Contemplan posibilidad de que se reserve información, si consideran que afectará la "estabilidad económica" del país.
El pasado 7 de febrero de 2014 se promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, la cual “celebramos todos”, por ser una “reforma de avanzada, positiva, en la cual participamos especialistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y muchos interesados”, retomando los mejores criterios y prácticas internacionales; el Congreso tenía 1 año para promulgar la ley general que haría posibles los beneficios que tiene la reforma, pero no lo ha hecho, señaló Guillermo Noriega, coordinador del Colectivo por la Transparencia en México.
Desde hace unos meses, ciudadanos han trabajado en una iniciativa de ley que ya fue presentada, pero de última hora en el Senado, “los duendes legislativos, tradicionales de nuestro sistema político”, incluyeron 2 artículos “preocupantes”, indicó en entrevista para Noticias MVS primera emisión.
“Uno, que señala que se pudiera sancionar a los integrantes de los organismos garantes, si algún sujeto obligado -es decir, el gobierno, una asociación, sindicato…-, sentía que se le había vulnerado o dañado”, reveló.
La segunda propuesta consiste en “la posibilidad de que los sujetos obligados reservaran información, en caso de que consideraran que su difusión, afectara la estabilidad económica, lo que sea que eso signifique“, indicó.
“Cualquier caso grave, digámoslo así, de corrupción; la casa blanca; algún fraude, tipo Moreirazo… puede ser alegado como una causal de que afecta la estabilidad económica, y la verdad en estos tiempos cualquier cosa, efectivamente, afecta la estabilidad económica, pero no por ello se le va a poder permitir a los gobiernos ocultar información”, sostuvo.
Noriega apuntó, además, que diferentes funcionarios buscan “descafeinar” dicha legislación en materia de transparencia, que ha “sufrido intentos de regresión”.
“Muchos temas preocupan, uno de ellos, es la parte de violaciones graves a los derechos humanos. Ahora se propone que el Ifai no pueda revelar esa información si no ha sido calificado ya como violaciones graves, por un organismo, en este caso pues tendríamos que esperar a que el ombudsman nacional se animara a pronunciarse”, agregó.
Actualmente, la principal manera para negar información es decir “es inexistente lo que me estás pidiendo”. Para evitarlo, en la ley proponen que el sujeto obligado genere la información que le está solicitando, si es que no cuenta con ella.
Estos cambios de último momento, “contrastan muchísimo con el discurso del presidente Enrique Peña Nieto por mayor transparencia, esta una gran oportunidad para él de demostrar… de que efectivamente es real ese compromiso, y no vamos a caer en lo mismo de siempre, de hacer reformas constitucionales hermosas, que a la hora de aterrizar en las legislaciones secundarias, simplemente son inaplicables“.
Paradójicamente, actualmente se está construyendo una ley general de transparencia de todo el país, “con poca transparencia, y eso es sumamente preocupante”, aseveró.
“Para no estar boxeando con sombras… necesitamos que las comisiones legislativas encargadas de dictaminar, saquen un dictamen y lo hagan público, y lo sometan a la discusión pública, y esto está en la cancha del senador Pablo Escudero (PVEM), quien es presidente de la comisión de Anticorrupción y participación ciudadana”, aseguró.
A los legisladores pidió que haya máxima transparencia y “no caigan en la tentación de una legislación que promueva la opacidad, dé pasos atrás”.
Precisó que hasta ahora han detectado cerca de 80 propuestas regresivas, que les preocupan.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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