“Sin mayor explicación determinó asignar como gastos ordinarios a nivel federal la cantidad dispuesta de los monederos electrónicos con posterioridad a la etapa de campaña electoral sin considerar los gastos que el señalado ente político también erogó para las campañas electorales de esas entidades federativas, por lo que en ese sentido se considera que el ahora Consejo General del Instituto Nacional Electoral de manera fundada y motivada debe señalar el tipo de gasto a que corresponde la diferencia existente entre el monto al que ascendió el gasto para la campaña electoral federal y la cantidad total dispuesta de las tarjetas de prepago, para lo cual deberá tener en consideración los contratos y recibos presentados por el Partido Revolucionario Institucional, en relación a los procesos electorales locales del Distrito Federal y de Jalisco”, expuso el secretario de Estudio y Cuenta, Daniel García Hernández.
Los magistrados avalaron esa instrucción al INE y dieron su punto de vista sobre el tema.
Manuel González Oropeza expuso: “Todos estos gastos que fueron por un monto aproximado hasta de 66 mil 326 millones de pesos aproximadamente, son calificados como gastos de campaña… todos estos gastos se dispersaron en tarjetas… se distribuyeron a las personas de la estructura, como se denomina por el partido, todos aquellos representantes del partido ante las casillas en las labores de capacitación, pero todas al interior del partido… Sin embargo, como bien se dice en la cuenta, posteriormente al día de la jornada electoral la Comisión Bancaria y de Seguros apreció que había siete millones que no se identificaban claramente con los montos aludidos. Y el Instituto Federal Electoral, automáticamente, cargó esos 7 millones a los gastos de campaña federal, pero no encontramos ninguna justificación o explicación de por qué tenía que haberse depositado o cargado hacia la cuenta federal. Por todas estas razones y las que obvio repetir porque ya se dio cuenta de ellas, votaré a favor de este proyecto”.
Constancio Carrasco Daza abundó: “Es muy complejo, lo digo respetuosamente, a partir de un acto jurídico de esta naturaleza que obra en el expediente poder coincidir en que estas cantidades o este flujo de cantidades que se dispersaron a través de las tarjetas de Banca Monex a la estructura del partido político, cómo coincidir a partir de este acervo probatorio, que fueron o revelaban o podía o puede llegar advertirse un acto de naturaleza distinta al mutuo con intereses y prestación de servicios, concretamente que eso constituía un verdadero donativo o una aportación, porque para que así fuera, debería o no podía determinarse si tenemos un acto jurídico como el que se ofreció en su defensa por el Partido Revolucionario Institucional, eso es lo complejo”.
La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa sintetizó el asunto: “Los 7 millones que acredita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se dispusieron del 27 de junio al 4 de julio, es eso lo que está resolviéndose, la autoridad electoral lo que hace con esa cifra es considerarla dentro de los gastos ordinarios del partido político aporta a la autoridad administrativa electoral contratos y recibos de su personal operativo o de operación a nivel nacional, por esos 50 millones, equivalente a 50 millones, y con eso reporta y acredita el gasto de los 50 millones para la operación regional. Pero la autoridad electoral determina que esos 50 millones también corresponden a lo que acredita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de disposición con corte al 27 de junio. Aceptado por todos y no controvertido, queda firme. Está acreditado el gasto de 50 millones para la campaña federal, acreditado con contratos y recibos y también acreditado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la disposición de un monto por los 50 millones que se asume que es para la campaña federal…
“¿Qué nos está proponiendo el Magistrado Carrasco y con lo que estoy absolutamente de acuerdo? Instituto Federal Electoral, los 7 millones que tú consideraste ordinarios, en gastos ordinarios y federales, que para mí es un error lo que hizo el Instituto Federal Electoral, para mí es una equivocación que hay que corregir del Instituto Federal Electoral, no tenía por qué ni ponerlos ordinario, sino en campaña, y si ya está acreditado y aceptado que de los 66 millones, 50 fueron para la federal y los 50 millones que se dispusieron en Monex, luego entonces el Instituto Federal Electoral tendrá que corregir y decir que esos 7 millones no son ni de la campaña federal ni gastos, son de campaña, no son ordinarios, pero no son de la campaña federal porque ya los 50 millones que acreditó el partido y que aceptó la autoridad están firmes”.
