Con una reunión privada entre expertos del comité de Naciones Unidas y miembros de Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil dio inicio la revisión del informe de México que se extenderá hasta el día de mañana.
En la reunión además de miembros de la sociedad civil estaban presentes algunos de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional (AI), que acompañan a familiares de los estudiantes desaparecidos, afirmaron que el estado mexicano es incapaz de erradicar la desaparición forzada en el país.
El caso “muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada, que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”, dice el documento de las ONG entregado al Comité de la ONU.
El documento solicita “un fuerte pronunciamiento para condenar las desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso”.
“Las investigaciones empezaron con ocho días de retraso” y “la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada”, dice la petición.
“Ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones” intervino en el caso, agrega.
En las acusaciones solo figuran los delitos de secuestro y crimen organizado, y no el de desaparición forzada, subrayaron estos organismos.
Además deploraron que la fiscalía mexicana haya cerrado el caso sin que sus conclusiones sean avaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, de renombre internacional, y que tampoco esperara conocer los resultados de la misión del panel de cinco expertos de Chile, Colombia, Guatemala y España, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano competente de la OEA, requerido por el gobierno de México y la sociedad civil.
El gobierno mexicano reconoce retos
En la sesión, el gobierno de México reconoció retos que debe superar en la materia y pidió un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos.
“México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”, dijo el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.
“Nuestra presencia hoy ante ustedes deriva de la obligación de rendir cuentas acerca del estado que guarda el cumplimiento de la Convención”, subrayó.
Gómez Robledo observó que esta sustentación “ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia”.
De las 27 personas que integran la delegación destaca la asistencia de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón.
Reunido en Ginebra, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas evaluará la situación de México en esta materia siendo la primera vez que el Comité considere el caso mexicano.
México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención y por tanto está obligado a presentar un informe para revisión del Comité.
Compuesto por diez expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades, el Comité monitorea la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Cabe destacar que uno de los miembros del Comité es el mexicano Santiago Corcuera. Sin embargo, por cuestiones de reglamentos no podrá participar en la sesión debido a que por ser mexicano, solamente podrá intervenir como observador por ser nacional del país sometido a evaluación.
FUENTE: LA JORNADA/Afp/NOTIMEX.
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