En entrevista para Aristegui CNN, recordó que presentaron “la solicitud del 15 de diciembre tomando en consideración la información que la señora hizo pública, la subió a su página personal que tiene en internet, en ella aparecía su declaración de impuestos por el año 2010. Con base en esa información y con una investigación que nosotros realizamos en el Registro Público de la Propiedad detectamos que había algunas inconsistencias que sin tener pruebas firmes, nos hacían ver que los datos de la información de la declaración fiscal no eran verdaderos, cabe señalar que la señora goza de la presunción de inocencia de que sus documentos son ciertos, sin embargo había una luz de falsedad, por ello decidimos presentar la solicitud al SAT”.
El abogado expuso que “la señora dice que la televisora le paga los 130 millones de pesos, dividido en dos cantidades, 88 millones de pesos en efectivo y 42 millones de pesos con la casa de Palmas, en al Ciudad de México, el pago que se le hace con la casa se le conoce como una dación en pago” (una forma de extinguir las obligaciones).
Sin embargo, en la “investigación que realizamos en el Registro Público de la Propiedad, de manera inmediata botaron dos cosas: la primera, se habla de una compra venta y no de una dación de pago y segundo, el precio manejado en esa operación de compra venta de la casa de Palmas no fueron los 42 millones de pesos que ella manifiesta, fueron 27 millones de pesos, así de fácil, pudieron haber sido los 42 millones de pesos, sí, pero entonces el precio de la casa estaba subvaluado, era una práctica usual en todo el país subvaluar los bienes para efectos fiscales empezando por los pagos del impuesto local sobre adquisición de bienes inmuebles”.
Sobre el tema, el SAT contestó con “varias cuartillas, pero son paja, lo que resuelven en esencia es que el SAT no tiene por qué respondernos esta petición. Citan varios artículos, está tendenciosa la cita de los artículos que se hace. Nosotros lo queremos ver más natural en su esencia, la única autoridad que tiene la información fiscal de todos los contribuyentes es el SAT”, dijo Pérez de Acha.
Explicó que “su reglamento interno (del SAT) dice que la base de datos de todos los contribuyentes es administrada por el SAT, lo único que queríamos que nos dijeran con base en el artículo ocho constitucional es que si la información contenida en la declaración fiscal de la señora era verdadera o no”.
Por lo que “si ellos son incompetentes, tienen que remitir el expediente y la petición a quien sea competente, todo en aras de que no se quede la petición sin ser atendida y además se presenta una situación añadida que potencia más la especulación, la respuesta que tenía que dar el SAT, si tenía la información de la señora, era muy simple, dos palabras y punto”.
“Nos dicen que carecen de competencias. Están haciendo que hierba la especulación en nosotros, sumado al Registro Público de la Propiedad, porque esto puede interpretarse que el SAT no puede validar la declaración de impuestos de la señora, porque no tiene al información, es decir, la empresa televisora no le hizo el pago de 130 millones de pesos, estamos en la especulación, nada más que de una especulación de banda ancha que teníamos en diciembre, hoy ya podemos decir que es una especulación de banda muy angosta, creo que ese es el tema que se va a discernir en el juicio de amparo que presentaremos en contra de esta resolución”, adelantó.
Respecto al nombramiento de Virgilio Andrade para investigar la adquisición de las propiedades del presidente Enrique Peña Nieto, consideró que “estamos poniendo los bueyes atrás de la carreta. Queremos solucionar el problema de tráfico de influencias, de la corrupción y del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que aparejado de fraude fiscal y de lavado de dinero, es un circuito completo de delitos de funcionarios públicos, a través de reformas constitucionales, de nueva s leyes y ahora de más comisiones. Es como seguir jugándonos el dedo en la boca cuando lo que necesitamos son, ya no discursos, no más discursos de corrupción, necesitamos efectividad en la lucha contra la corrupción”.
Señaló que Andrade “es subordinado del Presidente y se ordena o sugiere la formación de una comisión especial que investigue, a ver si investigan, qué documentos van a manejar y si son fehacientes y completos, y por último, si los van hacer públicos, porque lo que se necesita es transparencia, no necesitamos discursos”.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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