Según la acusación, los migrantes estaban en la Estación Migratoria Siglo XXI (EM SXXI) en Tapachula a la espera de que se resolvieran administrativa y jurídicamente sus demandas de asilo.
“El Instituto Nacional de Migración (INM) da muestra nuevamente de sus prácticas violatorias de derechos humanos en estos centros, agravado en este caso porque ha recurrido al uso de la violencia para someter a 13 de estas personas y trasladarlas el pasado 16 de enero a otros centros de detención ubicados en Palenque y Comitán, sin previa notificación a ellas ni a sus representantes legales”, dijo el organismo.
Los 13 centroamericanos, agregó, declararon su temor de regresar a sus países por la situación de violencia social y política que en ellos se vive. Por ello solicitaron al Estado mexicano el estatus de refugiados. Sin embargo, la mayoría de las peticiones han sido negadas “sin un debido proceso”.
Además, al haber recurrido a la decisión en la vía administrativa y/o en la judicial han sido privadas indefinidamente de la libertad, tal como permite el artículo 111 de la Ley de Migración de México, dijo Voces Mesoamericanas.
Según el organismo, los 13 migrantes se vieron obligados a exiliarse de sus países de origen, pero al llegar a territorio mexicano fueron detenidos por diversos cuerpos de seguridad y trasladados al centro de detención de Tapachula.
Todos se acogieron al derecho de solicitar asilo para ser reconocidos como refugiados y obtener protección en México, de acuerdo con el Derecho Internacional y la legislación nacional de refugio.
Las solicitudes, en muchos casos denegadas en primera instancia, se encuentran en diversas fases de resolución y en sus procedimientos administrativos y legales son asistidas por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, agregó la asociación.
Dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI los migrantes sufren malas condiciones de vida e higiene. También carecen de una asistencia consular protectora y un debido proceso, mientras viven en el hacinamiento provocado por el reforzamiento de la frontera sur mexicana por el blindaje y militarización generados con el Plan de la Frontera Sur.
Según Voces Mesoamericanas, cuando los 13 migrantes se organizaron al interior del centro para fortalecerse como grupo y sobrevivir a estas condiciones, fueron sacados de sus camas y celdas de manera violenta por agentes del INM y de seguridad privada.
“Algunas personas fueron esposadas y golpeadas sin entregarles sus pertenencias, sin ofrecerles información clara y haciendo uso de la fuerza. Nueve de ellas fueron trasladadas al centro de detención de Comitán y cuatro al de Palenque, distantes respectivamente siete y 14 horas de Tapachula. De este modo, actualmente estas personas se encuentran en centros de detención con peores condiciones que el de Tapachula, hacinadas y con pésima alimentación y atención médica”, denunció.
De acuerdo con testimonios de los afectados, en conversaciones informales con agentes del INM, éstos les dijeron que el traslado fue con la intención de que, alejados de sus asistentes legales, las solicitudes de asilo serían definitivamente denegadas y, por lo tanto, se ejecutarían las órdenes de deportación para regresarlos a la desprotección en sus países de origen.
Incluso, dijeron que con ese movimiento impiden que el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, –quien tiene su representación legal–, pueda seguir con la asesoría y representación en su proceso de asilo.
Las nueve personas trasladadas a Comitán manifestaron a sus abogados que las condiciones de estancia y de trato son deplorables: se encuentran privadas de su libertad y bajo condiciones de extrema insalubridad, con intenso frío, sin cama ni cobijas adecuadas, escasa agua potable y comida deficiente e insuficiente.
Más: la atención médica es prácticamente inexistente y la psicológica, nula. También carecen de información sobre su situación y defensa legal. Incluso, acusaron ser objeto de maltrato verbal, trato discriminatorio, ofensivo y vejatorio.
La asociación civil pidió al INM poner fin de inmediato a la detención de estas personas y que sean puestas en libertad con un oficio de salida que les permita “de manera rápida y efectiva” su regularización en el país.
A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) demandó que se les reconozca la condición de refugiados, de acuerdo con los compromisos adoptados por el Estado mexicano en las Declaraciones de Cartagena y Brasilia. Además, solicitó la aplicación de las correspondientes medidas de protección en correspondencia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
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