Así lo hizo saber Mogherini a través del director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Roland Schaefer, a un grupo de mexicanos radicados en Bruselas, quienes el 3 de noviembre pasado le enviaron una carta donde solicitaron que la modernización del acuerdo bilateral, cuya fase formal podría iniciar en los próximos meses, sea replanteada por la UE “hasta que la confianza del pueblo de México hacia sus autoridades sea restablecida”.
En su carta, los ciudadanos mexicanos pidieron a Mogherini que condenara los hechos de Iguala y que exigiera al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la intensificación de la búsqueda de los culpables materiales e intelectuales, además de que exhortaron a la UE “a actuar como un verdadero socio estratégico con el pueblo de México, salvaguardando la paz y el respeto a los derechos humanos” en el país.
Schaefer responde en una misiva membretada –en poder de Apro– que “comparte la preocupación sobre el horrible caso de los estudiantes desaparecidos de México, el cual impactó a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional”. Este caso, agrega, “es un testimonio de los grandes desafíos que el gobierno federal mexicano está enfrentando en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad”.
Prosigue: “Dada la gravedad de las circunstancias, les aseguro que la UE está siguiendo el asunto de manera muy estrecha, haciendo uso de todos los instrumentos que dispone”.
Y subraya que la comunidad europea recibe con agrado “los esfuerzos del gobierno mexicano para clarificar este horrible incidente, y que tiene pensado mantener su asistencia con México en áreas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos”.
En sentido opuesto a los reclamos de los peticionarios mexicanos, eurodiputados y organismos defensores de los derechos humanos de México y Europa, Schaefer confirma que ambas partes continúan “explorando opciones para una posible modernización” del acuerdo, la cual, precisa, “podría” contener disposiciones para una “consulta y cooperación más cercana” en el campo de los derechos humanos. El propósito sería, en caso de concretarse tales disposiciones, “ayudar a México a reforzar, en todos los niveles de gobierno, el respeto de sus obligaciones internacionales” en la materia.
El 19 de diciembre último, el eurodiputado verde Josep-María Terricabras también envió una pregunta escrita a Mogherini sobre el caso Ayotzinapa. Después de mencionar que en México “traficantes de drogas, organizaciones del crimen organizado y funcionarios públicos, desde alcaldes hasta policías, actúan normalmente con total impunidad”, el eurodiputado preguntó a la Alta Representante de la UE sobre “las medidas que piensa tomar para obligar al gobierno mexicano a cumplir el derecho internacional con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos en México”.
También preguntó si tiene o no “la intención de cooperar con la Organización de las Naciones Unidas en la creación de una comisión de investigación independiente que arroje luz sobre esta preocupante situación”.
Hasta hoy, en el registro de documentación del Parlamento Europeo no aparece todavía ninguna respuesta de la oficina de Mogherini, quien tampoco se ha manifestado pública y directamente sobre el caso, pese a que así se lo ha solicitado igualmente el grupo de los verdes desde octubre.
Bernabé Abraján e Hilda Legideño, padres de dos normalistas desaparecidos, llegarán hoy a Bruselas provenientes de Ginebra, Suiza, donde asistieron al examen de evaluación de México ante el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas, y a reuniones con miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, así como con los relatores especiales de la ONU contra la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales.
En la capital belga se entrevistarán con diputados del Parlamento Europeo, funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior y con ONG, con lo que darán por concluido su viaje a Europa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL.
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