoridad, empero, giró órdenes de aprehensión contra otros 10 participantes del movimiento; entre ellos Paola de la Concha Zindel, pese a que mostró boletos de avión y pasaporte de un viaje a Estados Unidos que hizo justo esos días.
La madrugada del 18 de octubre, con el argumento de que atendía la recomendación emitida por la CNDH, el gobierno poblano envió un comando de policías que allanaron casas y golpearon a mujeres, ancianos y niños de la comunidad de Chalchihuapan.
Detuvieron a cinco de ellos, a quienes acusan de intento de homicidio, motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia.
Juntas auxiliares y 28 de octubre
El 17 de octubre, policías ministeriales detuvieron al edil auxiliar de la comunidad náhuatl La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, quien había interpuesto un amparo contra la reforma que promovió Moreno Valle para centralizar el Registro Civil.
Igualmente, el 4 de noviembre policías ministeriales detuvieron a Raúl Pérez Velázquez, edil de la junta auxiliar San Miguel Canoa, otro de los opositores a la reforma morenovallista.
El abogado Hilario Gallegos asegura que el gobierno fabricó delito tras delito contra los ediles, para evitar que salieran libres apenas lograran obtener un amparo.
Javier Montes Bautista, edil auxiliar de Chalchihuapan, fue capturado el 21 de noviembre, acusado de golpear policías en la trifulca del 9 de julio.
Mientras los seis policías aprehendidos por la muerte del niño Tehuatlie Tamayo obtuvieron su libertad desde la noche de Navidad, a Montes lo recluyeron en la crujía de “presos de alta peligrosidad”.
Rubén Sarabia Sánchez, conocido como Simitrio, líder moral de la agrupación de vendedores ambulantes 28 de Octubre, fue aprehendido el 19 de diciembre, y cuatro días después, su hijo Rubén Sarabia Reyna.
A Simitrio lo acusan de violar su libertad condicional; a su hijo lo apresaron por supuesto narcomenudeo. Sin embargo, esta acción es atribuida a que la 28 de Octubre constituye el contingente más numeroso en las marchas que reclaman un alto a las políticas represivas de Moreno Valle.
Ya en prisión, al luchador social le notificaron la reapertura de procesos penales que lo mantendrían privado de su libertad 50 años. Esto ocurrió el mismo día que el gobierno estatal y el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla iniciaron “pláticas”.
Y el 19 de enero de este año, tras reprimir una manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla contra el presidente Peña Nieto y Moreno Valle, granaderos detuvieron a tres jóvenes. Los retuvieron más de cinco horas y después los liberaron sin cargos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
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