Entre los pendientes hay algunos atorados en el Senado o con los diputados, pero también están iniciativas o programas que el mismo gobierno no ha presentado. Por ejemplo, la línea de emergencia 911 causó gran impacto y polémica al principio pero meses después es poco lo que se ha dicho.
De acuerdo con Peña Nieto, concretar este plan es vital para que México cambie, pues como el mismo mandatario reconoció, lo hecho hasta hace cuatro meses era insuficiente para revertir las condiciones de violencia y deterioro en varios sitios del país.
“A pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad institucional siguen presentes (…) los hechos de Iguala nos han dejado claro a todos, a sociedad y Gobierno, que aún hay mucho por hacer” dijo el 27 de noviembre.
Menos de 48 horas después de ese discurso legisladores del PRI calificaron como una “prioridad” la aprobación de estas medidas, pero hasta ahora, el balance deja muchos más pendientes que objetivos consumados.
Primera acción: Ley contra la infiltración del crimen en municipios
Estatus: No concretada
El 1 de diciembre de 2014 la Presidencia envió al Senado una propuesta de reformas a la Constitución, que entre otras cosas, darían facultades a la federación para intervenir en los municipios donde se tuvieran “indicios” de una infiltración del crimen organizado. Incluso podría pedirse la destitución misma del alcalde.
La iniciativa sufrió cuestionamientos de la oposición casi inmediatos, sobretodo en vel sentido de que se rompía con el pacto federal y podría ser objeto de abusos.
La reforma está prácticamente congelada en las comisiones de justicia, puntos legislativos y constitucionales de la Cámara Alta, aunque se dijo que en abril será revisada y modificada.
Segunda acción: Redefinir sistemas de competencia
Estatus: No concretada
El presidente planteó establecer nuevas “Leyes de Concurrencia y Competencia” con el objetivo de agilizar la investigación de delitos con independencia del fuero al que pertenecen. Por ejemplo, se propuso que fiscalías locales pudieran indagar casos de delincuencia organizada.
La iniciativa no recibió los cuestionamientos que tuvieron algunas de las otras propuestas de parte de la oposición, pero forma parte del paquete de reformas que está parado en el Senado de la República y por ende, no se ha concretado.
Tercera acción: Creación de Policías estatales únicas
Estatus: No concretada
Peña Nieto propuso eliminar definitivamente las más de mil 800 policías municipales que existen en el país y que la operación y mando se traslade a 32 corporaciones estatales únicas, con el objetivo, según se dijo, de dificultar que permee la corrupción. A las fuerzas de los ayuntamientos se les dejará únicamente labores de vialidad.
Esta propuesta no solo enfrenta la resistencia de los legisladores sino también la oposición de otros sectores. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Alcaldes sostuvo que era peligroso restarle fuerza a los municipios que son la primera línea de contacto con los ciudadanos; investigadores como Javier Oliva de la UNAM o María Eugenia Suárez de INSyDE señalaron que se va en contra de la tendencia internacional a formar cuerpos policiales de proximidad.
La eliminación de las policías municipales forma parte del paquete de reformas que está en el Senado sin avance hasta ahora.
Cuarta acción: Expedición del número único 911
Estatus: No concretada
El presidente argumentó que crear la línea 911 era necesario para establecer un número homologado de emergencia en el país, que además agilice la respuesta de las autoridades y permita recopilar datos. La selección de esa marcación obedece a que es conocida por la mayoría debido a su uso en los Estados Unidos.
La propuesta tuvo impacto casi de inmediato a nivel mediático y fue de lo más comentado y también satirizado en redes sociales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue designado para analizar la viabilidad del proyecto, pero en lo que va de este año no se han dado a conocer avances.
Quinta acción: Clave Única de Identidad
Estatus: No concretada
Que en México exista un documento único que identifique a todos los ciudadanos es una petición que viene desde sexenios pasados. En 2014 activistas como María Elena Morera insistieron al presidente que este tema tenía que sacarse adelante y Peña Nieto lo incluyó en el decálogo de acciones anunciadas.
El 5 de enero la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) firmó un convenio junto con la administración federal para iniciar los trabajos que requiere la adopción de esta clave. Desde ahí no se han conocido de nuevos avances en el tema y no se ha confirmado una fecha específica para que esto se materialice.
Sexta acción: Operativos en Tierra Caliente, Tamaulipas y Jalisco
Estatus: Concretada parcialmente
El presidente anunció a finales de noviembre que el gabinete de seguridad reforzaría los operativos especiales en la región de tierra caliente en Michoacán y Guerrero así como en diversos municipios de Jalisco y Tamaulipas, estados donde las condiciones de inseguridad y violencia se han profundizado.
En la primera semana de diciembre se informó de la nueva fase del despliegue en tierra caliente, pero en lo que respecta a los otros estados no hubo anuncios. La alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar, señaló en febrero pasado que les urgía un mayor apoyo federal debido a la violencia en la zona fronteriza.
Estos cuatro estados fueron también elegidos como los primeros en donde se eliminará de forma definitiva a las policías municipales, pero esto no ha ocurrido.
Séptima acción: Agenda de reformas en justicia cotidiana
Estatus. No concretada
Peña Nieto consideró necesario apuntalar una serie de reformas en lo que denominó “justicia cotidiana” con la finalidad de fortalecer los derechos de los ciudadanos en temas de derecho civil y mercantil y no solo penal. Para ello pidió al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) la elaboración de recomendaciones en la materia en un plazo de 90 días.
En febrero concluyeron los foros que realizó el CIDE sobre estos temas y también el plazo mencionado, pero hasta ahora se desconoce cuál es la propuesta definitiva pues no se ha anunciado. En consecuencia el gobierno tampoco ha presentado las iniciativas de reformas que se requerirán al Congreso.
Octava acción: Leyes y reformas en derechos humanos
Estatus. Concretada parcialmente
El presidente anunció varias iniciativas para apuntalar la protección de los derechos humanos y en especial de las víctimas. La mayoría de ellas eran pendientes que se venían acarreando desde meses atrás, y otras un reclamo de organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
Entre lo anunciado ya se cumplió con el reglamento de la Ley General de Víctimas, el diseño de un fondo para la protección y reparación del daño, y la integración de un consejo consultivo para reformas en derechos humanos.
Pero siguen pendientes temas coyunturales como leyes generales en desaparición forzada y tortura de las que ya hay varias iniciativas no aprobadas, y tampoco existe el sistema nacional de búsqueda o el de información genética. En la Cámara de Diputados hay el compromiso de que antes de que concluya el actual periodo de sesiones se dictaminen estos pendientes.
Novena acción: Puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción
Estatus: no concretada
Peña dio en noviembre su respaldo “total” a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por la oposición, que incluye el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el nacimiento de un tribunal imparcial para sanciones administrativas y de una fiscalía especializada.
Los diputados aprobaron a finales de febrero el dictamen para sacar adelante esta iniciativa sin embargo, el tema se estancó en el Senado donde ya adelantaron que habrá cambios en la minuta. Tampoco se ha designado a un fiscal en la materia, como se pretendía hacer desde diciembre pasado.
Décima acción. Nuevo portal de transparencia
Estatus: no concretada
El presidente anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lanzaría un nuevo portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. El objetivo es que los ciudadanos pudieran conocer en un solo sitio el número y monto de los contratos de cada dependencia o de cada empresa.
El 3 de febrero Virgilio Andrade fue designado al frente de la SFP y prometió investigar a fondo casos como el de la llamada “Casa Blanca” del presidente; pero del portal anunciado el año pasado no se dieron noticias.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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