A la cabeza de estas mafias están viejos conocidos entre ellos los líderes de los partidos: Los Chuchos en el PRD; los “niños verdes” en el PVEM, los maderistas y calderonistas en el PAN, los mexiquenses en el PRI, los elbistas en el PANAL, los pejistas en Morena y entre todos estos también algunos gobernadores y exgobernadores que, como virreyes, quieren ampliar sus feudos, como el veracruzano Javier Duarte, el poblano Rafael Moreno Valle, el guerrerense Ángel Aguirre y el sonorense Guillermo Padrés.
Lo importante para estas mafias políticas es mantener las franquicias partidarias las cuales explotan desde hace muchos años ofreciendo productos caducos o inservibles llamados gobernadores, diputados o senadores, delegados y presidentes municipales que atienden sus negocios particulares legales o ilegales.
Ahí están el priista Fausto Vallejo, en Michoacán, o el perredista Ángel Aguirre, acusados de recibir dinero del crimen organizado para dejarlos operar con toda impunidad.
Estos grupos habrán de sacar raja del presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) va a darles este año y cuya bolsa asciende a 5 mil 300 millones de pesos, el grueso de los cuales se irán a gastos de campaña.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguro que se haría un seguimiento estricto del uso de estos recursos pero apenas el lunes pasado decidieron cancelar el contrato que tenían con Scyt, empresa líder mundial en voto seguro por internet y tecnología de modernización electoral con sede en Barcelona, que al enterarse consideró que hay personas que no están interesadas en que el instituto se dote de un sistema transparente, independiente y seguro de fiscalización de partidos que cumpla con la ley.
Con el dinero en los bolsillos para gastarlo con débiles y opacas medidas de fiscalización, los grupos políticos tendrán un gran margen de maniobrabilidad para usar el dinero público en campañas onerosas creando un mundo de propuestas que más tarde serán echadas a la basura pues lo importante para ellos es posicionarse en los distintos puestos de elección sin tomar en cuenta a electorado.
El caso más reciente es Enrique Peña Nieto que prometió crecimiento económico, disminución de la violencia, acabar con la corrupción y combatir a fondo al crimen organizado y ninguna de estas promesas ha cumplido.
En la elección presidencial pasada el costo del voto fue de 118 pesos cada uno, en la elección del 2009 fue de 77 pesos y el del 2006 en 39 pesos. Cada elección sube el costo de cada voto y para esta del 2015 lo más probable es que tenga un mayor costo que el de los anteriores.
Frente a este despilfarro de dinero, ante la posibilidad de que intervengan los grupos del crimen organizado y sobre todo, con la desconfianza cada vez más amplia de la ciudadanía en los partidos políticos convertidos en mafias, los procesos electorales en México tiene desde antes de que arranquen un descrédito profundo que pone en tela de juicio su realización y ahonda la zanja que hay entre ciudadanía y la clase política.
Pero eso poco le importará a las mafias político electorales, a estas les importa mantener su registro que significa dinero a toda costa y para ello son capaces de hacer alianzas con sus peores adversarios como el PRD y el PANAL en la ciudad de México o lanzar candidatos de pésima reputación que les haga ganar con el apoyo de algún grupo del crimen organizado bajo la lógica más pura de las mafias: mantener el poder sobre un territorio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
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