Los inconformes reprocharon la actitud de las autoridades castrenses que decidieron sitiar el poblado vecino de la capital de la entidad, en lugar de realizar un operativo en los municipios vecinos de Mochitlán y Quechultenango para desmantelar la estructura del grupo criminal de Los Ardillos, que dirige la familia del presidente del Congreso local, el diputado local perredista y candidato a legislador federal, Bernardo Ortega Jiménez.
“El problema no es en el corredor Petaquillas-El Ocotito donde opera la policía comunitaria, sino en la ruta que lleva al municipio de Quechultenango, donde la delincuencia se pasea impunemente; ahí es donde se requiere la presencia militar”, expresó uno de los líderes de este movimiento social.
Cerca de las 16:00 horas, los vecinos del lugar reportaron que un convoy de patrullas militares, donde se desplazaba un grupo de fuerzas especiales del Ejército, transitaba sobre el carril sur-norte de la vía federal con dirección a este poblado vecino a la capital de la entidad.
Enseguida, repiquetearon las campanas de la iglesia y los pobladores respondieron al llamado bloqueando el paso a los militares, pues suponen que el despliegue castrense es para desarmar a la policía comunitaria que desde el sábado 31 de enero asumió el control de la seguridad en Petaquillas.
Esta situación provocó minutos de tensión, debido a que los inconformes replegaron al grupo de élite castrense en medio de gritos e insultos en contra del Ejército.
“Así hubieran respondido cuando les llamaban para combatir a los delincuentes”, increpó un grupo de mujeres a los militares.
Luego los dirigentes del movimiento social de Petaquillas entablaron comunicación vía telefónica con el comandante de la 35 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, y le plantearon el retiro de las tropas militares de este poblado y el cese del hostigamiento en contra de la policía comunitaria, pues ya no confían en el Ejército y las corporaciones policiacas porque fueron señalados de estar coludidos con el narco.
Además, exigieron que el Ejército se enfoque en atacar la estructura de la banda de Los Ardillos, señalados como los responsables de la ola de violencia que se vive en este corredor de la región Centro, considerado como estratégico en la geografía del narco en la entidad.
También dijeron a Gámez Segovia que la policía comunitaria, en menos de 36 horas, desmanteló una célula delincuencial que operaba en Petaquillas y decomisó más de 39 kilogramos de mariguana que transportaban en un autobús de transporte público procedente del poblado de Colotlipa, municipio de Quechultenango, y considerado como bastión de la banda de Los Ardillos.
En respuesta, el general de división rechazó la postura de los pobladores y sostuvo que la presencia militar en la zona tiene como objetivo desplegar un operativo de seguridad y evitar la expansión de “gente armada”, en referencia a la guardia comunitaria que opera desde el valle de El Ocotito a la capital de la entidad.
La actitud del jefe militar provocó la molestia de los pobladores, quienes decidieron mantener el bloqueo a la vía federal y retener al grupo de fuerzas especiales del Ejército que, desde las 16:30 horas, se mantiene a la altura del puente vehicular que cruza el río Huacapa, ubicado a 300 metros al sur de la comunidad de Petaquillas.
Los coordinadores de la policía comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) también informaron que en apoyo a la acción de los pobladores de Petaquillas, habitantes de otras comunidades salieron a bloquear la misma vía federal a la altura los de los poblados de Mazatlán, El Ocotito y Tierra Colorada.
Hasta las 20:00 horas, los pobladores mantenían la obstrucción de la carretera y exigían la presencia de autoridades estatales para dialogar y destrabar el conflicto que tiene su origen en la decisión de los habitantes de Petaquillas de confrontar directamente a la delincuencia ante la omisión de las autoridades.
No obstante, los inconformes se mantienen flexibles y permiten el paso de personas de edad avanzada y enfermas para evitar una confrontación con los afectados por el bloqueo.
Paradójicamente, el priista Mario Moreno Arcos, señalado por sus presuntos nexos con el narco y permitir que las bandas delincuenciales operen impunemente, solicitó licencia al cargo de alcalde de Chilpancingo para buscar la candidatura de su partido al gobierno estatal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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