No creo que pueda sustentarse, en cambio, que la renuncia del presidente haya sido la “bandera más flameante” del movimiento nacional por la vida de los jóvenes de Ayotzinapa.
Más bien constituyó una consigna que cobra fuerza entre algunos contingentes que participan en las marchas solidarias, la cual no necesariamente se formula como una demanda orgánica de los padres, normalistas y maestros de Guerrero, quienes se han centrado en la aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes, en el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, en la exigencia de investigar a los militares y al entorno político más allá de Iguala y Cocula.
Tampoco puede afirmarse que una demanda generalizada del movimiento surgido en torno a la normal de Ayotzinapa sea no votar. Muchos agrupamientos sociales y comunidades en Guerrero y en el país, eso sí, han decidido instalar gobiernos autónomos que respondan a los intereses de los pueblos.
No puede afirmarse, como lo hace Bartra, que el movimiento en favor de una nueva Constitución está compuesto de “personajes principalmente de la izquierda eclesial”. Quienes asistimos el 5 de febrero a la reunión que echó a andar un proceso en esa dirección pudimos constatar la variedad de organizaciones y personas que participan en el esfuerzo, donde se distinguió la intensa actividad de numerosos jóvenes procedentes de todo el país. Identificarla con una asamblea de un “comité de honorables”, de “personalidades esclarecidas”, de “minorías politizadas”, de “vanguardistas doctrinarios”, es una falta a la verdad. Hubo un presídium conformado por personas conocidas públicamente, pero también por representantes de organizaciones y de numerosos estados de la República. El diagnóstico que se expuso en la reunión sobre el Estado mexicano fue fundado básicamente en la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (enelvolcan.com/ número 34, noviembre-diciembre de 2014), en la que se sostiene la existencia de un desvío de poder que da lugar a un Estado criminal.
Dicho cuestionamiento al Estado y a sus corruptas y desfondadas instituciones es considerado por Bartra una “radicalización discursiva” y, todavía más, señala que éste “cuestionamiento integral” al sistema político mexicano dio un supuesto “respiro a Peña” y un “segundo aire al sistema”. Lo paradójico es que la Constituyente no ha planteado, como tal, una posición de boicot a las elecciones, e incluso ese punto del debate se dejó para que tuviera lugar en marzo.
No obstante, el enojo y regaño que proyecta esa interpretación radica en que el movimiento de padres, estudiantes y eventuales constituyentes, de acuerdo con Bartra, no va en la dirección políticamente correcta para el cambio de régimen: esto es, la combinación de elecciones y movilización social, como ha ocurrido –se afirma– en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, no se hace un análisis de mayor calado para explicar lo realmente acontecido en estos tres casos, esto es, las previas y francas rupturas del sistema político imperante por la irrupción de masivos movimientos indígenas, revoluciones ciudadanas o de naturaleza cívico-militar que desde abajo impusieron nuevas reglas del juego y se trasformaron, con esa fuerza inicial, en poderosas y enraizadas opciones electorales.
Además, no todos los procesos electorales tienen un carácter decisivo. Las elecciones de este año en el México de los crímenes de Estado son elecciones intermedias que evidentemente no traerán un cambio notable en la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales, gubernaturas y otros cargos de elección popular. Tampoco se vislumbra una transformación de la naturaleza autoritaria, clientelar, corrupta y tramposa del sistema electoral mismo, con la coacción de la ciudadanía por patrones y sicarios, la compra del voto con dinero en efectivo, despensas, cemento o tarjetas de prepago, las encuestas que no miden sino norman intenciones de voto, la dictadura mediática que construye y destruye candidatos y que, de paso, se embolsa exorbitantes sumas de dinero; además de las autoridades y tribunales electorales omisos a cumplir con sus obligaciones y cómplices de esas prácticas de corrupción extendida y masiva.
Es verdad que no se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social, incluyendo la electoral, ni al partido como instrumento organizativo al servicio de la trasformación social, siempre y cuando elecciones y partido tengan en los trabajadores y los pueblos su propósito y razón de ser. El fallecido presidente Hugo Chávez participó en los múltiples procesos electorales con abiertas posiciones socialistas, que refrendó en el último periodo 55% del electorado, con 80% de participación ciudadana.
