El pleno del órgano de transparencia decidió por unanimidad, revocar la respuesta de la PGR a un particular a quien le indicó que la información está reservada por tratarse de una averiguación previa en trámite, en la que diversas personas y funcionarios públicos han sido consignados y están sujetos a proceso penal.
La PGR, que preside Jesús Murillo Karam, señaló al requirente que existen dos indagatorias por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y los diversos que pudiesen acreditarse pero se negó a proporcionarle la información debido a que la averiguación previa está en trámite.
Sin embargo, la comisionada ponente Areli Cano recordó que la PGR no puede invocar el carácter de reservado cuando se trata violaciones graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
Por su parte, el comisionado Joel Salas refirió que el pasado 27 de enero la PGR dio su informe final en el que señala que en la averiguación previa se investigaron delitos distintos a la desaparición forzada y que aún está pendiente analizar todas las constancias para verificar si es posible imputar este delito.
“De inmediato surgieron denuncias sobre la ausencia de pruebas jurídicas y científicas contundentes, así como que de los padres de familia no fueron informados de las conclusiones reportadas, tal como se había comprometido” la PGR, apuntó el comisionado.
Por ello pidió que toda autoridad involucrada en el caso cumpla con el principio de máxima publicidad y divulgue la información generada.
Salas expresó su confianza en que los legisladores protegerán los avances de más de una década en materia de transparencia y evitarán retrocesos o propuestas en la ley secundaria “que vayan en contra del espíritu de la reforma constitucional”.
En su oportunidad, la comisionada Patricia Kurczyn recordó que el caso Ayotzinapa ha lastimado a la sociedad mexicana y del mundo, por lo que no puede pasar desapercibida una resolución tendiente a revisar este grave problema de violación a los derechos humanos.
El comisionado Oscar Guerra insistió en que esta información debe conocerse y que el acceso a ésta debe ser visto como un derecho humano. Aclaró que el Ifai no pretende invadir ninguna otra competencia en ese ámbito como podría ser el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Creo que no hay invasión de competencias, se habla de la posibilidad de que la comisión en algún momento se viese presionada por este Instituto si nosotros hiciéramos una calificación del acontecimiento en que cayera como de violación grave de derechos humanos, creo que no es, ni tiene que ser el caso”, afirmó.
En tanto, el comisionado Eugenio Monterrey defendió el hecho de que la sociedad pueda observar, protegiendo los datos personales de cualquier investigación, la procuración y la administración de la justicia.
“Ese es el verdadero efecto de aplicar, por parte del organismo garante, esta excepción a la reserva”, explicó.
Tras presentar sus argumentos, los comisionados determinaron revocar la respuesta de la PGR e instruirle a entregar al particular una versión pública de la averiguación solicitada.
En dicha versión se deberán omitir los datos personales de los presuntos responsables, las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados con la indagatoria, así como los nombres de los agentes del Ministerio Público y servidores públicos con funciones operativas.
Los nombres que no podrán ser protegidos son los de aquellos servidores públicos que presuntamente participaron en esos hechos y que ya son públicos, además de que han sido puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional.
La resolución del IFAI se da a dos semanas de que el instituto instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar fotografías y registros tomados a los normalistas por el Ejército mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, así como informes sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes.
El plazo para que la Sedena proporcione dicha información vence el próximo viernes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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