Por su parte, el magistrado Flavio Galván Rivera abundó: “La autoridad tuvo por comprobado que el Partido Revolucionario Institucional celebró contratos que ascienden a un total de 50 millones 18 mil 300 pesos, y tuvo a la vista, están en los anexos de los expedientes 32 contratos de prestación de servicios celebrados entre las personas que fungieron como enlaces estatales y que ello fue por un importe de 6 millones 080 mil pesos en el orden federal.
“Por lo que hace a los coordinadores territoriales el partido presentó 11 contratos por un monto de 6 millones 234 mil 400 pesos y 156 contratos de enlaces distritales por un valor de 6 millones 363 mil 900 pesos.
“Por otra parte, presentó 7 mil 184 contratos de representantes generales por un importe de 31 millones 340 mil pesos, que hacen un total de 50 millones 18 mil 300 pesos para la elección federal.
“Por cuanto hace a la elección local se aportó también como elemento probatorio 12 mil 855 contratos con personas que fungieron como representantes de casilla en el procedimiento electoral local en el Distrito Federal, lo cual ascendió a un monto de 7 millones 713 mil pesos.
“Por otra parte, se presentaron 1 mil 038 contratos celebrados con personas que fungieron como representantes generales en el proceso electoral local también del Distrito Federal que ascendió a la cantidad de 2 millones 595 mil pesos, y mil contratos de representantes generales para el proceso electoral local en el estado de Jalisco por un total de seis millones de pesos, lo que hace una cantidad total de 16 millones 308 mil, que sumados a los otros 50 millones dan el total de la cantidad mutuada.
“Esto demuestra de manera fehaciente que el dinero recibido en mutuo se utilizó para pagar los servicios personales de lo que el partido político denomina “su estructura” para la jornada electoral y la etapa de campaña electoral.
“Si esto fue dispuesto a través de tarjetas que se usaron de manera indistinta, no hubo o cuando menos no está acreditado en autos, una clasificación de tarjetas para el gasto federal y tarjetas para el gasto local, son indistintas, es difícil saber exactamente cuánto fue dispuesto para la campaña federal y cuánto para la campaña local en el Distrito Federal, y cuánto para la campaña en el estado de Jalisco.
“Sin embargo, haciendo el total de operaciones para saber de cuánto se dispuso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una investigación que hizo esta institución nos lleva a la conclusión de que al 27 de junio de 2012, fecha en que concluyó la campaña electoral, se habían dispuesto, de los 66 millones, 50 millones 508 mil 891.
“Y ante la continuación de la revisión de la disposición de esos 66 millones, al 4 de julio de 2012 se advirtió un incremento de 6 millones 809 mil 718, para hacer un monto total de 57 millones 318 mil 609″, precisó.
A su vez, Pedro Esteban Penagos López matizó el tema: “El problema de cómo determinar en qué se gastó la diferencia de los 6 millones de pesos… hay que solamente determinar en qué se aplicó ese remanente de 6 millones 809 mil 718 pesos. Para mí todo está debidamente aclarado, determinado, como mencioné con anterioridad, no se demuestra en el expediente no queda demostrado la coacción o compra de votos, el contrato de mutuo es legal, el gasto está reconocido por el Partido Revolucionario Institucional y no hay otro tipo de financiamiento, desde luego, paralelo al que está reconocido”.
El magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos precisó que el INE “debe de reclasificar y emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que determine cuál fue el origen y cuál fue el destino de estos 6 millones 800 mil pesos. Esto es la única obligación que se le impone al instituto hoy INE”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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