Bartra subraya la falta de coordinación entre movimientos sociales y organizaciones electorales, como si no existiera en México una historia de varias décadas de luchas democráticas que establecieron por la vía del voto “gobiernos de izquierda” en varios estados de la República, incluyendo la capital, los que se corrompieron hasta perder su fisonomía, e incluso sus principios fundacionales, y no se distinguieron precisamente por ser ejemplos de cambio de régimen (Guerrero, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas); la profusión de críticas se hace como si no hubieran tenido lugar singulares procesos ciudadanos en defensa del voto, administrados finalmente por sus dirigentes en función de sus intereses personales, partidarios o de grupo, olvidando, de paso, los más de 600 muertos del PRD, entre las filas de los más pobres, principalmente.
Las izquierdas electorales mexicanas, pese a las traumáticas experiencias de 1988 y 2006, y sin que mediara una autocrítica sobre su actuación en esas coyunturas, no se organizaron ni tampoco organizaron a la sociedad para revertir el fraude que venía preparándose meses antes de las elecciones de 2012; entrampadas en la institucionalidad de la que forman parte, asumieron nuevamente –sin fundamento alguno– actitudes triunfalistas, mientras sus intelectuales, muchos de ellos ahora en Morena, perdieron el sentido de la crítica hacia su candidato a la Presidencia, sus posiciones equívocas en temas fundamentales y el contenido ambivalente de una campaña salvada no del todo por la irrupción juvenil del YoSoy132, que vino a darle una impronta inesperada. Esa izquierda que se alejó de los movimientos sociales importantes, como el de los pueblos indígenas (al que traicionó), o el que se pronuncia contra la renovada guerra sucia, o el que denuncia la abierta injerencia de Estados Unidos en nuestro país, firmó “pactos de civilidad” en 2012, a sabiendas de que los operativos fraudulentos de Peña Nieto estaban en marcha, y actuó durante la campaña muy amorosamente indulgente con grupos empresariales, clericales y con priistas recientemente conversos, entre ellos nada menos que quien en 1988 operó la “caída del sistema”; y otro caso significativo de acomodo fue el de quien fungió como subsecretario de Gobernación y hoy es gobernador de Tabasco.
Que Andrés Manuel López Obrador “lleva 10 años recorriendo el país, dialogando con la gente y creando una organización de ciudadanos”, como dice Bartra, no me queda duda. La pregunta es si esta organización de ciudadanos se ha enraizado en los movimientos populares y de resistencia, aparte de dedicarse a construir estructuras para el nuevo partido político, con sus eventuales prerrogativas económicas nada desdeñables y sus políticos profesionales que van conformando esa estructura partidaria. Si tomamos en cuenta el perfil de algunos precandidatos, como el secretario de Salud del gobierno de Aguirre, o el del empresario que ha militado en partidos de todo color y que en Morelos pretende ser gobernador por Morena, surgen algunas dudas. Según se ha venido conociendo, en otros estados los precandidatos o candidatos de Morena para las elecciones de este año son empresarios o “personalidades”, “gente famosa”, sin ninguna trayectoria de lucha ni relacionados orgánicamente con ningún movimiento social, mientras las plurinominales serán rifadas “para inhibir la ambición de la condición humana”. ¿Es con este tipo de candidaturas y procedimientos fortuitos que se pretende cambiar al mal gobierno y elegir uno bueno? ¿Que se busca crear poder popular abajo? ¿Es realmente Morena partido-movimiento?
Claro que todos quisiéramos para México potentes organizaciones sociales unificadas a organizaciones políticas que se ganen el apoyo masivo en las urnas porque no abandonan la calle; esta combinación que Bartra considera invencible y visionaria, verso y prosa. Desgraciadamente, no es el caso.
Pero el divorcio no provino del movimiento social que ha estado resistiendo, con muchos costos en vidas humanas, presos y desaparecidos, la criminalidad del poder y el embate de las corporaciones, que incluyen ambos al crimen organizado. La responsabilidad del rechazo al régimen de partidos de Estado, cada vez más extendida, recae en quienes no han sabido ganarse la confianza masiva de la ciudadanía a partir de su compromiso con las luchas populares del día a día, y no sólo para las coyunturas electorales, como la que ahora se aproxima.
Sin esperar a salvadores providenciales, los pueblos se organizan y buscan maneras inéditas de lucha y resistencia. Sin comparaciones que extrapolan situaciones, geografías, personajes y condiciones históricas disímiles, me pregunto: ¿Es realmente el dilema en México votar o no votar en este año 2015? No lo creo. Sin embargo, están en todo su derecho quienes quieren organizarse nuevamente por esa vía, y me refiero especialmente a las bases de Morena, siempre y cuando, se espera, sea por el bien del país y por las transformaciones de fondo que México necesita. El tiempo lo dirá.
En lo que sí coincido plenamente con Bartra es en el clamor que ha dado la vuelta al mundo: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS.
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